La ley de compre argentino, que aumenta los márgenes de preferencia para contratar empresas locales en las licitaciones, obtuvo dictamen este martes en Diputados sin el respaldo de Juntos por el Cambio ni de los cordobeses vinculados al gobernador Juan Schiaretti, a quien el presidente Alberto Fernández intentará persuadir para que pueda ser aprobada en el recinto.

No lo tiene garantizado, porque el diputado de Córdoba Federal Ignacio García Aresca, que integra la comisión de presupuesto, se ausentó al momento de la firma y dejó la incógnita para el recinto. Reclama mejorar el porcentaje de preferencia para las pymes y garantizar el pago a tiempo, entre otras cosas. 

En el oficialismo creen que son excusas, porque en realidad Schiaretti no se atreve a acompañar la ley para no quedar pegado al Gobierno. Pero apuestan a una presión final del presidente, quien en su última visita a Córdoba le pidió respaldo para las leyes industriales que benefician a su provincia. 

El gobierno cedió a la presión de Juntos y excluyó al Pami de la ley de compre argentino 

Sí firmó el misionero Diego Sartori y si logra arrastrar al resto de los partidos provinciales, al Frente de Todos le restarían 6 votos para la mayoría. El interbloque federal, que integran los cordobeses, tiene 8 votos. 

La otra alternativa que evalúan los operadores del Frente de Todos es jugarse a aprobar la ley con menos votos y la complicidad del quórum de una parte de la oposición. Recuerdan que los gobernadores del norte pidieron esta ley, entre ellos el jujeño Gerardo Morales, presidente de la UCR. 

Aun así, Juntos por el Cambio presentó un dictamen de rechazo, disconforme por no contar con un informe técnico que justifique aumentar el gasto público para adquirir bienes locales. Según el Gobierno permitirá ahorrar 500 millones de dólares, pero no mostró documentos para respaldarlo. 

Esta ley es admitir que el Estado compre con un sobreprecio de más de la tercera parte en las contrataciones sin fundamentación alguna. 

Sólo aceptó eliminar la incorporación del Pami como organismo habilitado a comprarle más caro a las empresas argentinas y excluir a empresas con alguna condena judicial, la última incorporación anunciada por el diputado Marcelo Casaretto, a cargo de coordinar el debate. 

El proyecto es una modificación de la última versión del compre nacional, aprobada en 2017 para eleva las preferencias de 8% a 15%; y de 15% a 20 para las mipymes. Se trata de los porcentajes sobre los que las compañías locales se pueden exceder en la oferta de precio en las licitaciones y aún así resultar favorecidas. Se agrega un 3% a empresas que promuevan el ascenso de mujeres. 

Uno de los aspectos de la iniciativa que más ruido hizo en la oposición fue la habilitación al ministro de desarrollo productivo Matías Kulfas de subir los márgenes hasta 10 puntos si se trata de bienes estratégicos, definidos como aquellos que pueden provean empleos de calidad, sean innovadores o mejoren la balanza comercial. 

Juan Schiaretti con el diputado Ignacio García Aresca. 

En Juntos no aceptan esa facultad como tampoco la creación un observatorio de proveedores locales y un fideicomiso para financiarlos. "Hablamos del compre caro, porque con esta ley vamos a terminar pagando mucho más en las licitaciones de lo que son los precios del mercado. Es admitir que el Estado compre con un sobreprecio de más de la tercera parte en las contrataciones sin fundamentación alguna", anunció el rechazo Alejandro Cacace, de Evolución Radical.

"¿No sé por qué dicen que es compre caro? en todo caso en el 2018 también era compre caro. Nadie habló del precio testigo que estamos obligados a consultar a la OMC y que marca el límite hasta que el Estado debe y puede comprar. Este margen de preferencia no quita del medio la responsabilidad de los funcionarios que tiene la obligación de enviar formalmente cuando las licitaciones pasan el monto de los precios testigo", respondió Victoria Tolosa Paz. 

"No disfracemos un subsidio a las pymes con un beneficio que se llama de compre caro, porque si queremos beneficiar a las pymes debemos buscar políticas que beneficien a todas. Esta ley genera un sobreprecio en detrimento de la sociedad toda", respondió la macrista Laura Rodríguez Machado. 

"Si queremos beneficiar a las PyMes, ¿por qué no damos beneficios tributarios y beneficiamos a todas en lugar de beneficiar solo a las que van a contratar a través del Estado?", propuso la santafesina Germana Figueroa Casas, también del PRO. 

"Se me complica entender, dicen una cosa y después otra. Hablan de caro y hay que explicar qué es caro. Las leyes se hacen siempre o deberían hacerse con el criterio de proteger a los sectores más débiles porque los poderosos no necesitan las leyes: tienen mercado, porque ganan con el mercado", respondió Carlos Heller.