Martín Menem se puso en alerta ante los movimientos de la oposición para convocar a una sesión en la Cámara Baja y derogar el DNU 70/23, después que la Corte Suprema volteara la cautelar de los ex combatientes de Malvinas contra el artículo de aquel decreto que barría con la ley de tierras del kirchnerismo. El riojano empezó a sondear este miércoles a los aliados con la posibilidad de reintroducir el capítulo de extranjerización de la tierra en la ley de propiedad privada, desflecada por el Senado.

Fuentes del Congreso deslizaron que la ocurrencia había sido, en realidad, del experimentado Miguel Pichetto, que tuiteó después del mediodía. "Si el Gobierno quiere defender la soberanía, que lo demuestre: que incluya en la Ley de Soberanía el restablecimiento de la Ley de Tierras y deje sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23", posteó el diputado, y agregó: "no se puede hablar de soberanía y dejar abierta la venta de tierras a cualquier extranjero, sin límite".

Sin embargo, los adversarios políticos del gobierno consideraron que la reacción de Menem parecía un reflejo atolondrado del oficialismo. "Está complicado por el fallo de la Corte no solo para el tratamiento de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, sino también para la eliminación de las PASO y el Presupuesto 2027", señalaron.

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El peronismo debatió en una fugaz reunión de bloque si había chances de reunir 129 legisladores para derogar el decreto, atendiendo a que hasta Elisa Carrió se despachó contra el mega decreto tras la resolución de los jueces supremos. En ese encuentro, el diputado Juan Marino propuso el juicio político contra la Corte pero no consiguió apoyos de sus compañeros, bajo la suposición de que ese camino sería "inviable".

Por eso, Germán Martínez llegó a la Sala 2 del Anexo C con la convicción de que había que convocar a la sesión para enterrar el DNU 70/23, algo que el santafecino dice haber tenido siempre entre ceja y ceja pero nunca se presentó la oportunidad de juntar suficientes voluntades para llegar a recinto con la certeza de derrumbarlo. "Ahora hay menos chances que hace dos años, después de la elección de medio término", dijo un integrante de la bancada de UP, con más confianza en la calle que en la refriega de palacio.

Germán Martínez, jefe del bloque peronista en Diputados.

LPOJuanca Casas

El ceteísta Hugo Yasky y el propio Marino, referente del Partido Piquetero, avisaban a sus colegas que este miércoles habría una reunión en la CTA Autónoma con organizaciones políticas, sociales y sindicales para convocar a una movilización, como las que se concretaron antes que el capítulo de tierras quedara extirpado de la iniciativa de Federico Sturzenegger en el Senado.

Entre tanto, el socialista Esteban Paulón se movía entre el desorden del debate en comisiones del proyecto sobre Malvinas con entusiasmo, confiado en que se podía arrimar la oposición a los 129 diputados necesarios para avanzar con la derogación. En la misma sintonía se lo veía al lilito Maximiliano Ferraro, que sopesaba el riesgo de lanzarse a la sesión triunfal o llegar a una sesión sin firmeza en las voluntades y perder la votación, un desenlace que dejaría vigente el decreto.

Ahora hay menos chances de voltear el DNU que hace dos años, después de la elección de medio término.

El apuro de un sector de la oposición, además, radica en que el fallo de la Corte abrió una ventana de tiempo indefinida, hasta que se derogue el decreto, para que cualquier persona física o jurídica compre las tierras que se le antojen. "Hoy a las 7 de la mañana abrió el registro en mi provincia y los amigos de Peter Thiel pudieron ir si querían comprar", dijo un legislador a LPO.

La maniobra exige un cálculo fino para la oposición porque la semana próxima faltarían diputados de sus bloques, debido a viajes institucionales al exterior. Por eso barajaban la posibilidad de fijar la fecha de convocatoria para el 14 de octubre, tiempo suficiente también para que el gobierno consiga quebrar o moderar la furia de los aliados.

En efecto, las miradas se posaban sobre diputados como los de Argentina Federal, entre los que se cuentan los cuatro misioneros de Rubén Passalacqua y los tres salteños que responden a Gustavo Sáenz. El ex gobernador Oscar Herrera Ahuad, por caso, habría manifestado su postura a favor de la derogación del decreto.