La conflictividad interna en distintos gremios cordobeses comienza a ser una preocupación para Martín Llaryora, el próximo gobernador de Córdoba. Aunque se trata de disputas de naturaleza distintas, ambas impactarán en la próxima gestión y en el peronismo; y pueden repotenciar otros conflictos, como el latente en el sector salud.

Es el caso de los docentes, gremio en el cual una lista de unidad opositora con origen "trosko" acaba de desplazar al oficiales en el departamento Capital; y, por otro lado, una escalada de violencia entre dos caciques sindicales y jefes del peronismo: Sergio Fitipalidi, líder del síndicato de trabajadores limpieza, con incidencia directa en todo el Estado provincial porque este es un servicio tercerizado, y Franco Saillén, quien comanda el poderoso Surrbac, el sindicato que reúne a los recolectores de residuos, otra rama clave en la gestión municipal.

En el caso de los docentes, la irrupción en la estructura orgánica de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) del dirigente del Polo Obrero Franco Boczkowski encendió las luces de alerta en el esquema de Llaryora, quien proyecta una fuerte reforma educativa para el año que viene.

Boczkowski prometió "independencia absoluta del Gobierno provincial", una crítica directa a la actual conducción de la UEPC, vinculada de manera directa al ministro de Educación, Walter Grahovac, quien llegó a esa cartera tras liderar durante años el gremio y oponerse tenazmente a las gestiones radicales.

Se sabe que Grahovac no continuará en el Gobierno después de diciembre, lo que no estaba en los planes es que la pata troska de la UEPC se quedara con la delegación Capital del gremio docente. En este punto, además de la eventual resistencia a la reforma educativa que propiciaría Llaryora, el temor cerca del próximo gobernador es que la ola pueda extenderse hacia otro sector complejo: salud, donde la Unión de Trabajadores de la Salud podría ampliar su base de representación.

El otro conflicto está más expuesto, y ya interviene la Justicia provincial: el aumento de la violencia entre Fitipaldi, secretario general del sindicato del personal de las empresas de limpieza que trabajan en hospitales, escuelas y todas las dependencias del Estado provincial, y Saillén, jefe político del sindicato de recolectores de residuos. Ambos pusieron sendas estructuras políticas a trabajar en la campaña de Daniel Passerini, el próximo intendente.

Ocurre que Saillén está patrocinando a una lista opositora a Fitipaldi, lo que desencadenó la disputa entre los jefes sindicales. El gremio de los trabajadores de las empresas de limpieza tiene 20 mil afiliados, pero, sobre todo, es vital en el funcionamiento del Estado provincial porque de estas empresas depende la higiene de escuelas y hospitales. Un paro de ese gremio paralizaría al Estado. Entonces, el alineamiento de Limpieza con el gobierno es clave.

El sector de Fitipaldi asegura que Saillén se mete en la interna del gremio vecino gracias a la caja del Surrbac: los recolectores de residuos están entre los mejores pagos de la Provincia: el año pasado cerró una paritaria de 108% y un bono de paz social de 120 mil pesos . Los trabajadores de la limpieza están en el otro extremo. Con ese discurso, Saillen busca penetrar las filas de Fitipaldi.

Según reveló Perfil, la fiscal Patricia García Ramírez ya interviene en una denuncia por una presunta amenaza con armas de fuego que habría realizado la tropa de Fitipaldi contra las huestes de Saillen. También hay una presentación en el Ministerio de Trabajo de un grupo de trabajadores de limpieza que asegura que fueron desafiliados compulsivamente por ser opositores de Fitipaldi. El grupo de este dirigente recuerdan que Mauricio Saillen, el padre de Franco, está imputado por lavado de activos en una causa federal, sospechado de malversar la caja del sindicato y la obra social.