Alberto Fernández está seguro de tener los votos para aprobar el acuerdo con el FMI, por el respaldo de los gobernadores y el compromiso de no obstrucción de la oposición. Pero el mejor escenario la tendrá recién cuando envíe el texto, porque legisladores de todos los bloques lo quieren leer bien antes de tener una definición. 

Las demandas son disímiles: mientras en el oficialismo intentarán dilucidar cómo hará Martín Guzmán para bajar el déficit, en Juntos recomiendan reducir el acuerdo a la refinanciación de la deuda y dejar las metas fiscales y monetarias para el presupuesto. Será imposible dejar contentos a todos. 

Según fuentes de Hacienda, el acuerdo estará en la primera semana de marzo y será una ampliación del anuncio del 28-E, o sea, un mix de las demandas parlamentarias: no tendrá hasta el último número de las proyecciones macroeconómicas, pero tampoco las ignorará.  No puede esperar mucho más, porque el 21 de ese mes lo necesita sancionado para no afrontar un pago de 2800 millones de dólares.

Alberto deberá someter al Congreso el acuerdo con el FMI para que tenga validez

Como explicó LPO, el acuerdo llegará en formato de tratado internacional, adjuntado a un proyecto de ley que en su articulado propone aprobarlo. Es decir, su contenido no se podrá modificar. Es por eso que desde el oficialismo y la oposición lanzaron advertencias sobre lo que no quieren leer y en la Rosada supieron que no podrán dejar contentos a todos.

"No variará mucho del anuncio", señalan cerca de Guzmán. Por lo tanto, contendría los detalles de los desembolsos del Fondo para pagar cada cuota pendiente y las pautas comprometidas en ese anuncio. 

La principales son la reducción del déficit a 2.5% del PIB (el presupuesto rechazado en diciembre lo fijaba en 3.3), con bajas de 1.5% en 2023, 0.9% en 2024 y equilibrio en 2025.

En Juntos prefieren un acuerdo que se restrinja a la refinanciación, sin pautas macroeconómicas. En el oficialismo están preocupados por los compromisos de ajuste. No hay lugar para artículos "sorpresa". 

También hay una promesa de reducir la asistencia monetaria del Banco Central al 1% del PIB (fue de 3.7% en 2021), a 0,6% en 2023 y a 0 en 2024. Además de un compromiso de tener tasas de interés reales positivas.

La ley sancionada hace un año no exige tanta información. Solo obliga al Gobierno a someter al Congreso "un programa de financiamiento u operación de crédito público" con el FMI o "cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones". La Constitución, en tanto, delega en el Congreso las decisiones sobre "deuda interior y exterior".

En charlas informales y en sus apariciones mediáticas, los referentes de la oposición le recomendaron al Gobierno restringir el acuerdo al cronograma de desembolsos y dejar los otros números para leyes futuras, como el presupuesto, que deberá incorporarlos de todos modos y ser sometido al Congreso, que esa vez sí podrá modificar artículos a gusto. 

La presidenta del PRO Patricia Bullrich con el senador Alfredo Cornejo (UCR) y el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica)

No es un reclamo inocente, porque las pautas fiscales y monetarias anunciadas por Guzmán abarcan el próximo Gobierno, que se vería ante dos alternativas: incorporarlas a cada uno de sus presupuestos o renunciar al acuerdo con el FMI y romper relaciones con 190 países. Nadie tomaría la última opción. 

Guzmán no explicará en el proyecto que envíe al Congreso cómo se bajará el déficit, pese a que el jefe de los senadores José Mayans se lo reclamó al representante ante el FMI Sergio Chodos, cuando lo recibió en su despacho hace 15 días.

"Hay mucha esperanza en el crecimiento de la economía", ironizó el formoseño este lunes, en una entrevista a El Destape. Y dijo que le pidió a Chodos y a Guzmán "los detalles del acuerdo, para saber en qué compromiso vamos a meter al país". Por si acaso, Alberto enviará el proyecto a Diputados, donde hay 30 oficialistas que no lo votarán, pero el respaldo de la UCR y la Coalición Cívica sobra para garantizar una mayoría.

El temor de una buena parte del Frente de Todos (no sólo el kirchnerismo duro) es que las revisiones trimestrales que haga el FMI obliguen a aumentar el ajuste si los pronósticos de crecimiento del ministro no se cumplen. Es lo que le llaman "letra fina". Para estudiarla mejor, Cristina pidió que el debate no empiece en el Senado.  

"Cristina y los senadores no se endurecen para bloquear la ley, sino para que Alberto lo piense dos veces antes de ajustar, porque no va aprobar el presupuesto", explican en el Congreso. La vicepresidenta Mayans coinciden en que los ministros de Economía suelen equivocarse más de la cuenta cuando no se los controla. "Hay que hacer lo mejor para el país", resume la ex jefa de Estado. 

Otra recomendación que recibió Guzmán de legisladores oficialistas es no incluir "artículos sorpresa", tales como modificaciones de leyes o aumentos de impuestos, que Juntos ya advirtió que no aceptará. Es una trampa habitual en los presupuestos, que en este caso sería suicida. Alberto ya lo sabe.