Hay una incipiente rebelión de los productores de Córdoba en rechazo al aumento del impuesto inmobiliario rural dispuesto por Martín Llaryora, suba que según los ruralistas supera el 200 por ciento. La cara más potente de la queja fue la asamblea que se reunión en la Sociedad Rural de Río Cuarto, donde no sólo se escucharon las voces de los productores, sino que fue copada por Rodrigo de Loredo y los legisladores radicales, que hicieron del "impuestazo" la principal bandera contra el Gobierno provincial.

Rodeado de legisladores de su partido, Rodrigo de Loredo dijo que la suba del inmobiliario rural fue "fenomenal" y "confiscatorio" y aseguró que insistirá en la Legislatura cordobesa con una ley para que se suspenda el incremento. Si el radicalismo logra que el proyecto de ley baje al recinto, el peronismo podría pasar de largo: la oposición está en condiciones de reunir una mayoría porque se descuenta que el lbertario Agustín Spaccesi votaría una quita impositiva.

Envalentonado, De Loredo cruzó a Llaryora por las retenciones. Mientras que el gobernador -siguiendo lo acuñado por Schiaretti- reclama "la eliminación de las malditas retenciones", De Loredo lo cruzó: "Menos mal que el ministro Caputo bajó las retenciones. Es fácil patalear para que los otros bajen impuestos y cuando eso pasa, aprovechar para subir los propios".

Para colmo, Heraldo Moyetta, presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, sembró dudas sobre el destino de la recaudación, un planteo inédito por parte de este sector a un gobierno peronista. "Ellos dicen que no queremos entender cómo es el cálculo y nosotros decimos que son ellos quienes no entienden", arrancó el ruralista en esa asamblea. "Necesitamos un impuesto justo, claro y previsible", arengó.

La queja es un tiro al corazón de la narrativa del cordobesismo, que tejió con el campo una sólida alianza los primeros años de gobierno, a principio de siglo. En el schiarettismo, la rebelión del campo sumó ruido a la relación con los llaryoristas: no logran comprender el error de cálculo político y tampoco la fórmula de cálculo impositivo. "No se entiende qué hicieron; ni desde lo impositivo ni desde lo político", se quejó un exfuncionario provincial que manejó sin sobresaltos durante años la relación con el campo.

Hay algunos productores que están realmente en pie de guerra: en la asamblea, uno pidió "unir de una vez a todos para poder pelear frente a estas cosas; si no, nos va a pasar por arriba una vez más".

Tuvo que poner la cara el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, y no Guillermo Acosta, el economista llaryorista que comanda Finanzas. Busso debió recordar que el 98 por ciento de lo recaudado por el inmobiliario rural se destina a obras en el campo, sobre todo al mantenimiento de los miles de kilómetros de caminos internos. Dijo que de acuerdo con la inflación mayorista del sector la suba debió promediar 189 por ciento, pero el Gobierno provincial dispuso como tope el 172,5 por ciento y diferir un año la diferencia. Sin embargo, con los cedulones en la mano, los productores advierten que hay subas muy superiores. En cualquier caso, piden que el tope sea el de la inflación 2024: 117,8 por ciento.