Alberto Fernández definió el temario de proyectos que pedirá tratar en sesiones extraordinarias desde la semana que viene, entre los que no está el plan plurianual que anunció en noviembre para negociar un acuerdo con el FMI. Si bien podría sumarlo cuando quisiera, la omisión confirma que por ahora la negociación con el organismo está en punto muerto.
La reforma al Consejo de la Magistratura, la promoción automotriz presentada por Matías Kulfas, la de agroindustria, el consenso fiscal entre la nación y las provincias y la ley de compre nacional son algunos de los 18 asuntos incluidos en el decreto, que se publicará este miércoles en el Boletín oficial.
No fue incluida la ley de hidrocarburos, resistida por los gobernadores de las provincias petroleras. Sergio Massa y Cristina Kirchner activarán en las próximas horas la conformación de las comisiones necesarias para tratar estas iniciativas antes del 28 de febrero.
El plan plurianual fue anunciado por Alberto Fernández el 14 de noviembre, mientras se computaban los datos de las elecciones, y se trata de una proyección de gastos e ingresos para el resto de su gestión que garantice saldos favorables para asumir los compromisos financieros.
Si bien nunca lo envió como proyecto de ley, era posible incluirlo al listado de sesiones extraordinarias como tema a espera de su remisión, como ocurrió en otros años. No fue el caso.
Se hubiera tratado de un gesto a días de una cuota de 700 millones de dólares con el FMI que complican al Gobierno por la escasez de reservas en el Banco Central. En marzo empieza la seguidilla de vencimientos más grandes, sólo cumplibles con una refinanciación que por ahora parece lejana, porque el FMI pide un ajuste más grande del que está dispuesto a aplicar Martín Guzmán. En el Congreso se escuchaban versiones sobre un mensaje de Alberto al Fondo está misma semana.
El resto de los proyectos pedidos por Alberto para tratar entes del 1 de marzo son los que quedaron pendientes en 2021, por la precaria agenda legislativa que hubo debido a la campaña electoral, las internas del oficialismo y sus cruces con la oposición por la modalidad de sesión en pandemia.
En Diputados, las votaciones remotas finalizaron en agosto, mientras que en el Senado siguieron hasta el 9 de diciembre en comisiones. Pero en las últimas sesiones, antes de fin de año, la ola de contagios de la cepa Omicron obligó a dejar afuera del recinto a los legisladores infectados poco antes de tocar la campana.
Por ahora, en la oposición no hay consenso para pedir que en esos casos vuelvan a sesionar por zoom, aunque de otro modo será muy difícil definir la relación de mayorías antes de la ronda de hisopados y sólo podrán votarse leyes que tengan unanimidad.
No parece una tarea imposible: la reforma al Consejo de la magistratura es tal vez la única ley del temario que por ahora no tiene consenso entre oficialismo y la oposición, pero fue incluida porque los tiempos lo exigen.
La Corte Suprema declaró inconstitucional la actual composición del organismo y le dio tiempo hasta abril al Congreso para votar otra. Si no lo hace, vuelve la anterior, con el presidente del máximo tribunal a cargo.
Alberto incluyó el proyecto que envió al Senado, que suma dos abogados, un juez y un académico, para cumplir con el equilibrio de poder entre la representación política y la de los estamentos exigido en el artículo 114 de la Constitución.
La oposición presentó varias iniciativas en Diputados, algunas que excluyen a la Corte como pide el Gobierno y ocasionaron un ruido interno en las últimas horas, como reveló LPO.
Tanto fue el revuelo por ese desencuentro, que la mesa de Juntos buscaría unificar una posición con la Corte adentro y exponerla en el Senado. Si mantiene su alianza con los partidos provinciales de Misiones y Río Negro, el Gobierno tiene mayoría para votar su ley la Cámara alta, pero no en Diputados, donde sin negociación entre los dos fuerzas más grandes los proyectos suelen quedar congelados.
La agenda de extraordinarias tiene varias iniciativas promovidas por Kulfas para sumar divisas, que el año pasado quedaron postergadas por la agenda electoral, aunque también parecieron influir las internas del gobierno.
Por caso, la de promoción de inversiones en la industria automotriz fue enviada en agosto a Diputados y nunca pasó siquiera por un debate en comisiones. Prevé beneficios impositivos a la producción de autopartes para revertir el déficit comercial del sector, que necesita dólares para comprar insumos y rara vez los compensa con sus exportaciones.
Se completará con la ley de electromoviliad, que aún no fue enviada pero Alberto y Kulfas la presentaron en octubre. Consiste en un sistema de promoción a los vehículos eléctricos, con beneficios fiscales a la producción y la compra y un plan para usar estas unidades sin excepción en el transporte público.
