El Frente de Todos aprobó este jueves en comisión la admisión del juicio político a los cuatro jueces de la Corte Suprema, que le permitirá abrir una investigación para acumular pruebas y testigos, en una jugada que tiene pocas chances de prosperar en el recinto, pero le permite al kirchnerismo mantener su ofensiva contra el  máximo tribunal durante la campaña electoral.

La reunión de la Comisión de Juicio Político expuso las diferencias an interior de la coalición opositora. La Coalición Cívica de Lilita Carrió propuso su propia resolución contra Ricardo Lorenzetti y sólo el interbloque federal, a través de su jefe Alejandro "Topo" Rodríguez, rechazó todo el proceso sin grietas internas. Además, consideró que la votación era nula por violación del reglamento, abriendo paso a la judicialización. 

La mayoría propia del oficialismo en la Comisión de Juicio Político, con 16 sobre 31 votos, alcanzó para imponer la resolución que aprueba los 14 pedidos de juicio político contra los jueces de la Corte, entre ellos los dos de la Coalición Cívica contra Lorenzetti. Al rafaelino lo acusan por desmanejos financieros del presupuesto de la justicia, de la obra social, y hasta por cuestiones particulares como la participación en una cooperativa que canjeaba cheques con la AFA.

Las presentaciones del oficialismo responsabilizan a los cuatro magistrados de mal desempeño por el fallo que le aumentó la coparticipación a la Ciudad; el que modificó la composición del Consejo de la Magistratura; el que en 2017 le permitió una salida anticipada a los represores; el manejo de la obra social y una supuesta convivencia de los jueces con empresarios y funcionarios de la oposición. En total, son 60 elementos de cargo. 

Juicio a la Corte: el kirchnerismo incluirá el pedido de Carrió contra Lorenzetti en la resolución

Lo que sigue es una etapa de investigación que inicia el próximo jueves, con despliegue de pruebas y testigos. La acusación requiere un dictamen de comisión pero se completa con una votación por dos tercios en el recinto, una mayoría que el oficialismo sólo puede alcanzar con respaldo unánime de Juntos por el Cambio. Imposible. Recién si se da ese paso, el Senado repite el proceso para juzgar a los jueces. Por eso, está claro que el oficialismo busca desgastar a los magistrados y mantener el tema en la campaña.

Como anticipó LPO, la Coalición Cívica se desmarcó del rechazo en bloque y presentó su informe contra Lorenzetti, pero además firmó la resolución de rechazo al juicio elaborada con el resto de las fuerzas de Juntos por el Cambio, que excluyó los dos pedidos contra el juez santafesino impulsados por Elisa Carrió.

No vemos ninguna contradicción (en incluir un pedido de juicio político a Lorenzetti) porque son causas previas y no tiene nada que ver con el contenido de las sentencias. Hubiéramos preferido que se vote por juez. Una lástima. Se perdieron una oportunidad.

"No vemos ninguna contradicción porque son causas previas y no tiene nada que ver con el contenido de las sentencias. Hubiéramos preferido que se vote por juez. Una lástima. Se perdieron una oportunidad", ironizó el jefe de la Coalición Cívica, Juan López. 

No evitó la respuesta del jefe del oficialismo Germán Martínez. "Juntos está rechazando in limine el juicio político, pero no están los dos expediente de la Coalición Cívica. ¿Acaso no son repudiables?", chicaneó. 

Alejandro "Topo" Rodríguez. 

LPO / Juan Carlos Casas.

Con la fisura de Juntos por el Cambio, el interbloque federal fue el único que exhibió un rechazo pleno al juicio político a la Corte, a través de una resolución del "Topo" Rodríguez. Su bancada la integran además tres diputados por Córdoba -Schiaretti rechazó públicamente el juicio-, dos socialistas santafesinos y otros dos peronistas bonaerenses (Graciela Camaño y Florencio Randazzo). 

