El escándalo de las fotomultas que detonó a finales del año pasado y que eyectó a Jorge D'Onofrio del Ministerio de Transporte bonaerense, tiene sus ramificaciones en distintos puntos del Conurbano.

En San Isidro, frente a la falta de información relevante sobre el funcionamiento del sistema, regido bajo convenios realizados por Gustavo Posse, la gestión de Ramón Lanús suspendió por 180 días el sistema de fotomultas.

La medida se tomó al encontrar inconsistencias en la ejecución de los convenios firmados en 2020 y 2022 con universidades públicas, que tercerizarían funciones y responsabilidades en empresas privadas.

Según pudo saber LPO, en el municipio existen sospechas de un entramado de recaudación en beneficio de terceros, a partir de una llamativa ausencia de constancias documentales sobre todo el proceso que involucra a las fotomultas en el distrito.

Por eso, el decreto firmado por Lanús intima a la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM) y la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz (UNSO), que suscribieron convenios por fotomultas con Posse, respondan en dos semanas una serie de requerimientos para clarificar "ambigüedades y contradicciones presentadas hasta el momento".

 Sin sistematizarse la información, no solo no se encontraron reportes, actas de trabajo e información relativa a los expedientes, sino que tampoco había documentación relacionada con la facturación del servicio ni un análisis de costos  

Entre esas irregularidades, aparece la falta de precisión sobre el rol de terceros que supuestamente tienen a su cargo parte del proceso y un desconocimiento del marco jurídico aplicable al sistema.

El foco se pone en el caso de la UNSO es particular. "No tenía alumnos pero ya tenía fotomultas", señalan cerca de la comuna para focalizar en la baja matrícula de esa universidad que, sospechan voces del distrito, se habría convertido en una caja política del possismo.

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Al asumir en diciembre de 2023, la actual gestión detectó un "sistema opaco y con inconsistencias". Concretamente, denunciaron la inexistencia de listados que detallen todos los equipos de fotomultas instalados en el Municipio, además de una ausencia total de procedimientos escritos.

Sin sistematizarse la información, no solo no se encontraron reportes, actas de trabajo e información relativa a los expedientes, sino que tampoco había documentación relacionada con la facturación del servicio ni un análisis de costos que establece la distribución entre Universidades y Municipio, lo que cual lo hacía totalmente arbitrario.

 Durante el período de suspensión de fotomultas, el municipio hará operativos a cargo del cuerpo de Agentes de Tránsito.

En ese panorama, las sospechas recalan en Andrés Román Vásquez, encargado de la ejecución de este sistema durante la gestión possista. A partir de su renuncia, en San Isidro aseguran que se perdió información relevante, ya que la información obraba, únicamente, en su memoria. Al poco tiempo de salir de la gestión se fue a vivir a España.

El plazo de suspensión de las fotomultas rige desde el 23 de abril inclusive. Durante el período en que se encuentra suspendido el sistema, el municipio llevará a cabo diversos operativos a cargo del cuerpo de Agentes de Tránsito municipal, tanto fijos como móviles.