La diputada Nadia Márquez, una de las libertarias impulsadas por Martín Menem para presidir la comisión investigadora del Criptogate, fue denunciada por "estafas y otras defraudaciones", junto a Lucio Fernández, Marcelo Lafitte, Hugo Macchiavelli y Augusto Himitian. Ante la consulta de LPO, la legisladora explicó que fue sobreseída en 2016, después de una probation.

La razón de la imputación judicial fue la extensión de títulos truchos en dos instituciones terciarias en la provincia de Neuquén, hace 25 años. Junto a los acusados, la actual legisladora habría cobrado por cursos de periodismo en el Instituto Cristiano Internacional y en una "universidad" de nombre "Regency" hasta que los egresados de esa propuesta formativa empezaron a descubrir que los títulos eran truchos.

Las víctimas llevaron el reclamo a sede judicial, donde fue rechazado por presunta "insubsistencia" en la Cámara de Apelaciones en lo Criminal con Competencia Provincial. Márquez y sus socios fueron entonces sobreseídos pero la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Neuquén, integrada por Leila Graciela M. de Corvalán y Antonio Labate, revocó aquel fallo el 7 de octubre de 2011.

Los hechos analizados por la Justicia ocurrieron entre 1999 y 2004. Los querellantes llegaron a aportar facturas fechadas en 2002, firmadas por Márquez, como elemento probatorio de la estafa.

Menem quiere poner a una libertaria al frente de la comisión investigadora para congelar el criptogate

Fuentes vinculadas a la investigación precisaron que el sumario se instruyó en noviembre de 2004, mientras que para marzo de 2005 se concretó el primer llamado a prestar declaración en la causa. Entre las personas citadas estuvo Márquez.

En abril de 2009, la querella pidió la elevación a juicio y la defensa de Laffite, Macchiavelli e Himitian solicitó el sobreseimiento por insubsistencia de la acción penal y prescripción de la causa. Fernández y Márquez intentaron recusar pero terminaron apelando al mismo recurso que sus tres colegas.

Nadia Márquez, junto a Bornoroni.

LPOJuanca Casas

Al revocar el sobreseimiento, Corvalán y Labate dictaminaron que la causa continúe su curso. Por eso, Márquez tuvo que aceptar una probation, lo que técnicamente significa la suspensión del juicio a prueba para evitar la prisión.

Ese mecanismo consiste en un acuerdo entre el Estado y el imputado, beneficio al que adhirió en 2013 la jefa del bloque libertario en las sombras ahora. De hecho, implica que el acusado, en este caso Márquez, no reconoce la culpabilidad y acepta cumplir un servicio social. 

Este tipo de resoluciones se utilizan para descomprimir la justicia penal ante causas menores, donde el despliegue de recursos para la investigación resultan más onerosos que el objeto de la causa.

Bajo ese entendimiento, el Poder Judicial le impuso la obligación de repartir 5 litros de leche por mes a la institución Aser, una organización que lucha contra las adicciones. Al término de esa carga, Márquez efectivamente fue sobreseída.

Márquez tuvo que repartir 5 litros de leche por mes a la institución Aser, una organización que lucha contra las adicciones.

La noticia, que divulgó el periodista Francisco Carnese en La Mañana de Neuquén, surgió por la sanción de Ficha Limpia en esa provincia a fines de marzo. La legislatura de esa jurisdicción patagónica modificó el Código Electoral y estableció que no podrán ser candidatos "las personas que hayan sido beneficiadas con una suspensión de juicio a prueba regulada por el artículo 76 bis del Código Penal".