La resolución señala que "del análisis de los catorce expedientes no surgen elementos para afirmar que se configure, en ninguno de ellos, alguna de las causales previstas en el Artículo 53 de la Constitución Nacional". Incluye en el rechazo a los dos expedientes de la Coalición Cívica. Es el único caso.

Además, en la comisión, el Topo denunció una violación reglamentaria porque no hubo un tiempo para analizar cada propuesta. "El artículo 9 dice que los informes deben ser considerados por el pleno de la Comisión. Fueron enviados 48 minutos antes, por lo tanto no deberían ser votados hoy", reclamó.

"No hay ningún expediente nuevo. Se investigan los 60 hechos de los expedientes. Si emitió una resolución de rechazo, los debe haber merituado", respondió el oficialista Martínez. En el Frente de Todos creen que el planteo de Rodríguez puede ser la puerta de entrada a una futura judicialización.

La Corte Suprema no puede ser juzgada por el contenido de sus sentencias, si fuera válido esto, cada juez estaría en un candelero permanentemente.

La comisión siguió con un duelo discursivo que se repetirá las próximas semanas. "La Corte Suprema no puede ser juzgada por el contenido de sus sentencias, si fuera válido esto, cada juez estaría en un candelero permanentemente", sostuvo el radical Mario Negri.

El jefe de la principal bancada opositora se molestó por la declaración de Patricia Isasa, torturada durante la última dictadura.  La semana pasada denunció que su represor fue funcionario de Santa Fe cuando Horacio Rosatti fue intendente, entre 1995 y 1999.

"Ramos (el represor) había ingresado en 1987. Es un tema que roza y tiene el objetivo de gastar. Pero Rosatti en 2004 fue ministro de Justicia y Derechos Humanos. Y antes procurador del Tesoro, para reemplazar a un abogado que supuestamente detenía las causas de lesa humanidad", recordó Negri.

Le respondió Leopoldo Moreau, con una nota del diario El Litoral de Santa Fe. "Quienes pedían la expulsión de Ramos eran los concejales radicales, cuando el partido aún defendía las causas progresistas y no se había acomodado a un partido de derecha".

Omar de Marchi (PRO), Mario Negri (UCR) y Juan López (Coalición Cívica)

LPO / Juan Carlos Casas.

También se anticiparon debates sobre las pruebas del  juicio político. Pablo Tonelli, del PRO, insistió con que no se puede juzgar a los jueces por el contenido de sus fallos. "Hay excepciones, como el prevaricato", aclaró. Sostuvo además que el fallo que permitió la salida anticipada de un represor no viola convenios internacionales, "porque se refiere a la pena  y no a la impunidad".

Moreau sostuvo que la única manera de evaluar a los jueces es con sus fallos. "A un juez de primera instancia los evalúa la apelación. A la Corte, la Constitución se lo asigna a esta Comisión". 

Vanesa Siley, del Frente de Todos, consideró que si penalmente se puede analizar un caso de prevaricato en la comisión de juicio político es posible evaluar el desempeño de un juez por el mismo motivo. "Quien puede lo más, puede lo menos", interpretó. 

¿Si aceptamos una prueba ilegítima, cómo seguimos? ¿Vamos a estar con una Stasi (Servicio de Inteligencia de la Alemania comunista) tratando de captar comunicación?

El oficialista Rodolfo Tailhade respaldó el uso de supuestos chat entre jueces, funcionarios judiciales y rechazó el argumento de la oposición sobre que no pueden ser prueba, por haber surgidos de un presunto espionaje ilegal. 

"Si aparece un video con un juez negociando con un narcotraficante. ¿Seguiría siendo juez? No es un tema de la justicia: es de la política", reclamó.

Le respondió el radical Fabio Queqglas. "¿Si aceptamos una prueba ilegítima, cómo seguimos? ¿Vamos a estar con una Stasi (Servicio de Inteligencia de la Alemania comunista ) tratando de captar comunicación?".

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