La reforma del organigrama de la justicia federal de Santa Fe que se aprobaría en Diputados el 28 de marzo demandaría más de 1000 millones de pesos, según un informe publicado este viernes por la Oficina de Presupuesto del Congreso.

El proyecto tuvo dictamen en la Comisión de Justicia y consiste en incorporar 50 cargos judiciales en Santa Fe para atender delitos federales como el narcotráfico, que convirtió a Rosario en la ciudad con más asesinatos del país.

Fue presentado el año pasado por 18 de los 19 diputados de esa provincia (sólo no firmó Lucila Lehmann, de la Coalición Cívica), mientras que en el Senado lo promovieron los radicales Carolina Losada y Dionisio Scarpin.

Avanza la reforma judicial de Santa Fe para combatir el narcotráfico

No avanzó, entre otras cosas porque hay legisladores que reclaman sumar cargos en la justicia federal de sus provincias y no iban a votarlo para las demás sin ser escuchados. De hecho, la reforma judicial impulsada por Alberto Fernández en 2020 y sólo aprobada por el Senado, sumaba cargos en todos los departamentos judiciales. 

Pero el ataque al suegro de Messi en Rosario sumó presión y el kirchnerista Rodolfo Tailhade convocó a la comisión de Justicia y dictaminó junto a la de Legislación Penal la ley del nuevo organigrama de la justicia de Santa Fe. Fue la única reunión del año en la que la oposición dio quórum y votó con el oficialismo.

Antes del ataque al suegro de Messi, la reforma de la justicia federal de Santa Fe no avanzaba porque legisladores pedían que también se creen cargos en sus provincias. Hay consenso para aprobarla, pero si no se implementa el sistema acusatorio no podrá aplicarse.  

No se incluyó a la comisión de presupuesto porque no estaba claro el costo fiscal de la medida. Recién con dictamen en mano le fue encargado a la OPC, que lo determinó en 1106 millones de pesos.  

Calcularon 1564 millones de erogaciones en personal compensadas en parte por ingresos de aportes y contribuciones a la seguridad social y la recaudación del impuesto a las ganancias, que los nuevos magistrados deben pagar a partir de una ley de 2017.

Los nombrados antes de esa fecha están eximidos, aunque perciban sueldos que en algunos casos alcanzan el el millón de pesos mensuales.

Con estos datos, el miércoles a las 10 de la mañana Carlos Heller convocará a la comisión de Presupuesto para dar el dictamen definitivo y llevarlo al recinto el 28. Es la idea del jefe del oficialismo Germán Martínez, que por ahora está en negociaciones con la oposición.

Eduardo Casal. 

HCDN

El nuevo organigrama judicial contempla incorporar 27 cargos de fiscales (15 de ellos en Rosario y 7 Santa Fe); 9 defensores públicos, 6 jueces penales con función de garantías, otros 6 en cuestiones de revisión y 2 con funciones de ejecución.

Fue ideado para implementar el sistema acusatorio, que se sancionó en 2014 y consiste en asignarles a los fiscales el control de la investigación, como funciona en la mayoría de las provincias. Permite agilizar la resolución de las causas, clave para los casos de narcotráfico. 

A partir de un decreto de Macri, la implementación es de forma gradual y coordinada por una bicameral que no volvió a conformarse en 2021, justo cuando se estaba por incorporar el sistema acusatorio en Mendoza y Rosario.

Falta el nombramiento de los senadores y en la oposición acusan a Cristina Kirchner de demorar el trámite por su enfrentamiento con el procurador Eduardo Casal.

También lo reclama el diputado oficialista Roberto Mirabella, cercano al gobernador Omar Perotti. Presentó un proyecto para que el sistema acusatorio se implemente en todas las provincias hasta 2026 y la bicameral sólo tenga facultades de monitoreo. Lo acompañó el radical Fernando Carbajal, rival de Gildo Insfran en las próximas elecciones de Formosa. 

De esta manera, los nuevos cargos para la justicia de Santa Fe se crearán para un sistema judicial que no está vigente.

Además, nombrarlos no será fácil: hay 10 vacantes en la justicia federal de Santa Fe, por demoras en un trámite que incluye al Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado, que negocia una sesión a fin de mes para ratificar tres jueces. 

Tal  vez para las próximas semanas le den sanción definitiva al nuevo organigrama de justicia  federal. Cuesta 1100 millones de pesos.