Los intendentes cordobeses se pusieron espalda contra espalda para enfrentar la intentona del Banco Nación de no pagar las tasas municipales de Comercio e Industria, situación que en caso de concretarse, dicen, condenaría a los gobiernos locales a "dejar de prestar los servicios y abandonar a su suerte a miles de vecinos".

El tema tiene alta complejidad porque el Nación denunció la inconstitucionalidad de la histórica tasa y llevó el conflicto a la sede de Tribunales Federales. Aunque las demandas son individuales, los intendentes están actuando en bloque porque entienden que hay "una intención de desfinanciar a los municipios". Pero la preocupación se extiende más allá del Nación porque los intendentes temen un efecto contagio en el resto del sistema.

En Río Cuarto, segunda ciudad de la provincia, entienden que si el Nación "deja de contribuir con la ciudad que le presta servicios" implicaría un impacto global del 14 por ciento de su presupuesto. "Está en discusión la subsistencia del Estado municipal como lo conocemos, con los servicios que presta", dice a LPO Ricardo Muñoz, el subsecretario de Legal y Técnica del municipio que comanda el peronista Guillermo de Rivas.

"Está en juego la defensa de los recursos de los vecinos y sus derechos. Si el Nación deja de pagar Comercio e Industria y hay un efecto similar en el resto de la banca, el municipio no podrá prestar los servicios de seguridad, salud y alimentos", dice Muñoz.

Está en discusión la subsistencia del Estado municipal como lo conocemos, con los servicios que presta

La tasa de Comercio e Industria está atada a la actividad económica. De acuerdo con los números del municipio, por el parate de la economía el aporte del Nación se desplomó este año: pasó de 450 millones de pesos mensuales en 2024 a 150 millones por mes en lo que va de éste.

El Nación, por su parte, asegura que el pago de la tasa afecta su operación y que si no se la quita, cerrará sus sucursales en aquellas localidades. "No tomamos como cierta la posibilidad de que el Nación cierre su sucursal; es una extorsión", dice Muñoz, y argumenta que el banco "jamás pagó bajo protesto", situación que a su modo de ver sienta un precedente.

El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer.

LPOSebastián Salguero

Los más de 20 intendentes están siendo convocados a la sede de los Tribunales Federales de Córdoba a audiencias de conciliación. En paralelo, los jefes comunales mantienen el tema en el tope de la agenda de la Mesa Provincia Municipios, el foro de diálogo que coordina Manuel Calvo, el ministro de Gobierno.

Marcos Ferrer, el intendente de Río Tercero y presidente del radicalismo provincial, también chocó de frente al Nación: "Sus autoridades exponen argumentos falaces y burdos: ¿cómo puede ser que una tasa de 4% por la prestación de servicios concretos impacte más que el IVA y todos los impuestos nacionales?", cuestiona.

Sus autoridades exponen argumentos falaces y burdos: ¿cómo puede ser que una tasa de 4% por la prestación de servicios concretos impacte más que el IVA y todos los impuestos nacionales?

"Se trata de una extorsión repentina que avanza contra los municipios y que tendrá graves consecuencias sociales si los jueces la convalidan porque implicará el cierre de hospitales, programas sociales y la Guardia Urbana", dice Ferrer, enviando un mensaje a la Cámara Federal de Apelaciones,

donde se discute el planteo de inconstitucionalidad que hizo el Nación respecto de Comercio e Industria.