La diputada radical, Jimena Latorre, se presentó en la audiencia pública convocada por la Secretaría de Energía para debatir una nueva tarifa del gas y estimó que debería aumentar un 65% si se cumplen los parámetros del proyecto de presupuesto enviado por Martín Guzmán y rechazado en el Congreso. 

La cifra es menor a la suba del 20% que el Gobierno estaría dispuesto a autorizar y no contempla posibles ajustes para cumplir con la reducción del déficit comprometida con el FMI, que según anunció el ministro será de 2.5% del PBI, 0,8% menos que su propia estimación.

"Con las estimaciones del informe se requerirán al menos $81.000 millones más que lo presupuestado para 2022. De lo contrario deberán sincerar aumentos del 65% en la tarifa de gas. O sincerarle al FMI que no cumplirán con las metas de reducción del déficit fiscal", señaló Latorre.

Guzmán negó el viernes que el acuerdo con el FMI contemple un retoque de tarifas, aunque el propio organismo lo incluyó entre los que deben reducirse para cumplir con las metas fiscales. 

En su última visita al Congreso para exponer el presupuesto, el ministro dijo que se ajustarían mediante un sistema de segmentación que todavía no fue informado. Si bien el presupuesto fue rechazado en Diputados, se prorrogó el de 2021 y la actualización de las partidas, se estima, no debería diferir de las previstas en la ley redactada en Hacienda. 

La diputada Latorre, una de las expertas en temas energéticos de Juntos por el Cambio, expuso en el encuentro virtual presidido por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla, y moderado por la asesora legal de la repartición, Verónica Tito. 

Con las estimaciones del informe se requerirán al menos $81.000 millones más que lo presupuestado para 2022. De lo contrario deberán sincerar aumentos del 65% en la tarifa de gas. O sincerarle al FMI que no cumplirán con las metas de reducción del déficit fiscal.

El debate no es vinculante, pero sirve para evaluar qué porcentaje del precio del gas en el "Punto de ingreso al Sistema de Transporte" PIST) pagará el Estado Nacional a través de subsidios y su eventual incidencia en el precio final del gas y en el déficit fiscal. Latorre recordó que los entes reguladores están intervenidos desde 2004, a través de un decreto que previó un retorno de los precios libres pero nunca lo cumplió. 

Y sostuvo que faltan "elementos esenciales para determinar con cuanto va a intervenir el Tesoro", porque este lunes vence una nueva prórroga del plazo para renegociar la sexta adenda del contrato de importación de gas de Bolivia suscripto entre IEASA y YPFB. 

Otro interrogante que planteó fue sobre los fondos dado que: "no sabemos con certeza como va a estar compuesta la oferta y eso plantea serias dificultades cualquier previsibilidad acerca del costo fiscal que insumirá absorber una porción de esos precios", señaló.  

De todos modos, con la información pública disponible, la mendocina no consideró posible que se cumpla con el 20% que dejó trascender el Gobierno. 

"El precio actual del gas en la tarifa ponderado es de $6.16 m3; ello implica que hoy esa porción a cargo del Tesoro Nacional es del 71%. De continuar en ese sendero, se necesitan $81.000 millones adicionales a los proyectados en el presupuesto rechazado de 2022", enumeró. 

"El 2021 cerró con subsidios energéticos cercanos a los 11 mil millones de dólares. En este escenario los subsidios para 2022 se elevarían por encima de los 15 mil millones de USD. Para respetar lo proyectado este año, la actualización del precio del gas deberá ser de al menos un 91% y cubrir un 44% en lugar del 71%. Llegaría a $11,77 el m3 y eso implica un aumento trasladado a tarifa final de al menos un 65% y no un 20% como afirma el kirchnerismo", sostuvo Latorre.

"Sería de una gran honestidad intelectual de los funcionarios a cargo, que llamen a la ciudadanía a participar de la toma de decisiones con base en la verdad que arrojan los datos objetivos, en lugar de continuar con un relato que a esta altura resulta a todas luces insostenible", completó su exposición.