El diputado lavagnista, Alejandro "Topo" Rodríguez, presentó un proyecto de resolución para pedirle al Gobierno solicitar un informe a la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del Fondo Monetario Internacional que determine si el préstamo otorgado a Mauricio Macri en 2018 se fugó al exterior del país.

De comprobarse, el diputado entiende que el Gobierno podría evitar exigencias del FMI durante las revisiones trimestrales del acuerdo avalado por el Congreso y aprobado la semana pasada por el staff del organismo. La primera es en mayo. 

"Cualquier fuerza que sea gobierno en 2023 agradecería las eventuales conclusiones de una investigación, porque detectará errores, desvíos y malas prácticas que no deberían repetirse", sostuvo ante LPO Rodríguez, quien preside el interbloque federal.

Ese grupo lo integran 8 diputados y se completa con otros 2 peronistas disidentes de Buenos Aires (Graciela Camaño y Florencio Randazzo), tres cordobeses cercanos al gobernador Juan Schiaretti y dos socialistas santafesinos. Si el proyecto recibe respaldo del oficialismo y sus aliados habituales, habría una mayoría para aprobarlo.

Cualquier fuerza que sea gobierno en 2023 agradecería las eventuales conclusiones de una investigación, porque detectará errores, desvíos y malas prácticas que no deberían repetirse.

La OEI fue creada en 2001 para realizar evaluaciones "objetivas e independientes" sobre las operaciones del FMI y trabaja con independencia de la gerencia y del directorio del organismo.

En este caso, debería determinar si los 45 mil millones de dólares aprobados en el stand by aprobado en 2018 salieron de Argentina, lo que violaría el artículo 6 del convenio constitutivo, que señala que "ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital".

También determina que el organismo "podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo".

Rodríguez aclaró a LPO que no se trata de una investigación judicial sino "técnica", con el objetivo de determinar si el FMI no ajustó los controles necesarios para evitar una salida de los dólares que prestó.

De ser así, entiende que hasta se podría reescribir el acuerdo firmado por el ministro de Hacienda Martín Guzmán con el FMI o, en el mejor de los casos, rechazar nuevas exigencias fiscales y monetarias que surjan en las auditorías. 

En diciembre, el ministro celebró una Evaluación Ex Post (EEP) del FMI que confirma la fuga del dinero del préstamo al exterior, pero la adjudica a "residentes" y no hace alusión a la posible salida de capitales institucionales. El propio Macri reconoció en noviembre que usó el dinero para renovar los préstamos de los Bancos Comerciales. 

En su proyecto, Rodríguez recuerda que en ese informe, el propio FMI señala que "muchos directores consideraron que una evaluación del Acuerdo Stand-By con Argentina por parte de la Oficina de Evaluación Independiente podría haber complementado las conclusiones de la EEP". Es lo que le pide al Gobierno impulsar.