ATE y UPCN se movilizan por el ajuste en ACUMAR
Los gremios con presencia en ACUMAR se movilizaron en contra del ajuste que se encarga de sanear la Cuenca del río Matanza Riachuelo. Durante la protesta hubo una amenaza de bomba en la sede de la entidad.

Los gremios de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), se movilizaron contra el ajuste de gastos y estructuras dispuesto por el gobierno nacional, la movilización tuvo como condimento una amenaza de bomba en la sede Esmeralda 255 de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de la amenaza de bomba, la División Explosivos de la Policía Federal y la División de Delitos Constitucionales, iniciaron el protocolo de Evacuación, ordenada por el Juzgado Federal n°7 a cargo del Juez Casanello y la secretaría n°13, donde la causa fue caratulada como Actuaciones por Intimidación Pública.

El gremio reclama que el gobierno nacional está llevando a cabo despidos "masivos", fundamentados en "cuestiones políticas". En ese marco, los gremios explicaron que la mayor parte de los ceses laborales son a empleados incorporados entre los años 2019 y 2023.

Por su parte, desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), declaró el "estado de alerta", mientras que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), convocó a una Asamblea General de Trabajadores que se realizó este viernes.

Cabe destacar que la estructura política del órgano se duplicó durante el gobierno del exPresidente, Alberto Fernández, mientras que los cargos políticos y el personal se incrementaron en un 100% en ese período.

Con la firma del Presidente de la Nación, Javier Milei, y del exministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, desde el 4 de enero de 2024, Lucas Figueras fue designado como presidente de ACUMAR.

El organismo creado desde el año 2006, se encarga del saneamiento de la cuenca del río Matanza Riachuelo y su entorno, luego de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la "Causa Mendoza". En el año 2004 un grupo de vecinos de Villa Inflamable (Avellaneda) reclamó a la justicia que se hiciera efectivo su derecho a un ambiente sano, reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

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