Los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán se proponen abrir este miércoles el plenario de comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, respectivamente, para iniciar el tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, referido a la cuestión Malvinas. El propósito del oficialismo sería liquidar el debate con una reunión informativa esta semana y otra el martes 6 de octubre, con debate incluido, para dictaminar la iniciativa y llevarla al recinto al día siguiente.

Fuentes de la Casa Rosada explicaron a LPO que esa iniciativa busca abrir una ventana de tiempo para negociar con el resto de las bancadas en el Congreso el apoyo al Presupuesto y la eliminación de las PASO.

Por su parte, los diputados opositores preparan un documento para presentar ante los gobiernos de Uruguay, Brasil y Chile un petitorio para que no presten "apoyo logístico" a Sea Lion, en la explotación de recursos hidrocarburíferos en las inmediaciones de las islas, en el Atlántico Sur.

Además, el peronismo pretende discutir el tema en profundidad. Con ese objetivo, aprovecha la desconfianza de los aliados en el gobierno ante el crecimiento de versiones sobre un posible veto de Javier Milei al proyecto que acordaron con Martín Menem para sancionar una ley de Discapacidad contra la prórroga a la emergencia que promovía la oposición.

El Gobierno cree que la crisis del Reino Unido favorece el reclamo por Malvinas

En ese contexto, el diputado Juan Marino, miembro de la bancada de UP, organizó una audiencia informativa el viernes pasado, en la Sala 1 del Anexo A del Congreso, para discutir el proyecto que elaboró Santiago Caputo para multar a las empresas que exploten recursos en las Islas Malvinas sin la correspondiente habilitación de las autoridades argentinas.

Unidad nacional para reclamar ante el Reino Unido, sí. Pero una extorsión política para entregarnos a Estados Unidos, no.

Marino planteó que el gobierno "pretende someter al Congreso a una extorsión política". Luego de desmenuzar la doctrina norteamericana y sus intervenciones en el continentes, reparó en que Milei calculó que para 2030 se iban a producir alrededor de 180 mil barriles en Sea Lion, y expresó: "unidad nacional para reclamar ante el Reino Unido, sí. Pero una extorsión política para entregarnos a Estados Unidos, no".

Santiago Caputo.

LPOJuan Casas

En un resumen de 47 páginas, el legislador recordó que en la noche de la cadena nacional del Presidente para anunciar el proyecto, el asesor Caputo salió al cruce por X de los opositores que criticaban la jugada. "La totalidad de la gente llorando son agentes de la Corona británica. Márquenlos", tipeó aquel 3 de septiembre el consultor de Milei.

También el legislador Jorge Taiana, ex ministro de Defensa, consideró que el proyecto del gobierno "más que a la preocupación de Malvinas, responde a la iniciativa norteamericana del Escudo de las Américas, que es una estrategia para crear conceptos nuevos y subordinar las Fuerzas Armadas, los aparatos de inteligencia y las fuerzas de seguridad a los Estados Unidos para controlar la región".

Más que a la preocupación de Malvinas, la ley responde a la iniciativa norteamericana del Escudo de las Américas, que es una estrategia para crear conceptos nuevos y subordinar las Fuerzas Armadas, los aparatos de inteligencia y las fuerzas de seguridad a los Estados Unidos para controlar la región.

Según Taiana, el propósito de Washington contemplado en esta norma sería el de desviar el despliegue de las Fuerzas Armadas hacia la seguridad interior. "Es el viejo esquema de Estados Unidos, que quiere que en América no haya ejércitos sino que haya fuerzas de seguridad", dijo.

La preocupación de los opositores también está en las limitaciones que supone el proyecto a la libertad de expresión, por más que desde el gobierno lo nieguen. El artículo 111, por caso, incorpora al Código Penal el 225 bispara establecer que "será reprimido con prisión de CINCO (5) a DOCE (12) años el que, actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente extranjero, realizare actividades que procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva".

El concepto es tan amplio e impreciso que habilitaría la sospecha de que bajo la presunción de manipular a la opinión pública podría caber un tuit que se vuelva viral, un contenido periodístico o una manifestación social.