El futuro polÃtico de MartÃn Gill, actual ministro de Cooperativas de MartÃn Llaryora, es incierto a raÃz de dos causas que lo dejan expuesto con dos temas hÃper sensibles: la violencia de género y la corrupción kirchnerista.
Gill está imputado por lesiones leves en perjuicio de una expareja y el juez Julián Ercolini lo reclama por una vieja causa vinculada al desvÃo de fondos universitarios para los programas de televisión 6, 7, 8 y Duro de Domar.
El eje de esa investigación, que estuvo cajoneada durante años, en una sospecha de triangulación de fondos de la SecretarÃa de PolÃticas Universitarias de la Nación a favor de los programas de propaganda K. Gill fue titular de esa dependencia desde 2012 y hasta que asumió como diputado nacional al año siguiente.
La causa se inició en noviembre de 2017 tras la presentación del abogado denunciador serial contra los K Santiago Dupuy de Lome, quien abrió un expediente en el que expuso una supuesta triangulación de fondos universitarios vÃa la Universidad de San MartÃn hacia la productora de los dos programas mencionados. Los hechos que se investigan habrÃan ocurrido varios años antes, entre 2010 y 2014.
El mascarón de esa triangulación -siempre según la denuncia- habrÃa sido el programa PASCAL, desarrollado por la Universidad San MartÃn, un sistema para medir el comportamiento social a través de los consumos de medios masivos. Era la época de los fuertes embates del kirchnerismo contra los "medios hegemónicos".
Gill no es el único apuntado en esa causa. En diciembre de 2020, el fiscal Carlos RÃvolo solicitó la indagatoria de tres exsecretarios de PolÃticas Universitarias: Alberto Dissern, Aldo Caballero y Gill. El juez Julián Ercoloni enfrió el expediente y solicitó nuevas medidas. Ahora parece haberla reactivado con el llamado a indagatoria.
Además. Ercolini le pidió a Gill que designe un abogado con matrÃcula en la ciudad de Buenos Aires. Su letrado de confianza y mano derecha en la gestión, Eduardo RodrÃguez, no puede representarlo.
En los tribunales de Córdoba Gill tiene una causa elevada a juicio por la fiscal de Villa MarÃa, Juliana Companys, para quien hay elementos que sostienen la acusación por lesiones leves sufridas por una mujer de 39 años que fue pareja del ex intendente de Villa MarÃa y del ex secretario de Obra Pública de la Nación. El pedido de la fiscal debe ser confirmado por la jueza de Control Soledad Dottor, quien tiene el expediente desde fines de marzo.
Gill apeló la elevación a juicio, y su abogado RodrÃguez adelantó en marzo que la estrategia era agotar todas las vÃas recursivas, sin descartar llegar a la instancia del Tribunal Superior de Justicia. "Por desconocimiento o mala intención, para algunos la elevación a juicio es una condena", dijo RodrÃguez al rechazar los cuestionamientos polÃticos sobre el actual ministro.
Sobre este punto, el próximo miércoles 21 un sector de la oposición intentará dar inicio a un juicio polÃtico para remover a Gill del cargo. El pedido fue presentado por el legislador Gregorio Hernández Maqueda, un ex lilito que ahora coquetea con los libertarios.
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El poroteo para iniciar el juicio polÃtico contra Gill arranca con 11 votos (se suman a él los juecistas y tres bloques unipersonales). Para que prospere lo deben acompañar sus exsocios radicales y del PRO. Por ahora, los legisladores del conglomerado UCR-PRO se inclinarÃan sólo por una declaración de repudio a la permanencia de Gill en el gabinete.
Hasta antes de que se conociera la investigación de Ercolini que tiene a Gill en la mira, Llaryora se inclinaba por sostener a su ministro, al menos hasta que haya una condena en el caso de lesiones leves. Pero en el entorno del gobernador analizan que "una sospecha por negocios con los K" puede tener un correlato en el electorado cordobés, refractario al kirchnerismo.
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