La Policía de Córdoba detuvo este jueves a Fernando Albareda, reconocido militante de Hijos Córdoba, a quien el fiscal Juan Pablo Klinger acusa por el homicidio de su madre, Susana Montoya, asesinada a golpes el 1° de agosto en su casa en el barrio Ampliación Poeta Lugones, de la capital cordobesa.

De la investigación se desprende que el homicidio de Montoya ocurrió en el marco de una discusión por la indemnización que la familia iba a cobrar en los próximos días por la desaparición de Ricardo Albareda, un subcomisario que militaba en el PRT-ERP y que logró infiltrarse en las más altas esferas de la policía provincial, hasta ser descubierto en 1979, secuestrado, torturado y aún hoy desaparecido.

El fiscal encontró pruebas contundentes contra el hombre que durante años fue una figura emblemática para los derechos humanos en Córdoba.

El caso por las torturas, muerte y desaparición de Ricardo Albareda fue reconocido por la propia Policía de Córdoba como de lesa humanidad; y en mayo de este año el Ministerio de Seguridad le reconoció al policía desaparecido el grado de comisario y generó la indemnización que sería el móvil del crimen de la mujer.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal anticiparon que los elementos de la investigación son contundentes en contra de Albareda. Además, se determinó que las amenazas que se encontraron en la casa de la mujer asesinada tienen el mismo grafismo que unas anteriores que el propio Albareda había denunciado en diciembre. La similitud de los rasgos en ambos mensajes fue determinada por la Policía Judicial.

La mujer fue asesinada entre el jueves y el viernes de la semana pasada. El ahora detenido Fernando Albareda dio aviso a la Policía el viernes a última hora de la tarde. En ese momento, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, suspendió una gira a Estados Unidos que comenzaba esa misma noche, con un vuelo vía Panamá. Quinteros convocó a la plana mayor de la Policía a la escena del crimen.

Alaberda sostuvo en ese momento que el asesinato era parte de la "venganza" de sectores de la Policía ante el inminente cobro por parte de su madre de la indemnización de 38 millones de pesos (el propio Albareda es el otro beneficiario, por un monto similar). Dijo que había familiares de los policías condenados que seguían en la Policía y, sin nombrarlos, intentó direccionar hacia allí las sospechas.

En los organismos de derechos humanos había conmoción por el cinematográfico giro del crimen de la mujer. Albareda, en los últimos días habían exigido el esclarecimiento del crimen.