El Partido Obrero se diferenció de sus socios del Partido de los Trabajadores Socialistas y consideró que Cristina Kirchner tiene responsabilidad en la corrupción en la obra pública  como señala el pedido de 12 años de detención de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. 

"El Partido Obrero no comparte las aseveraciones de otras fuerzas políticas que integran el Frente de Izquierda, que declaran que no está probada la corruptela del kirchnerismo", señala un comunicado firmado por la diputada nacional Romina del Plá y el legislador porteño Gabriel Solano, referentes del Comité Ejecutivo nacional. 

El texto se titula: "Corruptela y persecución, las dos caras de un régimen en descomposición" y le sirve al PO para desmarcarse del PTS, que tiene a los otros 3 diputados de la izquierda: Nicolás del Caño, Miriam Bregman y Alejandro Vilca. 

"El entramado de corrupción que envuelve al kirchnerismo es innegable y tiene un carácter estructural dadas sus relaciones de fondo con la clase capitalista. Negar este hecho coloca a la izquierda como furgón de cola de una fuerza política en descomposición", remarcó el PO. 

Un sector de la izquierda rechaza el pedido de detención a Cristina 

"Nuestro rechazo al pedido de una condena proscriptiva no debe confundirse con un apoyo político al operativo político del kirchnerismo. Por el contrario, llamamos al conjunto del movimiento popular a enfrentar el ajuste en marcha que tiene en el kirchnerismo un pilar fundamental y a romper filas con el peronismo que gobierna para el FMI y el gran capital", convocaron. 

De todos modos, en el comunicado aclaran que el pedido de 12 años de detención a Cristina Kirchner  "está lejos de alcanzar la trama de corrupción que se ventiló parcialmente en el juicio". 

El entramado de corrupción que envuelve al kirchnerismo es innegable y tiene un carácter estructural dadas sus relaciones de fondo con la clase capitalista. Negar este hecho coloca a la izquierda como furgón de cola de una fuerza política en descomposición.

Y que "la cartelización de la obra pública, el negociado en el manejo de los subsidios a las empresas de transporte público, el manejo de los negocios en la energía y de las empresas privatizadas, las permanentes y sistemáticas renegociaciones de la deuda pública alcanzan a todos los gobiernos de las últimas décadas y a la clase capitalista nacional y extranjera que se benefició con ello". 

"La responsabilidad en este proceso de la actual vicepresidenta es innegable, del mismo modo que lo es la de Mauricio Macri y los funcionarios de su gobierno", reclamaron en el PO. 

Consideraron que "el hecho de que el pedido de condena alcance solo Cristina Kirchner y funcionarios y empresarios de menor envergadura dejando de lado a los sectores capitalistas más consolidados y al personal político del macrismo deja ver el carácter parcial y manipulado del proceso judicial en curso y la intención de proceder a una medida proscriptiva en el plano político contra la actual vicepresidenta".

"Mientras el kirchnerismo denuncia un golpe de la derecha ajustadora, lo que ocurre es lo contrario: él mismo está gobernando con el FMI y la embajada norteamericana. El pedido de condena se produce cuando el gobierno, con aval del kirchnerismo, anuncia un salario mínimo de 57.900 pesos (en noviembre), menos de la mitad de la canasta básica, recortes en educación, salud y vivienda y nombra a un representante del capital financiero y el FMI en el cargo de viceministro, representante que además viene de pedir la prisión para la vicepresidenta". 

"La ofensiva judicial condiciona este proceso, presionando para que el kirchnerismo avale abiertamente esta política. Lejos de enfrentar un supuesto golpe, Cristina viene de reunirse varias veces con Marc Stanley, el embajador yanqui. El intento del conjunto del oficialismo de colocar, para el movimiento popular, la defensa de Cristina como el eje de la situación política es reaccionario, busca desviar las luchas contra el ajuste y una absolución política del kirchnerismo en relación a su responsabilidad en la orientación del gobierno".

"La causa judicial deberá atravesar diferentes etapas. La última palabra la tendrá la Corte Suprema, que gana con la situación una capacidad de arbitraje extraordinaria sobre la situación política. En América Latina, el poder judicial ha sido la vía para golpes antiobreros. El kirchnerismo tampoco puede mirar para otro lado sobre la composición de este poder judicial, que fue conformando en gran parte por designaciones de jueces y fiscales pactadas a lo largo de 12 años de su gobierno", finalizaron.