Sergio Massa aceptó subir la ayuda social en el presupuesto tras un pedido de legisladores oficialistas e incorporar una cláusula gatillo para redefinir los gastos si la inflación es mayor el 60 por ciento previsto, cómo propuso durante la presentación de la ley y luego planteó la oposición durante el debate en comisiones.

Para no subir el déficit, evalúa sumar presión fiscal con la reducción del beneficio impositivo a Tierra del Fuego, el aumento de impuesto al tabaco y las multas que cobra la secretaría de defensa del consumidor. Este jueves habrá dictamen de comisión pero la discusión seguirá hasta la sesión, programada para el martes. 

Massa se reunió este miércoles en la Cámara de Diputados con legisladores del Frente de Todos para ultimar detalles de la redacción, acompañado por el secretario de Hacienda Raúl Rigo. El diputado Carlos Heller fue el encargado de dialogar con los referentes de la oposición.

Como adelantó LPO recibió un reclamo de su tropa para incrementar las partidas en asistencia social, educativa y de salud. "Creo que puso las partidas bajas para negociar, pero si no se sube no se aprueba", explicó a LPO uno de los legisladores oficialistas que participó de la reunión, en el salón de honor de Diputados.

Asistieron la presidenta de esa Cámara Cecilia Moreau, el  jefe del oficialismo Germán Martínez y la diputada Paula Penacca, de La Cámpora y cercana a Máximo Kirchner. 

El kirchnerismo y los movimientos sociales presionan para aumentar el gasto social 

Por el Senado fueron Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, Teresa González y Ricardo Guerra, presidente de la Comisión de Presupuesto. 

Llegaron con un lista de obras públicas reclamadas por las provincias, un documento que el titular del Frente de Todos José Mayans -ausente por enfermedad- elabora cada año y le acercó a Alberto Fernández cuando lo recibió hace un mes. 

El kirchnerismo y los movimientos sociales elaboraron una lista de reclamos por aumento de partidas sociales, que Massa recibió de los legisladores y quedó en revisar. Sabe que si no suben, se puede complicar la votación. 

Piden mejorar las becas educativas Progresar, el fondo de incentivo docente, la asistencia alimentaria, transferencias a universidades y las partidas para la regularización de barrios populares, el Renabap. Los legisladores le dejaron una lista detallada para que Massa decida. 

Massa había anticipado la negociación con los gobernadores en la reunión de este martes con los 10 del norte grande que tuvo el lunes en Santiago del Estero, entre ellos el radical jujeño Gerardo Morales. 

Allí se comprometió a subir de 66 a 85 mil millones de pesos los subsidios para el transporte de las provincias, pero con la condición de que sea a efecto neutro: o sea, la diferencia se descontará de otras transferencias. De hecho, la partida no forma parte del articulado del presupuesto, sino que está mezclada en las planillas anexas.

Los legisladores oficialistas reclamaron aumentar partidas en salud, educación y asistencia alimentaria. Massa no quiere sumar gastos e intentará compensarlo con otros ingresos o recortes de transferencias.  

Gobernadores y legisladores oficialistas y opositores (a excepción del PRO) no aceptan el artículo 90, que obliga a las provincias a pagar a Cammesa por deudas de las distribuidoras de energía. Massa pidió que elaboren una redacción diferente, pero no quiere sumar fondos para cubrir el déficit de la compañía mayorista.

Por la tarde, Massa mantuvo una reunión con Martínez y Cecilia Moreau para repasar los reclamos de los propios y empezar a puntear un texto final. Para ese entonces, Heller se había juntado con los referentes de Juntos por el Cambio para refrescar sus demandas.

Paula Penacca.

LPO Juan Carlos Casas

La principal no tendría mayores problemas en ser aceptada: una cláusula gatillo para que si la inflación es mayor al 60% prevista y haya que reasignar partidas, se realicen con proyectos de ley. El propio Massa lo propuso cuando presentó el presupuesto y la oposición la sumó de inmediato a su lista de demandas. 

En la comisión de este martes el diputado de Evolución radical Martín Tetaz reclamó además que además de la reasignación, los nuevos gastos no puedan ser definidos por decreto y Massa aceptó. Su compañero de bloque Alejandro Cacace fue el encargado de la redacción.

La cláusula consistiría en que si al 31 de agosto de 2023 la tasa anual de inflación supera el 60% o si los ingresos son mayores al 10% previsto, el Gobierno enviará antes del 15 de septiembre una ley complementaria para determinar el nuevo cálculo de recursos y créditos y el plan de gastos. El Congreso deberá tratarlo en un mes y el Gobierno no podrá ampliar partidas por DNU, como pidió Tetaz. 

Juliana Di Tullio y Ricardo Guerra. 

LPO / Juan Carlos Casas.

Heller también anticipó una regularización de deudas tributarias y previsionales vencidas en provincias y municipios, un artículo de "federalización" del gasto público, una definición que quedó en aclarar bien pero podría implicar otra puja con las provincias. 

También podría haber una prohibición de desalojos a la economía familiar y la derogación del artículo 13, que impide desviar partidas destinada a la educación de la Nación o las provincias. 

Luciano Laspina, del PRO, insistió en congelar la planta de empleo público y en Economía podrían buscar una redacción para contentarlo. Sobre todo porque aclaró que no incluye los pases a planta permanente. 

Heller informó sobre la posible incorporación de impuestos internos como la baja de los beneficios a Tierra del Fuego, una propuesta de la Coalición Cívica que rechazó la UCR. Massa la sugirió en el presupuesto como una opción para sumar recursos y sólo Elisa Carrió se lo tomó en serio. 

Quedan por definir otras demandas de Juntos por el Cambio, como sacar del presupuesto el blanqueo a la construcción o poner un techo a las retenciones a las exportaciones. Este jueves Heller informará que fue aceptado y qué no. La sesión está prevista para el martes. Podría durar dos días.