Se busca generar divisas y cumplir con los compromisos ambientales exigidos por los organismos internacionales, que promueven aranceles diferenciados para autos sin motores nafteros o diésel. La ley daría plazo hasta 2041 para eliminarlos del parque automotor nacional, pero la petroleras ya pusieron el grito en el cielo y están dispuestas a resistir.
Tendrán un elemento para negociar: el decreto excluyó la ley de hidrocarburos que duerme en el Senado, tras una accidentada exposición en comisiones del secretario de Energía Darío Martínez. Los gobernadores de las provincias productoras no aceptan que los beneficiados sean definidos en la Rosada y lo hicieron saber a través de sus legisladores.
Otro proyecto de Kulfas cajoneado que fue incorporado para debatir en febrero es el de promoción de cannabis y cáñamo medicinales a escala industrial. Fue aprobado en el Senado con retoques pedidos por los gobernadores, tuvo dictamen en noviembre en Diputados pero como no hubo sesión antes del recambio de la mitad del recinto, se cayó.
Fue una decisión extraña del oficialismo, porque tenía consenso con la oposición para sancionarlo. El ministro confía que ayude a crear 10 mil empleos, 500 millones de dólares de ventas locales y otros 50 de exportación.
Por no sesionar antes del 10 de diciembre también se cayeron otros dictámenes de salud incorporados por Alberto en extraordinarias, como la actualización de la de HIV, que suma a hepatitis virales, tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual. Además, está la ley de enfermería, que crea la carrera profesional y reconoce a los trabajadores que enfrentaron la pandemia. Y la de Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana, que espera desde 2020.
Fue incluida la ley de fomento al "desarrollo agroindustrial, inclusivo, sustentable y exportador", enviada en noviembre por Julián Domínguez. Contiene rebajas impositivas, aplicadas como deducciones del impuesto a las Ganancias, de empresas dedicadas a la producción y exportación de granos y ganado, siempre que cumplan con compromisos productivos y ambientales supervisados por el Gobierno.
Los referentes del agro de la oposición lo definen como "una bosquejo de buenas intenciones" y cuestionan la discrecionalidad que se le otorga al ministro para definir beneficiarios.
Otra ley que se tratará en febrero será el régimen de incentivo a la construcción, un plan para invertir en ladrillo con beneficios fiscales que incluye la posibilidad de blanquear fondos no declarados con un multa mínima. Ya fue sancionada para la AFIP demoró la reglamentación y habrá una prorrogada.
La extensión del consenso fiscal entre la Nación y las provincias con modificaciones al texto original de 2017 sería sancionada con el voto de los legisladores de las provincias gobernadas por la UCR que firmaron, como Jujuy, Corrientes y Mendoza. El resto de Juntos votará en contra, en rechazo a la posibilidad que abre de sumar impuestos provinciales, como el que grava la herencia.
Alberto incluyó además la ley de compre argentino, que permite al Estado adquirir a proveedores locales aunque coticen entre 15% y 20% más, según se trata de empresas grandes o pymes. Kulfas calcula un ahorro de divisas de 500 millones de dólares.
No está en el temario la ley para sumar al monotributo a trabajadores informales, enviada antes de fin de año. Ni la de envases, promovida por Juan Cabandié y rechazada por Juntos porque crea una tasa del 3% a las empresas. Funcionó y muy bien el intenso el lobby de reconocidas marcas internacionales de gaseosas.
Sí se debatirá la ley que crea Área Marina Protegida Bentónica "Agujero Azul", promovida de Graciela Camaño, que propone aumentar la investigación científica y la defensa en la superficie marina de 164 mil kilómetros cuadrados donde yacen los restos del submarino ARA San Juan y sus 44 tripulantes.
El decreto sumó acuerdos para tratar en el Senado, que en diciembre siguió controlado por el oficialismo, sin mayoría propia pero con sus aliados firmes de Misiones y Río Negro y la ayuda de la riojana Clara Vega, de un partido local de La Rioja que hasta hace un mes votaba con Juntos por el Cambio.
Si consolida esa mayoría, la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti seguirá en la comisión de acuerdos y podrá despachar sin problemas los pliegos judiciales enviados en diciembre (algunos de Comodoro Py) y los diplomáticos y militares pendientes. No necesita consultar a la UCR y el PRO. Tampoco a los diputados, que no intervienen en estos asuntos.
El decreto incluye además cesiones de terrenos y creación de universidades y parques nacionales que pueden servir para sumar aliados como los cordobeses que responden a Juan Schiaretti, que tiene una senadora (su esposa Alejandra Vigo) y cuatro diputados.
Podrán tratar la creación del Parque y Reserva Nacional Ansenuza y Bañados del Río Dulce. Tal vez sea en una sesión que incluya temas en los que oficialismo necesita consenso y no lo encuentre. No serían tantos.
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Alberto, sos el presidente mas ridiculo y patetico de la historia argentina, ya no solo de la historia constitucional.