Federico Sturzenegger incluyó en el proyecto de ley "Hojarasca" la eliminación de la ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, una norma que impulsaron Eduardo Duhalde y Miguel Pichetto en 2003 como parte de un acuerdo para blindar al Grupo ClarÃn frente al acecho de capitales extranjeros que pretendÃan quedarse con el holding mediático comprando sus deudas en dólares.
Ahora, Javier Milei agita la derogación de esa regulación, sancionada el 18 de junio de aquel año con las firmas de Eduardo Camaño y Daniel Scioli, para liberar el camino de inversores que persiguen la compra de Arsat. Entre los argumentos del gobierno, se cuentan "la dudosa constitucionalidad" de la existencia de una norma que impide a un extranjero quedarse con una empresa argentina y la queja por la "restricción a las inversiones".
El artÃculo 1 de la ley 25750 estableció el resguardo del "patrimonio antropológico, histórico, artÃstico y cultural; las empresas dedicadas a la ciencia, tecnologÃa e investigación avanzada que resulten fundamentales para el desarrollo del paÃs; actividades e industrias de relevante importancia para la defensa nacional; y el espectro radioeléctrico y los medios de comunicación".
El diputado Pablo Carro, miembro de la bancada peronista, explicó que "nunca fue cuestionada la constitucionalidad de la Ley 25.750". "Ideologizan argumentando sobre la 'integración al mundo y el fomento a la inversión extranjera' para derogar la ley", planteó.
Las telefónicas reclaman al gobierno que licite el 5G que quedó en manos de Arsat
LPO reveló después del balotaje de 2023 que el Presidente tenÃa avanzadas las conversaciones con el magnate mexicano Carlos Slim, dueño de la telefónica Claro, para venderle Arsat. La maniobra inquietó entonces a los directivos de ClarÃn, que también pugna por la adquisición de la rentable firma estatal junto a Telefónica y Telecom.
De hecho, fuentes parlamentarias deslizaron ante LPO que la inclusión de la eliminación de la ley de Bienes Culturales en la de Hojarasca responde al fracaso del gobierno en la ley Ómnibus. La privatización de Arsat figuraba en la lista original de las empresas sujetas a privatización pero el oficialismo debió retirar la propuesta en el Congreso, en medio de trabas y negociaciones con los legisladores aliados.
No es casual que el encargado de controlar la Arsat sea Rodrigo Lugones, socio de Santiago Caputo e hijo del ministro de Salud, Mario Lugones. Sin embargo, Sturzenegger se habrÃa dedicado durante semanas a la elaboración de la ley Hojarascas, con un propósito similar.
La ley de Bienes Culturales cuida también los intereses de los medios de prensa nacionales. Mientras que en su artÃculo 2 precisa que el tope para los capitales extranjeros en un medio de comunicación se fija en el 30 por ciento del total, en el artÃculo 3 se incorporan como sujetos de la ley los diarios, revistas, periódicos y editoriales; servicios de radiodifusión, producciones audiovisuales y contenidos digitales; proveedores de acceso a Internet y hasta empresas de difusión en vÃa pública.
En los pasillos del Congreso recordaron a LPO que, asà como el Grupo ClarÃn y La Nación se beneficiaron con el dique contra la extranjerización que diseñaron entre el por entonces senador Pichetto y Duhalde, que era presidente, también logró esa protección el sector donde reinaba Enrique Pepe Albistur, dueño de los chupetes para la publicidad en la Ciudad de Buenos Aires.
Por caso, el Satsaid pedÃa tutela para la producción nacional pero no consiguió lo que reclamaba.
De todas formas, los más memoriosos señalan que el resguardo dispuesto por la ley de Bienes Culturales tuvo que "armonizarse" con alrededor de 50 tratados de protección recÃproca que Argentina firmó con Estados Unidos, España, Alemania e Italia, entre otros paÃses europeos, durante la presidencia de Carlos Menem, por consejo de Domingo Cavallo y el canciller Guido Di Tella. Esos acuerdos concedÃan a las empresas de esos paÃses la posibilidad de remitir dividendos a sus casas matrices.
Según Carro, Estados Unidos imponÃa "excepciones limitadas al trato nacional en los sectores del transporte aéreo, navegación, banca, seguros, energÃa, propiedad y gestión de estaciones emisoras de radio y televisión, propiedad de bienes raÃces, y provisión de servicio público de telefonÃa y utilización de terrenos y recursos naturales". "Ellos se cuidaron de posibles inversiones argentinas, mientras Cavallo -gurú de Milei- entregaba nuestra soberanÃa como ahora pretenden seguir haciendo", sostuvo.
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Qué loco que empresarios tan exitosos como Slim, los de Clarín, Telecom y Telefónica tengan tanto interés en una empresa que lo único que le genera al estado es déficit fiscal (como todas las empresas públicas).
Unas cuantas horas hacen falta. Y rápido, antes que escapen con todo.