La mayoría oficialista del Senado, construida entre propios del Frente de Todos y aliados de partidos provinciales, aprobó este miércoles una pensión por única vez para los familiares de las víctimas de la represión policial de diciembre de 2001.

Se trata de un proyecto enviado por Alberto Fernández, que no estaba incluido en el temario pero ante la ausencia de la oposición, la jefa oficialista Anabel Fernández Sagasti propuso sumarlo al final de la sesión y aprobarlo.

Fue posible porque sin Juntos por el Cambio en el recinto, el oficialismo no sólo tenía mayoría sino también los dos tercios para aprobar la ley que quisiera, tuviera o no dictamen de comisión. Es habitual que los bloques que no logren impedir el quórum ingresen al recinto para evitar esta situación, pero en el Senado no está siendo el caso. 

El Senado sancionó el presupuesto 2023 sin la presencia de Juntos por el Cambio 

De hecho, durante toda la tarde corrieron versiones en el oficialismo de leyes que se aprobarían al final de la sesión, pero sus líderes prefirieron prudencia por los tres aliados de partidos provinciales que siempre ayudan con los votos para los temas clave.

Oscar Parrilli presionó desde el martes para sumar sus proyectos dictaminados como el de iniciativa popular, pero en el bloque no le dieron el gusto. 

Tan fuerte eran los rumores sobre un temario paralelo, que luego de aprobarse el presupuesto con los 37 votos justos el correntino Carlos Espínola se levantó de su banca para irse. Fernández Sagasti le pidió quedarse y sólo incorporó la ley para reparar a familiares de víctimas de la represión de 2001, un golpe bajo a la UCR, que no estaba presente.

Carlos Espínola y Guillermo Andrada. 

LPO Juan Carlos Casas

"Sabemos que una compensación económica no devuelve la vida a aquellas personas que la perdieron en la gravísima represión sufrida por ciudadanos y ciudadanas esos fatídicos 19 y 20 de diciembre de 2001. Pero, obviamente, entendemos que, además de una reparación económica, también resulta una reparación saber que el Estado se hace cargo de la represión fatal de esos días 19 y 20 de diciembre", sostuvo la mendocina.

La ley establece un beneficio por única vez, "en concepto de indemnización", para "herederos y las herederas o derechohabientes de las personas que fallecieron como consecuencia de la represión desplegada por el Estado, en las manifestaciones de protesta ocurridas, en todo el territorio nacional, los días 19 y 20 de diciembre de 2001".

Y también "para las personas que sufrieron lesiones gravísimas en las mismas circunstancias o, en su caso, para sus herederos y herederas o derechohabientes". Los beneficios serán cobrados por los herederos o por quienes puedan acreditar haber sufrido lesiones gravísimas durante esas jornadas. 

Los derecho habientes recibirán "una indemnización equivalente a la remuneración mensual de los agentes Nivel A - Grado 0 del Escalafón del Personal de los empleados públicos, modificatorios y complementarios, multiplicado por el coeficiente cien". 

Los lesionados que permanezcan con vida recibirán un 30% menos. Y en todos los casos deberán desistir de acciones judiciales pendientes.