Los diputados Germán Martínez, Paula Penacca y Julia Strada presentaron este viernes una denuncia judicial contra Luis "Toto" Caputo por violación de secreto y falsificación de documentos en el Indec, a raíz de la intervención del gobierno para que no se difunda el nuevo IPC que terminó con la renuncia de Marco Lavagna.

La denuncia de los legisladores kirchneristas recayó en el juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, el mismo magistrado que maneja con lentitud la causa de la estafa Libra y que ya recibió un llamado de atención de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en enero pasado.

En el escrito que presentaron, Martínez, Penacca y Strada acusan a Caputo por "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", "violación de secretos y deberes de confidencialidad" y "falsificación de documentos públicos".

La violación de deberes está contemplada en el artículo 248 del Código Penal y forma parte del capítulo sobre los delitos contra la admninistración pública. De probarse en sede judicial, podría caberle al ministro una pena que va de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial.

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Por otra parte, la vulneración de confidencialidad está prevista en el artículo 157 del Código Penal y castiga al funcionario que revele hechos o información que deberían ser secretos. La sanción sería idéntica, salvo por la inhabilitación por cuatro años para ejercer cargos públicos.

Y la falsificación de documentos es lo que reprime el artículo 293 con reclusión de 1 a seis años. Según Strada, "no haber permitido la divulgación del índice que se había anunciado y publicar otro puede considerarse una falsificación".

La denuncia de los diputados se funda en las declaraciones públicas del ministro de Economía ante la crisis que desató el portazo de Lavagna. Por caso, citan el tuit de Caputo en respuesta al periodista Eduardo Feinman, que se hacía eco de la inquietud sobre la intervención del gobierno para no publicar un índice que detone la imagen del gobierno con la inflación al alza. "Eso es falso, @edufeiok. De hecho daba una décima menos que el índice actual. Al menos eso me dijo Marco y también Pedro Lines. Podés chequearlo con ellos mismos", posteó en X el funcionario de Javier Milei.

Lavagna ya no está pero Lines ocupa ahora su lugar y, tal como informó LPO, Caputo anunció cuánto daría la medición antes que el organismo la publicara. "Es su cuenta de Twitter, no puede decir que no sabía o no fue él", acotó Strada.

No haber permitido la divulgación del índice que se había anunciado y publicar otro puede considerarse una falsificación.

En el texto de la denuncia, se plantea que "el IPC constituye uno de los indicadores económicos más relevantes del sistema estadístico" porque "impacta en negociaciones salariales, actualización de jubilaciones, determinación de contratos públicos y privados, diseño de políticas económicas, decisiones financieras, política monetaria y credibilidad macroeconómica del Estado argentino".

Además, los legisladores advierten que los datos del IPC "se encuentran protegidos por la ley 17622" y que Caputo excedió "manifiestamente las atribuciones del cargo que detenta".

Por lo demás, repusieron la letra del artículo 17 de esa misma norma. "Los funcionarios o empleados que revelen a terceros o utilicen en provecho propio cualquier información individual de carácter estadístico o censal, de la cual tengan conocimiento por sus funciones, o que incurran dolosamente en tergiversación, omisión o adulteración de datos de los censos o estadísticas, serán pasibles de exoneración o sufrirán las sanciones que correspondan conforme con lo previsto en el Código Penal", dice ese fragmento.