El Senado sancionó este miércoles la prórroga por 50 años de las asignaciones específicas a las industrias culturales, que caducaban en diciembre a partir de la reforma tributaria de 2017 y financiarán a la industria del cine, teatro, la música, las bibliotecas populares y empresas públicas de medios.

Fue otro tema de conflicto en Juntos por el Cambio: sus bloques nunca estuvieron de acuerdo con la cantidad de años de la prórroga, intentaron bajarlo a 10 años, pero no fue posible. Y no evitaron otra división: la UCR votó a favor, el PRO se abstuvo, con el rechazo de los cordobeses Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero.

En Diputados JxC se había abstenido, con el enfrentamiento entre el PRO, que defendía el final de las asignaciones; y la UCR, que presionaba para salvar a las bibliotecas populares.

Sin el voto de Juntos por el Cambio, se aprobaron subsidios a la cultura por 50 años

En el Senado la ley estuvo 3 meses congelada por la interna de JxC pero aceptó revitalizarla el senador Martín Lousteau, quien entabló un diálogo con el Frente de Todos y con actores de la industria del cine. 

"Debo reconocer que me hizo un poco de ruido la cantidad de años, porque le estamos dando un tiempo que no le damos a ningún sector", admitió y alertó sobre la cantidad de empleados del Incca, en comparación de su par francés.

Al prorrogarlas por 50 años, a la asignaciones específicas se las convierte en arbitrarias, rígidas e impuestas. Vulneran la coparticipación y el federalismo fiscal. 

Pero luego lo justificó el plazo y la cantidad de empleados que demanda una película y el rol central que tuvo el financiamiento del Estado. "El bloque radical va a votar a favor", anunció y se ganó los aplausos de los artistas que seguían la sesión desde las gradas.

En el PRO no mostraron ese optimismo. "Al prorrogarlas por 50 años, a la asignaciones específicas se las convierte en arbitrarias, rígidas e impuestas. Vulneran la coparticipación y el federalismo fiscal", sostuvo Rivero.

Martín Lousteau. 

LPO / Juan Carlos Casas.

"Todos estamos a favor de promover las expresiones culturales en nuestro país, pero hay una cantidad de cuestiones que son debatibles. No hemos podido acordar un proyecto que contenga todas las opiniones", se lamentó Humberto Schiavoni, del PRO.

Le ley no tiene costo fiscal sino que mantiene desvíos específicos de la recaudación de impuestos, como el  la tributación por las entradas de cine, que desde hace 5 décadas se destinan al Incca. 

También hay un impuesto al juego de sorteo (Lotería) que se asigna a las bibliotecas populares y varias asignaciones dispuestas a la ley de medios, sancionada en 2009. 

Allí se creó un impuesto proporcional a la facturación de las señales de radio y TV, de entre 2 y 5%, destinados al Incaa (25%), Instituto Nacional del Teatro (10%), Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (20%), el Afsca (28%).

También hay asignaciones a la defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (5%), proyectos audiovisuales de frontera, y de los Pueblos Originarios (10%), proyectos audiovisuales de frontera, y de los Pueblos Originarios. (10%) y el Instituto Nacional de Música (2%).  Todas estas asignaciones continuarán hasta el 31 de diciembre de 2072.

Carmen Rivero y Humberto Schiavoni. 

LPO / Juan Carlos Casas.

El oficialismo también tuvo su grieta, porque no estaban de acuerdo en que las partidas se concentren en organismos con sede en Capital Federal.

"Por disciplina partidaria voy a votar positivamente esta ley pero voy a apoyar la modificación para que el año que viene corrijamos esto que considero que es un error, y garantizar así la distribución de fondos para la cultura con sentido federal", anunció Adolfo Rodríguez Saá.

Anabel Fernández Sagasti, a cargo del bloque por la enfermedad de José Mayans, anunció que se trabajará para que la reglamentación federalice al menos un 30% de los fondos o en tal caso buscarán una ley.

"La cultura genera el 2,5% del PBI del país, 635 mil puestos de trabajo al año lo que es el 3.1% del empleo de Argentina. Pero tiene que haber una distribución territorial de los fondos que aportan todos los ciudadanos del país y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", cerró la mendocina.