El segundo semestre de la política cordobesa arrancará con la oposición poniendo el foco en las apuestas online que fueron legalizadas en Córdoba en diciembre del 2021 y que, casi dos años más tarde, después de su reglamentación tuvo el ingreso de cuatro jugadores: Betsson, PlayCet, Jugadón y Bplay.

En el medio del receso de invierno, el juecismo decidió avanzar fuerte con la derogación de la ley y puso la pelota en cancha del oficialismo que venía discutiendo en comisión de la Unicameral un proyecto presentado hace varias semanas por el radicalismo. 

No obstante, los legisladores del Frente Cívico aseguran que irán a fondo, perciben que la UCR dentro del interbloque Juntos por el Cambio tendrá una posición más moderada y se va a reeditar así un viejo enfrentamiento del Círculo Rojo en Córdoba: el de Juez con el Grupo Roggio, empresa detrás de la licenciataria PlayCet, la más taquillera en el arranque de las apuestas deportivas en Córdoba hace unos meses.

La posibilidad de que se abra una tensión entre el senador y la firma de Aldo Roggio alimentó el repaso de algunos antecedentes en el vínculo entre ambos. Desde que Juez fue intendente y la polémica por las prórrogas que tuvo el servicio de recolección de residuos a cargo de Cliba, empresa del mismo holding, hasta las críticas que en reiteradas ocasiones el Frente Cívico hizo a Aguas Cordobesas, firma del mismo grupo.

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PlayCet es producto de una sociedad entre Roggio y Miguel Caruso, el zar del juego en Córdoba y un empresario muy vinculado a algunos sectores del radicalismo, fuerza hoy aliada a Juez. Además de las apuestas online, la firma CET también controla la explotación de más de 5.000 tragamonedas en la provincia, rédito que se consiguió en función de los aceitados vínculos con el peronismo a lo largo de este cuarto de siglo.

Hace unos días, la Iglesia salió a jugar fuerte en el debate por las apuestas online y el arzobispo Ángel Rossi dijo en Cadena 3 que con esa ley "Córdoba le salió a poner un casino en la mano a cada pibe". Frase que no cayó bien en el Gobierno provincial, aunque decidieron no salir a responder.

Después de ello, el juecismo dio a conocer durante el fin de semana, y a través de su jefe de bloque Walter Nostrala, el proyecto de derogación de la ley que en diciembre del 2021 marcó un fuerte quiebre de Juez con el PRO. Dado que los legisladores amarillos en la Unicameral, con la suma del radical Orlando Arduh, empujaron la discusión en el recinto y se rompió la relación de Juez con los integrantes del PRO en Córdoba.

Ahora, en pleno receso invernal, la intención de la tropa juecista es oficializar la discusión con una foto la semana próxima de la que también formará parte el senador y a la que quieren convocar a todos los radicales, incluido el diputado nacional Rodrigo de Loredo. Esta invitación asoma como una incomodidad dentro del arco opositor porque Betsson, otra de las licenciatarias, tiene detrás la sociedad entre el empresario entrerriano Daniel Mautone y el expresidente de Boca, Daniel Angelici.

Aldo Roggio.

El extitular xeneize es uno de los que estuvo el año pasado en los festejos por la reelección que consiguió en Río Tercero el radical Marcos Ferrer, aliado de De Loredo, otro de los que dijo presente en esa celebración. Emiliano Yacobitti completó el póker de la alegría radical aquella noche de agosto del 2023.

Ferrer aspira a controlar el partido en la interna que el radicalismo tendrá en septiembre y es quien maneja el bloque de la UCR a la distancia. La jefa del interbloque de Juntos es la radical Alejandra Ferrero, dirigente de línea directa con Ferrer.

Hace unos meses, la legisladora presentó un proyecto para poner algunos límites al juego online como el arrojo de los datos biométricos, para impedir el acceso de niños y adolescentes a las apuestas, y la eliminación de la publicidad. De la iniciativa que está en comisión, con el primer punto hay consenso con el peronismo, no así con el segundo.

Lo que está claro es que ni en el PJ como así tampoco en la UCR observan chances de impulsar la derogación que pretende el juecismo, cuyo proyecto del fin de semana habló de "una violación de los Derechos Humanos" y del "desastre que este negocio millonario causó".

Por más que haya radicales que se muestren alineados con la postura del Frente Cívico, hay otros que reconocen que "se debe ir por lo posible. Y hoy lo posible es poner limitaciones", dijo una fuente del radicalismo a LPO.

En el llaryorismo, en tanto, admiten el OK del gobernador para discutir los límites "a la ley que sancionó la gestión anterior", aclaran y advierten sobre los juicios al Estado provincial que abriría la derogación de una ley con cuatro concesiones otorgadas a 20 años. "Queremos debatir, pero hay que hacerlo sin demagogia", reconocieron desde el bloque oficialista que conduce Miguel Siciliano.

Los críticos de la postura del juecismo objetan que el senador no impulse el proyecto en el Congreso para que se traslade a todas las provincias y se preguntan: "se deroga la ley acá, bárbaro ¿y Juez cree que no van a jugar desde Córdoba con las casas de apuestas online de otras provincias?". Además de sostener que una derogación empuja las apuestas al terreno de la ilegalidad.