La mayoría oficialista que domina la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados citó para el martes 11 de abril a periodistas que en 2017 escribieron sobre una supuesta presión del gobierno de Mauricio Macri a la Corte Suprema para emitir el fallo que permitió la salida anticipada del represor Luis Muiña, a partir de la aplicación del beneficio 2x1.

Pero en la lista no está Jorge Lanata,  quien en esos días detalló en una columna del diario Clarín que José Torello y Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, asesores jurídicos de Macri durante su presidencia, negociaron el fallo con los jueces de la Corte. Los diputados oficialistas citaron ese artículo en las audiencias pero prefirieron no citar al autor.

Juicio a la Corte: citan el ex ministro Garavano y a periodistas para explicar el vínculo de Macri con los jueces 

La hipótesis del oficialismo (y una de las causales de juicio político a los jueces) es que el voto decisivo de Elena Highton de Nolasco para el fallo Muiña fue posible por la decisión de Macri de no apelar un amparo de la jueza y permitir que seguiera en la Corte pese a haber cumplido 75 años, el límite permitido por la Constitución. 

Sobre esa hipótesis declarará en la próxima audiencia el ex ministro de Justicia Germán Garavano, quien ya confirmó su presencia. Y luego será el turno de los periodistas Irina Hauser, Luciana Bertoia, Martín Granovsky, Silvana Boschi e Ignacio Miri. Todos escribieron sobre el polémico fallo 2x1, que tuvo un amplio repudio popular y derivó en una ley del Congreso votada por unanimidad para prohibir la salida anticipada de represores.

Lanata no estará para contar su versión de los hechos, pese que fue la más citada. "No queremos regalarle un show", fue la frase de uno de los diputados oficialistas de la comisión que logró sumar mayoría en un áspero debate interno. Hubo un sector más duro, representado en Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, que prefería ver al periodista estrella en el Congreso respondiendo preguntas. Quedó en minoría.

Hubo un debate entre los oficialistas que integran  la Comisión de Juicio Político sobre si convenía invitar a Lanata y la mayoría prefirió que no declarara. "Le estaríamos regalando un show", plantearon. 

Tampoco la citación garantizaba la presencia de Lanata, porque en las últimas reuniones hubo varios faltazos y por ahora la Comisión no pidió traer a nadie por la fuerza, como lo habilita su reglamento.

Hasta hubo un acto de rebeldía público como el del abogado Jorge Mazzeo, citado como testigo por sus chats con el ex ministro de Seguridad de la Ciudad Marcelo D'Alessandro. Anunció por twitter que no iba y no le pasó nada.

La nota que más detalles dio sobre el supuesto pacto entre Macri y la Corte para liberar represores fue publicada por el fallecido Julio Blanck, también en Clarín.

Cuenta que el fallo Muiña fue pergeñado por el juez Carlos Rosenkrantz, quien hasta tuvo reuniones con Garavano e intervino para que el Gobierno permitiera la continuidad de Highton.

Con recursos periodísticos para evitar afirmaciones, Blanck menciona el rol clave en las negociaciones de Torello y Pepín, quienes en la última reunión de la comisión se negaron a comparecer como testigos. El primero se escudó en sus fueros como senador y el segundo en su condición de refugiado en Uruguay.  

LPOJuan Casas

Miri, editor de Clarín, escribió sobre la decisión de Garavano de no apelar el amparo de Highton. De todos modos, el secreto de la fuente que tienen los periodistas les permitirá hablar poco y nada.

El martes 11 será la última reunión sobre el fallo Muiña, un civil que durante la última dictadura militar se dedicaba a torturar en el hospital posadas. Sus prácticas fueron detalladas por la víctima Gladys Cuervo, quien también adhirió a la hipótesis del Gobierno sobre una presión de Garavano a la Corte para dejarlo libre. 

"Era una amnistía encubierta y lo eligieron porque no era conocido", los acusó. Las cuentas son simples: el 2x1, una ley que ya estaba derogada en 2017, reduce la mitad las condenas y de haberse repetido entre los condenados por lesa humanidad la mayoría hubiera vuelto a sus casas. Después del fallo Muiña hubo una lluvia de amparos que recién se frenó con la ley sancionada en el Congreso. 

El fallo fue redactado por Federico Morgenstern, experto en temas penales en la vocalía de Rosenkrantz, quien en la última sesión expuso como testigo y consideró "alocada" la hipótesis de una negociación con el Gobierno. 

Pero para el oficialismo dejó algunos detalles válidos para la acusación, como la confirmación de que la única vez que habló con Highton en privado fue para explicarle los argumentos para liberar a Muiña. Logró que fuera la tercer y decisiva firma para conseguir la mayoría, porque Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti votaron en contra. 

En su nota, el periodista Blanck contó que la ya ex jueza (renunció en 2021) se sorprendió con la reacción popular contra el fallo y se tomó una semana de licencia. 

Con la ley del Congreso sancionada para prohibir protección a represores, la Corte recibió un caso similar y sólo Rosenkrantz insistió en aplicar el 2x1 a los condenados por lesa humanidad. Es otro motivo del juicio político en su contra. No el único.