La ley de alquileres sancionada en 2020 y cuestionada por Juntos por el Cambio en la última campaña electoral podría tener un buen tiempo de vigencia: en Diputados aún está lejos un acuerdo para reformarla y volverán a intentarlo el miércoles 11, según anunció su presidenta de la Comisión de Legislación General, la diputada oficialista Cecilia Moreau.

Ningún bloque tiene consenso interno sobre qué reformas hacer y más incierto es la negociación entre ellos, si la hay. Moreau pidió que expusieran los autores de los 23 proyectos presentados para reformar la ley, que oscilan entre derogación y modificaciones de todo tipo. 

No parece fácil, aún después de escuchar a 132 expositores. El oficialismo está dividido. Sergio Massa y el peronismo tradicional estudian retocar algún aspecto de la fórmula de actualización, que combina la variación salarial y la de precios. 

Pero los kirchneristas no quieren reformar nada y tienen el respaldo de las agrupaciones de inquilinos, que niegan una retracción de oferta por la ley. Exhiben documentos de la AFIP con 360 mil contratos registrados sobre un estimativo de 9 millones por lo que, entienden, el problema es que la ley no se cumple. 

La interna del oficialismo complica una nueva ley de alquileres 

En Juntos la grieta es entre quienes promueven derogar la ley, amparados por Mauricio Macri; y los que se conforman con modificar los dos artículos polémicos: el que llevó de 2 a 3 los contratos y el que definió una fórmula de actualización que combina la variación de salarios y de precios.

 En los últimos días hubo reuniones para unificar una posición y los referentes de Juntos aseguran que no están lejos de un texto alternativo. Volver a los contratos a dos años y a los precios libres es el denominador común, pero no lo dejarán ahí.

En Juntos buscan acordar un dictamen con precios libres y contratos a 2 años, pero con alternativas para seducir a los inquilinos, como fórmulas de actualización y facilidades para renovar. En el oficialismo no hay acuerdo y esperan una reunión. 

Plantean opciones como aclarar precios máximos o un menú de alternativas para definir aumentos, pero con precisión, porque en el estudio de campo comprobaron que la ley actual no siempre se interpretó bien. 

Por caso, la paleta de garantías que se ofrece para elegir (propiedades, aval bancario, seguros de caución etc.) pareciera dejar afuera cualquiera que no estuviera incluida y así en ciudades chicas, donde la confianza entre propietario e inquilino es mayor, surgió un problema que no había. 

La idea de un menú de indexaciones posibles es tentadora porque evitará responsabilizar a los legisladores si un inquilino tiene más aumento que el esperado, como pasa desde que hay ley. Sería su error. 

Sergio Massa y Máximo Kirchner. 

LPO/ Juan Carlos Casas.

Sí hay consenso en Juntos en que los contratos deben volver a 3 años y poder actualizarse a los 6 meses o no al año, como con la actual ley. "Lo único que lograron es que los precios sean exorbitantes porque las inmobiliarias se quieren cobrar todo a cuenta", señalan. Una alternativa que estudian es que la renovación sea menos burocrática y así un buen inquilino no tenga problemas en seguir.

En el oficialismo hay más tensión, a tal punto que algunos diputados pidieron una reunión de bloque para verse las caras y saber qué piensa cada uno. Por ahora, el jefe Germán Martínez no la cree oportuna. Massa ya dijo en noviembre que la ley no sirve y hasta propuso suspenderla, pero no encontró respaldo.

Algunos de sus asesores trabajan en otro menú de coeficientes para definir aumentos, que deje el actual pero incorpore variantes diversas. En cualquier caso, quieren dejar claro que las fórmulas son un tope y no una obligación. Además, estudian créditos fiscales para quien ponga en alquiler su propiedad y así incentivar la oferta. Pero no hubo diálogo entre los 116 diputados oficialistas para decidir. Nadie sabe si lo habrá.