La supuesta estafa piramidal que tiene como imputado a Edgar Adhemar Bacchiani -dueño de la financiera Adhemar Capital- derivó en un escándalo judicial que tiene como protagonistas al juez federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, y a la fiscal cordobesa de delitos complejos Valeria Rissi, quien recibió el apoyo de las más altas autoridades de la Justicia cordobesa.

La fiscal Rissi fue quien el 23 de febrero recibió la primera denuncia por la supuesta estafa piramidal que tiene como protagonista al financista catamarqueño Adhemar Bacchiani, quien operaba desde una oficina en el barrio cordobés Cerro de las Rosas. El 9 de marzo, Rissi lo imputó y allanó ese domicilio comercial. Pero dos días después, el juez federal Contreras reclamó su competencia y que le giren el expediente, a lo que la fiscal provincial se negó.

Cuando la fiscal Rissi ordenó la detención de Adhemar Bacchiani, el pasado 19 de este mes, se encontró con maniobras aparentemente dilatorias de parte de la Justicia catamarqueña. En Córdoba, altos funcionarios del Poder Judicial no tienen dudas de que el empresario fue "resguardado" por magistrados de aquella provincia.

Ocurre que cuando la comisión de policías cordobeses llegó a Catamarca para -vía exhorto- detener a Adhemar Bacchiani, se topó con la decisión del Juzgado provincial de Marcelo Hadel Sago de diferir hasta el día siguiente la autorización. En el interín, el juez federal Contreras hizo lugar al pedido de los fiscales federales Vehils Ruiz y Santos Reynoso, por lo que ordenó la detención del financista con efectivos de Gendarmería: "Fue una maniobra para protegerlo", sostienen en la Justicia cordobesa.

La fiscal cordobesa Valeria Rissi investiga la denuncia por supuesta estafa piramidal contra el financista catamarqueño Adhemar Bacchiani, quien operaba desde una oficina en el barrio cordobés Cerro de las Rosas. Cuando intentó detenerlo enfrentó maniobras dilatorias de la justicia de Catamarca.

Cuando los policías cordobeses llegaron al domicilio, Adhemar Bacchiani no estaba, pero sí se encontraron con computadoras y celulares, que fueron secuestrados y llevados a Córdoba, tal como lo disponía la orden de la fiscal Rissi.

Horas después, la fiscal Rissi recibió un llamado del juez federal Contreras, quien le habría reclamado por la investigación de la supuesta estafa piramidal y le solicitaba que le remita lo secuestrado en el allanamiento.

Rissi puso el teléfono en manos libres y convocó a otra funcionaria judicial para que hiciera de testigo respecto de los términos de la conversación. Al finalizar, Rissi se reunió con Héctor David, fiscal General adjunto de la Provincia, ante quien expresó su "sorpresa y estupor" por el llamado del juez federal Contreras y los términos de la conversación.

Según la fiscal cordobesa de Delitos Complejos, el juez federal Contreras trató por todos los medios que dejara sin efectos todas las medidas de coerción, los pedidos de detención, de allanamientos, el secuestro; es definitiva: "que declinara de investigar este caso".

El procurador de Córdoba, Juan Manuel Delgado.

Legislatura Córdoba

David recurrió a su jefe, el procurador Juan Manuel Delgado, ante quien calificó los hechos de "gravedad institucional" y señaló que Contreras y otros funcionarios catamarqueños "atentan contra la investigación" de la fiscal Rissi y "deberían ser encuadrados en posibles delitos federales" y faltas administrativas, por lo que solicitó que denuncie el caso ante el Consejo de la Magistratura. Al mismo tiempo, puso en conocimiento de la situación al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Sebastián López Peña.

Para el número dos del Ministerio Público de Córdoba, la actitud de los jueces catamarqueños debe ser analizada como una "cadena de hechos" que tenía como único interés entorpecer la investigación y favorecer a los imputados.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Sebastián López Peña, remitió al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, una queja contra el juez federal Contreras y los fiscales federales de Catamarca.

En paralelo, Carlos Nayi, el abogado que representa a un importante número de ahorristas presuntamente estafados por Adhemar Bacchiani en su oficina de Córdoba, se presentó ante López Peña, máxima autoridad del Poder Judicial cordobés, y señaló que la actitud del juez federal Contreras "atenta contra el proceso penal" y constituye una "grave intromisión", por lo que reclamó que realice un planteo al Consejo de la Magistratura y evalúe llevar el caso al fuero penal.

En este marco, Lópéz Peña, remitió a Horacio Rosatti, en su rol de presidente del Consejo de la Magistratura, y al procurador Eduardo Casal el planteo en contra del juez federal y los fiscales federales de Catamarca.

La sospecha en los pasillos de la Justicia cordobesa es que funcionarios judiciales de Catamarca "podrían haber invertido" con Adhemar Bacchiani, quien ofrecía una rentabilidad desmesurada en dólares. Creen que podría haber indicios en ese sentido en los elementos secuestrados en Catamarca y que los efectivos de Gendarmería dejaron en el domicilio del financista cuando lo detuvieron.

Los jueces Sebastián López Peña y Horacio Rosatti.