El Frente de Todos aprobó este jueves la ampliación de los pedidos de prueba del juicio polÃtico a los miembros de la Corte Suprema, que incluyó citaciones al fiscal general de la Ciudad Ignacio Mahiques, a funcionarios del máximo tribunal y a los jueces Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla.
Estos dos últimos serán los primeros en comparecer sobre su intervención en las causas que evalúan si es posible incorporar como prueba de investigación supuestos chats entre el vocero de la Corte Silvio Robles y el ministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro. El Frente de Todos lo considera una muestra de cercanÃa de Horacio Rosatti con el jefe de Gobierno Horacio RodrÃguez Larreta, que habrÃa influido en el fallo que subió la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.
La mayorÃa oficialista que domina la comisión de juicio polÃtico, presidida por la oficialista Carolina Gaillard, ratificó además el entrecruzamiento de llamados de estos funcionarios como medida de prueba. Deberá gestionarlo la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia ante la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), administrada por la Corte Suprema.
Como anticipó LPO, el Frente de Todos respaldó los planteos de la Coalición CÃvica contra el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti y las citaciones del ex titular de la Unidad AMIA Mario Cimadevilla, quien renunció enfrentado al ex ministro de Justicia de Cambiemos Germán Garavano; y de Héctor Marchi, ex administrador general de la Corte Suprema cuando era presidida por el santafesino.
Cimadevilla es amigo de Elisa Carrió, quién lo incorporó como testigo en su pedido de juicio polÃtico original contra Lorenzetti en 2017. Cómo también fue senador de la UCR y miembro de la Magistratura, le pedÃa que expusiera sobre las facultades que Lorenzetti le quitaba a ese organismo para administrar a gusto el presupuesto de la justicia.
Marchi era el brazo ejecutor de esas maniobras y le hizo una demanda civil a Carrió por sus acusaciones.
Juicio a la Corte: el oficialismo suma testigos y planea 20 audiencias
Curiosamente, quien propuso citarlos en la comisión fue el kirchnerista Rodolfo Tailhade. Paula Oliveto, de la Coalición CÃvica, dobló la apuesta y anunció que denunciará en la justicia supuestas presiones de Lorenzetti al Congreso, a partir de notas periodÃsticas que dieron cuenta de diálogos del juez con gobernadores y legisladores del Frente de Todos.
Tailhade le siguió el juego: "Voy a incorporar las entrevistas que hizo Lorenzetti antes que esta Cámara rechazara subirle Ganancias a los jueces, en las que dijo que habÃa hablado con diputados hasta altas horas de la noche", anticipó, ante la incomodidad del resto de los integrantes de Juntos por el Cambio. Hubo más: Oliveto celebró ante sus pares que el kirchnerismo haya ignorado presiones de Lorenzetti y pidiera su juicio polÃtico junto al del resto de los supremos.
La hoja de ruta que resolvió la mayorÃa oficialista empieza el jueves próximo con las citaciones de Ramos y Ramos Padilla, para resolver si puede tomarse como prueba de mal desempeño de los cortesanos supuestos chats entre D'Alessandro y Robles que se filtraron y el oficialismo pide investigar.
Ramos, mientras subrogaba a la jueza MarÃa Eugenia Capuchetti, sostuvo que esas conversaciones no pueden ser tenidas en cuenta porque surgieron de un espionaje ilegal y archivó la causa.
Pero su colega de La Plata Ramos Padilla, ante un pedido del gobernador Axel Kicillof, sostuvo que sà deben investigarse pero le giró la causa por considerar que la competencia originaria es Comodoro Py. Tuvo en cuenta procesos por el mismo tema que están abiertos en La Rioja y Santiago del Estero.
Como anticipó LPO, la semana que viene también serán citados funcionarios de la Corte Suprema que intervinieron en los fallos cuestionados por el Frente de Todos, como el de coparticipación, el que permitió la salida anticipada del represor Luis Muiña y el que reformó la composición del consejo de la Magistratura.
Deberán exponer Cristian Abrita, ex titular de la secretarÃa judicial 5 de la Corte; Sergio Romero, subdirector de gestión interna y habilitación de la secretarÃa general de administración; Silenio Rómulo Romero, secretario judicial 2 Previsional; Alejandro Daniel RodrÃguez, secretario de juicios originarios y a los vacales Roberto Saggese y Adriana Valinotti, que responde a Rosatti.
Por pedido de Leonardo Grosso, se sumarán Guillermo Sebastián Garay, MarÃa SofÃa Sagués, Adrián Esteban Ascárate, Isabel Alducin, Natalia Hilda Monayer, Soledad Castro, todos de la vocalÃa de Rosatti. Por la de Lorenzetti, será citada MarÃa del Carmen BourdÃn, identificada en el mundillo judicial como su vocera.
