Si el presidente de la Corte Horacio Rosatti reabre el Consejo de la Magistratura, como reclamó el Frente de Todos, se deberá tratar una denuncia contra el juez en lo contencioso administrativo Diego Martín Cormick, por el fallo que pidió la nulidad de la diputada radical Roxana Reyes.

La presentación fue realizada por el entrerriano Pedro Galimberti y el formoseño Fernando Carbajal. Y se suma al amparo que este martes presentó el jefe de bloque Mario Negri y Reyes, para que la santacruceña pueda asumir en el organismo encargado de seleccionar y sancionar jueces.

Cormick declaró nula la Resolución Nº689/22 de la presidencia de Diputados que designó a los representantes de la misma ante el Consejo de la Magistratura entre abril y noviembre, pero Cecilia Moreau suspendió la que firmó hace 15 días para oficializar los nombramientos hasta 2026 por considerar que podía tener el mismo destino en Tribunales. 

La justicia anuló la designación de la radical Reyes en la Magistratura

Fue la medida que provocó un boicot de Juntos por el Cambio en la sesión preparatoria del jueves pasado, que finalmente no tuvo quórum. Y el germen del escándalo de la convocada por la tarde, que sí tuvo mayoría para iniciarse pero la UCR, el PRO y la Coalición Cívica consideraron ilegítima por haberse vencido el horario de la convocatoria.

Galimberti y Carbajal consideraron que el fallo de Cormick "resulta arbitrario e ilegal, toda vez que ha avanzado en la consideración de una cuestión que se tornó abstracta", en alusión a que habían vencido los mandatos en cuestión. 

Roxana Reyes. 

"Pretendió avanzar sobre las facultades propias de otro poder del Estado como es el legislativo, dándole pautas respecto de cómo debe en el futuro designar a sus representantes, extralimitándose en su función, lo que resulta atentatorio de nuestro Estado Constitucional de Derecho", agregaron. 

Para los diputados, "avanzar sobre la competencia de otro Poder del Estado es una falta grave, que tipifica como mal desempeño y el juez resulta pasible de ser removido". 

"En definitiva, podemos afirmar que la sentencia constituye un error judicial inexcusable configurativo de la causal de mal desempeño, lo cual se encuentra cabalmente acreditado y la consecuencia indefectible que la misma acarrea es la sanción de remoción", argumentan los denunciantes.