El presupuesto 2023 incorpora la obligación de pagar el impuesto a las Ganancias a los jueces y funcionarios de la justicia y crea un fondo con lo recaudado, que destina el 70% a becas educativas y al incentivo docente y el 30 restante a un programa "para combatir la inseguridad en Rosario".

Así lo establece el dictamen conocido este viernes, que incorpora las modificaciones definidas en la comisión de presupuesto y otras que tomaron por sorpresa a la oposición. 

Por caso, no se incluyó el aporte del 15% de los planes especiales de salud para el Fondo Solidario de distribución, aunque una versión inicial difundida sí estaba el que borra el artículo que los eximía de pagarlo. Luego circuló una fe de erratas con su eliminación y en la oposición creen que podría haber un intento de volver a modificar el proyecto en el recinto.

El artículo 100 es el que obliga a pagar Ganancias a los "Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación". El 101 extiende la obligación a los jubilados del Poder Judicial, sin excepciones.

De esta manera, si este artículo prospera los magistrados y empleados nombrados antes de 2017 recibirían el descuento de Ganancias. El resto ya paga a partir de una ley sancionada ese año.

Presupuesto: el Gobierno resolvió que todos los jueces paguen Ganancias para financiar el aumento de gasto social

El artículo 102 es la sorpresa de este viernes porque Heller no lo leyó entre las modificaciones que anunció en la comisión. Se dispone girar lo recaudado por la Nación por gravar a los jueces con Ganancias (tras la coparticipación con las provincias) en un 70% para el programa de respaldo a estudiantes argentinos (Progresar) y al Fondo Nacional de incentivo docente.

Y un 30% para "financiamiento de equipamiento para las fuerzas de seguridad y la creación de un programa específico para combatir la inseguridad en la ciudad de Rosario".

El Progresar es el sistema de becas educativas para personas de entre 16 y 24 años. En el proyecto la partida tenía un ajuste del 23.6%, sectores del oficialismo pidieron aumentarla para votar el presupuesto y lo consiguieron en el dictamen de comisión.

También había un ajuste en el incentivo docente, destinado a engrosar los salarios de los maestros de las provincias. Fue otra de las partidas que se aumentó en comisión. 

Según el cálculo que hizo el diputado Marcelo Casaretto si todos los que circulan por Tribunales pagan Ganancias se recaudarían 237 mil millones de pesos.

Cuando anunció las modificaciones del presupuesto, Heller no leyó el artículo 102, que realiza un asignación específica de la recaudación por el impuesto a las ganancias a los jueces. Servirá para becas educativas y el fondo con el que se refuerzan salarios de maestros y un programa para combatir el narcotráfico en Rosario. 

En caso de no aprobar este impuesto, la oposición se encontraría ante la incómoda situación de explicar cómo financiar esos gastos.

De todos modos, Juntos por el Cambio ya sentó posición en contra de las asignaciones específicas de impuestos en la reforma tributaria de 2017, cuando las extendió sólo hasta fines de este año.

La industria cultural presiona para mantener las asignaciones que financian sus actividades (Incca, instituto de la música y bibliotecas populares), con un proyecto que se aprobó en Diputados y está congelado en el Senado por el rechazo de Juntos por el Cambio.

La otra novedad del dictamen del presupuesto es que no apareció el descuento del 15% a los planes especiales de salud con destino al Fondo Solidario y en el Sistema de Reintegros, encargado de subsidiar a las obras sociales más chicas para que cumplan con el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Había sido un anuncio del diputado y sindicalista José Palazo, resistido por Juntos por el Cambio. Pero en el dictamen difundido el artículo 129 del proyecto avanza en ese sentido al derogar el artículo 23 de la ley de medicina prepaga, que es el que exime de aportar a este fondo a los planes "de adhesión voluntaria o planes superadores o complementarios por mayores servicios". Luego Heller envió una corrección aclarando que este artículo no debió ser incluído. 

En la oposición quedaron advertidos de este paso de baile.  "No cantamos victoria, porque puede ser que no hayan llegado a escribirlo y Palazzo lo quiera incorporar en el recinto", advertían en Juntos por el Cambio. Sin embargo, en el oficialismo creían que Sergio Massa había activado esta corrección y no hay marcha atrás.

Sí quedó igual el artículo que prorroga las retenciones a las exportaciones de granos, otro de los que todavía no tiene una mayoría asegurada para aprobarse. El bloque de Córdoba le aconsejó a Massa que lo elimine para evitar una discusión incómoda, pero en el dictamen sigue vigente.

LPOJuan Casas

El resto de los artículos fueron los anunciados por Heller, con algunas precisiones, como los nuevos impuestos a productos electrónicos producidos en Tierra del Fuego, que también abarca a los importados para mantener el beneficio diferencial. Además, aparece el refuerzo de 1000 millones para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos.

Está la cláusula gatillo que Massa propuso y fue elaborada por el bloque Evolución, identificado con Martín Lousteau. Consiste en obligar al gobierno a enviar una ley complementaria si al 31 de agosto la tasa de inflación acumulada supera el 10% la meta anual o si los ingresos se elevaron 10% a lo previsto. El Congreso que tendrá un mes para tratarlo.

El fondo compensador para el transporte se eleva de 66 a 85 mil millones, pero con la obligación de aplicar Sube en los colectivos subsidiados y la creación de un consejo controlado por el ministro de Transporte para chequear caso por caso.

También se empodera a la secretaria de Energía Flavia Royón a disponer de un plan de 96 cuotas para que las distribuidoras eléctricas cancelen deudas con la mayorista Cammesa. Si no cumplen, las provincias serán responsables y se les podrá descontar fondos nacionales, a excepción de la coparticipación. El tesoro ya no deberá cubrir el déficit. 

Otra modificación de este jueves fue el aumento de las sanciones por violación a la defensa del Consumidor, con multas que irán desde el 0,5 al 2100 Canastas Básicas Total para el Hogar 3, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).

También abarcan el decomiso de las mercaderías, la clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta 30 días, la suspensión en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado y la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.

El 50% del monto percibido en concepto de multas y otras penalidades será asignado a un fondo especial destinado a financiar los programas de educación al consumidor. 

El artículo 103 de presupuesto es la deducción de Ganancias por gastos en educación. Se define como "sumas en concepto de servicios con fines educativos y las herramientas destinadas a esos efectos".

Incluye hijos mayores de edad de hasta 24 años, si cursan "estudios regulares o profesionales de un arte u oficio, que les impida proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente".