Los diputados del PRO se reunieron este miércoles a debatir los alcances del acuerdo con el FMI anunciados por Alberto Fernández y decidieron no adelantar una posición hasta tanto no llegue al Congreso la letra chica, aunque un sector del bloque insiste en no votarlo si Máximo Kirchner y sus seguidores no lo hacen. 

De esta manera, se diferenciaron de la UCR y la Coalición Cívica, que este fin de semana definieron acompañar cualquier acuerdo que se firme para evitar el default, sin importar si el oficialismo tenga unanimidad, una posición que le allanaría el camino a Alberto Fernández para contar con la ley.  El jefe de la bancada Cristian Ritondo la trasladará a la mesa del frente, que este jueves se reunirá para volver a discutir sobre el tema. 

Ritondo convocó a la reunión luego de la polémica que provocó la presidenta del PRO Patricia Bullrich, cuando anunció que Juntos por el Cambio no votará el acuerdo si no lo hace la totalidad del Frente de Todos, algo que con la rebelión de Máximo se sabe que no ocurrirá. 

Proponía derogar la ley que obliga a Alberto a pasar por le Congreso y permitirle manejarse por decreto. El presidente de la UCR Gerardo Morales y Elisa Carrió anunciaron que sus diputados garantizarán la ley y evitarán el default. 

La reunión de los diputados se llevó a cabo la sala 3 del Anexo C de la Cámara baja, donde expusieron el diputado Luciano Laspina y el ex ministro de Economía Hernán Lacunza. También habló como invitado especial Ricardo López Murphy, que integra el frente con el monobloque Republicanos Unidos. 

Morales se pliega a Carrió y pide que Juntos no trabe el acuerdo con el FMI

"Nadie puede decir cómo va a votar un texto que no conoce. El acuerdo con el FMI es con 184 países que lo integran, es decir, se trata de un diálogo internacional que no puede estar sometido a caprichos de la política interna ni de cuestiones ideológicas superadas", subrayó Cristian Ritondo, jefe del PRO, en la presentación de la reunión junto sus 50 dirigidos. 

Laspina remarcó que el acuerdo aún no se conoce y por lo tanto no tiene sentido alguno tomar posición por las metas que Guzmán se comprometió a aceptar para que el FMI le refinancie el crédito. "Lo que sabemos es que no hay cambios de fondo en las principales políticas del kirchnerismo, pero al menos le pone un freno al descontrol monetario y fiscal que viene haciendo el gobierno", destacó. 

Nadie puede decir cómo va a votar un texto que no conoce. El acuerdo con el FMI es con 184 países que lo integran, es decir, se trata de un diálogo internacional que no puede estar sometido a caprichos de la política interna ni de cuestiones ideológicas superadas.

Mientras que Lacunza manifestó que "el Gobierno debe presentar un plan lógico para que lo acompañemos", pero que se necesitan conocer pautas de cómo bajará el déficit fiscal sin dar pautas de cómo hacerlo, "porque, paralelo a ello, afirman que van a aumentar el gasto público".

Entre los diputados PRO sí hubo una unanimidad en esperar que llegue el texto definitivo para pronunciarse, aunque varios no quieren saber nada con votarlo si Máximo no vuelve a hablar. 

"Si el oficialismo no puede convencer a su propia coalición, será difícil después cumplir con las metas planteadas. Para que sea viable primero debe haber consenso interno en el oficialismo", sostuvo ante LPO uno de los referentes económicos de la bancada.

Otra duda de los diputados era qué texto enviará finalmente Guzmán, porque la ley sancionada hace un año lo obliga a buscar aval del Congreso para refinanciar deuda, pero no es necesario que apure metas macroeconómicas a libro cerrado. En tal caso, podría enviar otro proyecto de presupuesto. 

De hecho, una postura del PRO es no votar aumentos de impuestos y en caso de ser incluidos en un acuerdo lo pondrían en riesgo. Si sólo envían una autorización para un roll over (tomar deuda para pagar otra), la mayoría lo aprobarían.  

Algunos creen que podría enviar una ley para que se lo faculte a negociar, como hizo en 2020 para cerrar con los bonistas. "En insólito que ahora estemos aprobando metas a fiscales a cuatro años. Que las cumpla con su gestión y listo", sostienen.