El juramento de Manuel García Mansilla como juez de la Corte Suprema, en una ceremonia protagonizada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, cayó como una bomba en el interbloque de senadores de UP, que baraja distintas opciones para detonar el plan de Javier Milei. "Lo de hoy fue un golpe institucional contra el Senado", dijo un legislador del interior este jueves.

Desde la bancada liderada por José Mayans expresaron ante LPO que "hay que rechazar el pliego de García Mansilla", al tiempo que distinguen la situación de Ariel Lijo. "Lijo, en sí mismo, no es el problema", explican.

La asunción del abogado al que le atribuyen la representación de empresas del sector hidrocarburífero fue tomada como una afrenta por casi toda la oposición al gobierno, pero podría derivar en una crisis institucional que obligaría a los libertarios a negociar. 

En el bloque de la UCR, de hecho, interpretan que los nombramientos de Lijo y García Mansilla en comisión fueron una maniobra diseñada con el objetivo de fortalecerse contra el kirchnerismo, que reclama la ampliación del máximo tribunal o un acuerdo más grande desde que Cristina Kirchner congeló el pliego del juez federal el 28 de agosto pasado.

Milei tiene a su primer juez de la Corte: Rosatti le tomó juramento a García Mansilla

La mirada coincide con la de un compañero de bloque de Mayans, que desliza que habría que rechazar las designaciones del primer mandatario "para que sean uno y uno", en referencia a la pertenencia o identificación política de los cortesanos a postular. Además, agrega: "A la UCR hay que darle el Procurador General o Defensor General, hay que ir a un gran acuerdo que el gobierno por ahora resiste".

Entre los radicales también admitieron que "se están dando conversaciones cruzadas, manejando alternativas". "Están hablando todos con todos", reconocieron.

Abad y Lousteau en el recinto.

LPOJuanca Casas

Al cierre de esta nota, no se descartaba tampoco que los senadores forzaran la convocatoria a una sesión para rechazar el pliego de García Mansilla, mientras Victoria Villarruel permanecía enfocada en el acto de apertura de sesiones ordinarias. "Todavía no recibimos ningún pedido de sesión", dijeron cerca de la Vicepresidenta.

La bronca en la Cámara Alta podría contribuir a que se juntaran dos tercios para poner en tratamiento el expediente del nuevo cortesano, que ni siquiera reunió suficientes firmas para llegar al recinto. Si el plan fuera hundir al magistrado recién juramentado, bastaría con 25 votos en contra sobre los 72 totales y esa suma se logra apenas con la fracción que controla Cristina.

Anabel Fernández Sagasti, por caso, tuiteó este jueves el video de su pregunta a García Mansilla cuando se presentó ante la comisión de Acuerdos, el 28 de agosto. La mendocina preguntó si asumiría en caso de ser designado en comisión y el recién juramentado respondió: "Yo no hubiera aceptado una nominación en comisión porque, más allá que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones que son discrecionales del Presidente".

Entre los senadores peronistas se ilusionan con la chance de que, volteando a García Mansilla, la Casa Rosada deba admitir la conversación para designar a un juez que los exprese. "Si se trata el pliego de Lijo y la otra vacante la pone el peronismo, lo votamos los 34", argumentó uno de ellos, y estimó que el juez federal todavía cosecha entre 10 y 15 apoyos y entre 15 y 20 rechazos dentro de UP.

El problema es que el gobierno parece decidido a seguir adelante, pese a la transgresión de los límites institucionales y la división de poderes. "Habría que ver si el gobierno retira los pliegos para que no se los rechacen o los deja y apuesta a conseguir el acuerdo antes que se caigan en noviembre", planteó un camarista, y consignó: "si retira los pliegos, también es un signo de debilidad porque estaría reconociendo que no los va a poder sostener y cualquier fallo judicial carecería de legitimidad".

En la jura de García Mansilla, estuvo presente el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, junto a los secretarios del Palacio Talcahuano. Número dos de Santiago Caputo, su aparición en las fotos de la ceremonia era interpretada en Comodoro Py como una manifestación del orgullo oficialista por haber puesto un representante de los libertarios en el máximo tribunal.