Los legisladores de la provincia de Río Negro que suelen ser aliados del Gobierno le reclaman a Alberto Fernández dejar de financiar a las empresas de servicios públicos del área metropolitana y transferirlas a los gobiernos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Se trata de las eléctricas Edesur y Edenor y de Aguas y Saneamientos Argentinos (Aysa), que prestan servicio en la Ciudad y el Gran Buenos Aires, pero se mantienen como empresas nacionales y reciben subsidios en cada presupuesto nacional.

Los técnicos de Juntos Somos Río Negro, el partido que gobierna la provincia, calculan que en 2021 el Estado invirtió 10.000 millones de pesos en subsidios a los servicios de energía y agua de CABA y PBA. Y aclaran que se trata de un estimativo, porque el sistema que usa el gobierno para pisar las tarifas de esos distritos es muy poco transparente.

"Aysa, Edesur y Edenor tienen que transferirse a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires para que ellos decidan las tarifas, los subsidios y cómo financiarlos. Al igual que lo hacemos en el resto de las provincias", posteó el diputado Agustín Domingo, ex ministro de Economía de Río Negro.

Los partidos provinciales aseguran que además de los subsidios nacionales, Edesur y Edenor acumulan deudas con Cammesa que nunca son saldadas. Y que Aysa tiene un presupuesto de obras muy superior al que Enhosa asigna al resto de las provincias. 

"La gestión anterior y la actual no hicieron nada para corregir esta inequidad con el interior del país. Este era uno de los temas para discutir con el presupuesto 2022, por eso propusimos volver el proyecto a comisión. Pero los bloques mayoritarios nos dejaron sin discusión", agregó Domingo.

Domingo fue ministro del ex gobernador Alberto Weretilneck, actual senador y clave para que el Frente de Todos alcance el quórum en cada sesión, junto a la misionera Magdalena Solari Quintana.

En Diputados, dos rionegrinos, dos misioneros y un neuquino conforman el bloque "Provincias unidas", que le permiten al Gobierno acercarse al quórum. Pero no son suficientes.

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De esta manera, Martín Guzmán no podrá desoír el reclamo de los aliados provinciales cuando diseñe una baja del gasto en subsidios para cumplir con su compromiso con el FMI.

El presupuesto de 2022 rechazado por el Congreso establece una fuerte reducción de los subsidios, que el ministro justificó en una segmentación de tarifas, de la que recién la semana pasada se conocieron los primeros detalles.

Pero nada se anunció de transferencias de servicios a las provincias. Recién el viernes, LPO informó en exclusiva que el Ministerio de Transporte devolverá a la Ciudad sus líneas de colectivos, administradas por la Nación. De la energía y el saneamiento, por ahora no hay noticias. 

La transferencia de Edenor, Edesur y Aysa fue uno de los compromisos asumidos por Mauricio Macri con los gobernadores, pero nunca cumplió. De ocurrir, obligaría a trabajo mancomunado entre la Nación y la Provincia que por estos tiempos no resulta sencillo de imaginar. 

Domingo presentará el proyecto en marzo, cuando se inicien las sesiones ordinarias. Además de pisar tarifas, estas empresas gozan de muchos beneficios con el amparo del Gobierno nacional que no tienen sus pares del interior.

"Cuando el ENRE no autoriza a subir las tarifas, Edenor y Edesur dejan de pagar la energía que compran a CAMMESA y nadie les reclama nada. Pero la cooperativa que provee energía a Bariloche, la CEB, está al día y si pudiera entrar en mora sin riesgos bajaría las tarifas", señalan en Río Negro. 

También registraron subsidios directos que no están transparentados y otros indirectos no explicitados en ningún lado. En el caso de Aysa, la molestia en las provincias es que recibe obras con presupuestos mayores a las que Enhosa asigna en el resto del país. El debate empieza en marzo.