Manuel Quintar, el diputado que fue al Congreso en su flamante Tesla Cybertruck sin patentar, fue denunciado penalmente por el abogado Facundo Pérez Ernst en Jujuy, bajo la acusación de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, fraude a la administración pública, incumplimiento de los deberes y encubrimiento.

El denunciante se presentó en octubre de 2025 ante la Fiscalía Federal de su provincia, a cargo de Federico Aníbal Zulueta, para denunciar al legislador Quintar, su cónyuge, Natalia Carolina Castillo Aurane, su prima Analía Quintar, el funcionario nacional Roque Cecilio Pereyra, el médico Pablo Gustavo Perovic y el titular de PAMI en Jujuy, Evaristo Bautista. El pasado 15 de abril, Pérez Ernst hizo una ampliación de la solicitud de oficios.

La causa está parada en el Poder Judicial de Jujuy, pese a que allí funciona el sistema acusatorio y la instrucción está en manos del fiscal Zulueta. Una fuente al tanto de la situación le dijo a LPO que "la causa se encuentra en instancia de investigación previa a la formalización, que es cuando se busca lograr evidencias para formalizar el caso o no". Esa etapa tiene un plazo de 180 días hábiles, como máximo. 

Zulueta ordenó medidas de prueba con el objetivo de determinar la validez y la gravedad de los contactos de Quintar, sus lazos familiares, su estado patrimonial y el rol de las dependencias estatales. En ese contexto, hasta se dictó el levantamiento del secreto bancario y fiscal del diputado, quien todavía no tiene acceso al expediente.

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Los elementos reunidos por el denunciante darían por tierra con los argumentos esgrimidos por Javier Milei y Martín Menem para eximir de responsabilidad al diputado por la adquisición del oneroso auto que fabrica Elon Musk. En medio del escándalo por el caso Adorni, las imágenes del Cibertruck en el estacionamiento de la Cámara Baja causaron revuelo porque se expandió la sospecha que difícilmente se puede alcanzar el nivel de vida para comprarse el Tesla más caro con la dieta de un diputado.  

En efecto, el Presidente dijo este jueves en el streaming Carajo que "si el tipo se ganó honestamente, se lo gasta en lo que se le canta el culo". "Ojalá yo pudiera comprarme uno, ¿cuál es el problema?", desafió.

Incluso, comentó que llamó por teléfono al riojano para saber si efectivamente había recriminado a Quintar que llegara al estacionamiento de la Cámara Baja con un vehículo valuado en $300 millones. "Lo llamé a Martín, porque si Martín dijo eso, me la iba a agarrar con él", declaró, y repuso que Menem respondió: "No, ni en pedo, si el flaco se la compró con la propia, qué me importa".

Quintar, en el recinto.

LPOJuanca Casas

Sin embargo, fuentes de Jujuy advirtieron a LPO que la fortuna del diputado podría guardar relación con su audacia para manejarse en el sector de la salud privada, tal como reveló LPO para el caso de la pelea con los trabajadores del Ingenio Ledesma para quedarse con la administración de la obra social.

A esa refriega se suma la derivación de beneficiarios de la Andis, a través de un documento que contó con la firma del propio Diego Spagnuolo, y la atención de personas con cobertura del PAMI, una institución controlada a nivel nacional por Lule Menem, jefe político de Quintar.

En su escrito, Pérez Ernst incluyó "constancias documentales y antecedentes" sobre "la posible existencia de un entramado societario y funcional conformado por familiares directos y colaboradores políticos" de Quintar. Esos elementos, según el denunciante, probarían que el legislador y su entorno se organizaron para "obtener contrataciones irregulares con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)".

Pérez Ernst incluyó 'constancias documentales y antecedentes' sobre 'la posible existencia de un entramado societario y funcional conformado por familiares directos y colaboradores políticos' de Quintar que probarían que el legislador y su entorno se organizaron para 'obtener contrataciones irregulares con el PAMI'.

La reconstrucción cronológica de la denuncia establece que la clínica San Francisco SRL, propiedad de Castillo, la pareja de Quintar, designó como apoderado a Pereyra, delegado de Migraciones y esposo de la prima del diputado, a través del acta 92 de la firma, en 2022. En ese mismo documento se dejó sentado que el funcionario y el legislador tendrían facultades para administrar la empresa.

Pereyra habría gestionado la incorporación de la clínica como prestadora del PAMI, a través del vínculo con Bautista, actual titular de ese organismo en Jujuy y ex gerente de la clínica Los Lapachos, también perteneciente al clan Quintar. De hecho, ese sanatorio se llamaba Quintar en los tiempos en que lo manejaba el padre del libertario.

Quintar habría actuado como vértice político y beneficiario final del esquema, utilizando su influencia institucional.

La pujanza de la familia abarca también en la Cooperativa de Profesionales de la Salud Ltda. Pérez Ernst asegura que, en 2024, esa empresa "aparece bajo la órbita" del diputado jujeño, incorporando a Perovic, histórico empleado de Los Lapachos, y ubicando a la prima Analía de apoderada.

La cooperativa fue habilitada como prestadora del PAMI el 30 de enero de 2025, un prodigio sobre la efectividad para eludir las trabas de la burocracia. "En un 'control' express e inusual, por su celeridad y negligencia, se ve reflejada en el acta que se incorpora, donde se verifica y audita la existencia de dicha cooperativa, y, aparece la señora RAQUEL QUINTAR como su administradora, y, por casualidad u omisión, la Dra. Rizzalo Mariel -jefa de Divisiones de Auditoría- no interpreta que Raquel Quintar, pueda ser familiar del Diputado Manuel Quintar", expresó el denunciante.

Hicieron campaña hablando de la casta y más casta que eso no hay,  más casta que los empresarios que dicen que la hacen con la suya (pero) en realidad la hacen con la de todos, con contrataciones con el Estado, vinculados a un monopolio de la salud privada.

Para el abogado jujeño, "Quintar habría actuado como vértice político y beneficiario final del esquema, utilizando su influencia institucional". En tanto, Carolina Castillo y Analía Quintar, como titulares o apoderadas de sociedades médicas, brindaron la fachada legal necesaria para canalizar las contrataciones, mientras que Roque Pereyra, funcionario nacional, aportó capacidad operativa y cobertura formal, interviniendo en la gestión de la inscripción y habilitación de prestadores.

El doctor Perovic, por su parte, "habría facilitado la continuidad funcional y técnica en las entidades involucradas", al tiempo que Evaristo Bautista, como autoridad de PAMI Jujuy, "habría garantizado la aceptación administrativa de las prestaciones y la fluidez de los pagos".

Como sea, la aparición del auto de Quintar en los medios de comunicación produjo malestar en la oposición. La senadora Carolina Moisés, por caso, lo consideró "obsceno" en declaraciones a La Gaceta Play, el streaming del histórico diario tucumano. "Son excesos que demuestran una cultura política muy distintas al respeto que merece el lugar de representación que nos da la gente, lo que más bronca me da es que él, como muchos de los libertarios, hicieron campaña hablando de la casta y más casta que eso no hay", dijo y lo emparentó con "los empresarios que dicen que la hacen con la suya (pero) en realidad la hacen con la de todos, con contrataciones con el Estado, vinculados a un monopolio de la salud privada".

Para colmo, Quintar es presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública en la Cámara de Diputados.