También comparecerán Sergio Miguel Napoli, de la secretarÃa judicial 4 contencioso; Sebastián Garay, de la secretarÃa de juicios originarios; Gustavo José Naveira de Casanova, secretaria judicial 7 Tributario, aduanero y bancario; Marcelo Julio Navarro, de la secretarÃa 6 Laboral; y Damián Ignacio Font, secretario judicial 1 Civil y Comercial.
El reglamento de la Comisión contempla la posibilidad de mandarlos a buscar por la fuerza si no quieren asistir. Gaillard lo leyó antes de terminar la reunión y Tailhade recordó algunos antecedentes de allanamientos pedidos por el congreso en los 80 y los 90.
El oficialismo enumeró 60 hechos como causales de juicio polÃtico a los miembros de la Corte, que se suman a los 29 de la Coalición contra Lorenzetti. Algunos coinciden, como el manejo presupuestario, de la obra social y de las escuchas judiciales, que en 2015 fueron transferidas desde el Ministerio Público al máximo tribunal.
Los testigos serán indagados por todos los hechos en que tengan incumbencia y sumarán información a cada legajo.
La reunión comenzó con un reclamo de Juntos por el Cambio para no citar a Robles y D'Alessandro, incluidos por el Frente de Todos entre los testigos en la resolución votada hace una semana, pero que no tenÃan previsto convocar para las próximas reuniones.
"No pueden ser citados porque hay causas penales en curso que están investigando si los chat son delito o no. Si vienen, lo único que van a hacer es sentarse y decir: me niego a declarar", sostuvo Pablo Tonelli, del PRO, para quien estas demandas violan el artÃculo 18 de la Constitución, que protege las comunicaciones.
Reclamó además dejar afuera como prueba las conversaciones telefónicas, incluidas en el pedido del oficialismo. "¿Vamos a pedir todas las conversaciones de Tribunales? Esto sólo puede ser con intervención de un juez", exigió Tonelli.
El jefe del oficialismo Germán MartÃnez recordó que esas medidas de prueba ya habÃan sido aprobadas hace 7 dÃas. "No somos fiscales de nadie. Estamos en una etapa probatoria de un potencial juicio. Pero tampoco somos abogados defensores".
Le respondió Juan López, de la Coalición CÃvica. "Nos debemos un debate sobre los alcances constitucionales de la etapa de admisibilidad". Se molestó además porque entre los citados está el fiscal Carlos Stornelli, quien instruyó la mayorÃa de las causas por corrupción del gobierno de Cristina Kirchner; y se piden medidas de prueba para comprobar si Robles y D'Alessandro fueron al cumpleaños del fiscal MahÃques. "¡Son curiosidades para leer en los diarios!".
Tailhade explicó que necesitaban saber porqué Stornelli tomó como prueba válida los cuadernos del ex chofer presidencial Oscar Centeno y no asà los que se filtraron del funcionario de la Corte y el ministro porteño. Y propuso recabar más adelante los videos de la fiesta de MahÃques, pero citarlo para dentro de unas semanas. No habló de Robles y D'Alessandro. "No sé porqué aparecen ustedes como defensores antes de tiempo", se indignó.
El diputado aclaró que el entrecruzamiento de llamadas no incluye el contenido de las comunicaciones, sino el dato de los contactos. "Por ahà nos encontramos un llamado con Larreta, que tiene un caso en la Corte", ironizó. Su par Leopoldo Moreau explicó que la Dirección de Escuchas de la Corte tiene un acuerdo con la bicameral de fiscalización de inteligencia que él preside y en tal caso puede librar los oficios. "Pero esa comisión actúa en forma reservada", aclaró Graciela Ocaña, cercana a Larreta.
Tailhade sumó entre los posibles citados al senador José Torello y Fabián "PepÃn" RodrÃguez Simón, prófugo en Uruguay. Los acusa de haber acordado con Carlos Rosenkratz el fallo del 2x1 que permitió la salida anticipada del represor Luis Muiña. Eran los asesores judiciales de Macri.
"Si les parece podemos pedir a Interpol para tener un zoom con PepÃn", chicaneó antes de cerrar la reunión, en la que se tuvo votar cada ampliación de testigos. Hubo diputados radicales y del PRO que no quisieron levantar las manos por las propuestas de la Coalición CÃvica.
Alejandro "Topo" RodrÃguez, jefe del interbloque federal, la fuerza que tuvo la posición más dura contra el juicio polÃtico, volvió a incomodar al peronismo: propuso citar al presidente Alberto Fernández, por ser el impulsor del juicio a la Corte. MartÃnez le recordó que podrÃa responder por escrito pero se votó igual y se rechazó. La mayorÃa oficialista alcanza para manejar la agenda. Que tiene varios meses por delante.
