El diputado Alejandro Finocchiaro logró despachar el proyecto que declara servicio escencial a la educación, con el propósito de garantizar que las escuelas permanezcan abiertas los días de paro, a través de una jugada que enfureció al peronismo y la izquierda, que denunciaron que la iniciativa busca limitar el derecho de huelga.

Con el apoyo de radicales, lilitos, libertarios y pichettistas, el ex ministro de Educación de Mauricio Macri cortó los giros del proyecto a las comisiones de Trabajo y Presupuesto, lo que hubiera extendido el debate un par de semanas antes que el expediente estuviera en condiciones de llegar a recinto, y consiguió 18 firmas en un cuerpo de 35 integrantes. Los diputados peronistas Germán Martínez y Blanca Osuna trataron de frenar la iniciativa, al igual que la legisladora del FIT Romina Del Pla, pero la macrista Silvia Lospennato encontró un antecedente similar sobre los atajos para evitar giros a otras comisiones con un proyecto de la ex diputada Graciela Camaño para preservar los recursos marítimos.

Fuentes parlamentarias explicaron a LPO que "a los 20 minutos de haber arrancado la comisión ya estaban las firmas de mayoría". Sin embargo, la reunión siguió por la persistencia de los opositores en su intento por frenar el avance del proyecto.

Osuna se quejó porque Finocchiaro solo había incluido proyectos que promovían la declaración de la educación como servicio esencial. "En un contexto de desfinanciamiento de la educación, y de un presidente ue declara que viene a destruir el Estado, y la escuela es el Estado, el oficialismo dictaminó desde una mirada restringida de esencialidad un proyecto que solo impide el derecho a huelga de los docentes", expresó.

El expediente, que cosechó las firmas de los radicales Carla Carrizo, Fabio Quetglas y Danya Tavela, los libertarios María Celeste Ponce y Santiago Santurio, el lilito Maximiliano Ferraro y el respaldo con disidencias del cordobés Juan Brugge, entre otros. Del lado del rechazo quedaron la izquierda y el peronismo, que intentó que la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, pudiera dar su testimonio pero los macristas apelaron al reglamento para impedirlo, alegando que no se trataba de una reunión informativa sino una de debate entre legisladores.

La discusión estuvo regada de momentos de tensión, como cuando Del Pla criticó a los impulsores del proyecto por su falta de conocimiento sobre el sistema educativo. "Si van a una escuela de Ciudad Evita, no duran ni tres días", dijo.

La diputada Sabrina Ajmechet asumió la tarea de chicaner a los opositores. Cada intervención suya desataba interrupciones y griterío de parte del kirchnerismo porque arrancaba su discurso hablando de "la pobreza que dejó el gobierno anterior". Pícaro, Finocchiario cortaba el griterío advirtiendo que, si el desorden continuaba, tendría que levantar la comisión y se quedarían sin escuchar la palabra de su par Hugo Yasky, secretario general de la CTA y referente gremial de los docentes.

El proyecto propone que se establezca "como servicio estratégico esencial la educación obligatoria, garantizando el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades". Para eso, fija la condición de que ante medidas sindicales de acción directa se garantice la asistencia del 30 por ciento de los docentes a las escuelas, con el propósito de mantenerlas abiertas durante la huelga.

Por esa razón, Ferraro admitió: "nosotros no desconocemos las tensiones que podemos enfrentar, y la propuesta del dictamen es un equilibrio que intenta resolver esta tensión de dos derechos que están en pugna".

Del Pla, por su parte, sostuvo que "lo único que les importa es sancionar que los docentes sigan luchando contra esta realidad y las múltiples penurias que se viven en las escuelas", y recordó que también Patricia Bullrich intentó impulsar proyectos de este tenor durante el gobierno de Fernando De la Rúa. "Siempre intentaron y siempre fracasaron porque es un mamarracho jurídico ilegal", completó.