En un Congreso bloqueado por falta de diálogo, los diputados de Santa Fe de todas las fuerzas lograron consensuar un dictamen del proyecto para ampliar la justicia federal de esa provincia, que es la encargada de actuar en casos de narcotráfico.

El proyecto fue despachado por las comisiones de justicia y de legislación penal, pero resta la de Presupuesto, porque aún no está definida la partida necesaria. 

El plenario fue coordinado por el diputado Rodolfo Tailhade y tuvo críticas a Cristina Kirchner por las demoras en la implementación del Código Procesal Penal, que aplica el sistema acusatorio y jerarquiza el rol de los fiscales en la investigación.

La ley fue consensuada el año pasado por 18 de los 19 diputados de Santa Fe (sólo no adhirió María Lucila Lehmann, de la coalición cívica) y crea 27 fiscalías federales, 15 de ellas en Rosario y 7 en Santa Fe, las ciudades más castigadas por el narcotráfico.

El kirchnerismo activa una reforma de la justicia de Santa Fe, tras el ataque a Messi

También incorpora 9 cargos de defensor público, 9 jueces penales con funciones de garantías y otros 6 de revisión; dos jueces con funciones de juicio y ejecución con asiento en Rosario y Santa Fe.

"La reforma va en la perspectiva con el nuevo Código Procesal Penal, que sólo se implementó en las jurisdicciones de Salta y Jujuy. Estamos ansiosos de que (el Código) se ponga en marcha en mi provincia", sostuvo Roberto Mirabella, del Frente de Todos.

Mirabella ya hizo un reclamo en noviembre, adelantado por LPO, que alcanza a Cristina porque la bicameral encargada de implementar el Código Procesal Penal está paralizada ante la falta de nombramiento de los senadores, un trámite a cago de la vice. En Santa Fe sospechan que no lo hace  para no sumarle poder al procurador Eduardo Casal.

La ley modifica el organigrama de la justicia federal de Santa Fe. Agrega fiscalías, defensorías y juzgados. Pero necesita de la implementación del Código Procesal Penal para aplicarlo y está demorada por un trámite del Senado. 

"¡La vicepresidenta puede firmar el decreto esta misma tarde!", reclamó Silvia Lospennato, del PRO, quien también pidió citar a la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, para explicar cómo controla las cárceles en las que están alojados narcos que siguen activos. "¿Estaríamos acá hoy si no hubieran baleado el supermercado de la familia (Lionel) Messi?", se preguntó.

Por si acaso, Mirabella presentó un proyecto para implementar el sistema acusatorio sin pasar por la bicameral junto al radical Fernando Carbajal, ex juez de Formosa. "En Rosario se tramitan entre 5 a 10 veces más causas de drogas que en cualquier provincia", destacó el aliado del gobernador Omar Perotti en el Congreso.

El rosarino kirchnerista Marcos Cleri cuestionó las visitas de dirigentes opositores a Rosario después del ataque al comercio del suegro de Lionel Messi. "El turismo electoral político es un carancheo que solicitamos que dejen de hacer. Porque con la inseguridad no se especula, se trabaja todos los días contra el crimen organizado", se quejó.

La otra polémica fue por las vacantes del actual organigrama de la justicia federal de Santa Fe. "En marzo se puedan terminar de designar dos jueces que están ya con el proceso finalizado en la Comisión de Acuerdos. Y necesitamos que el Senado sesione y le pueda dar ingreso a los pliegos", sostuvo Cleri, en alusión al bloqueo legislativo que mantiene JxC en ambos recintos.

El macrista Pablo Tonelli identificó 10 vacantes y "sólo tres están tramitando el concurso en el Consejo de la Magistratura. Las otras siete están en el Poder Ejecutivo o el Senado".

El socialista Enrique Estévez calculó que las vacantes totales llegan al tercio de los cargos totales de la justicia federal de Rosario y hace 30 años que la infraestructura es la misma. "Habría que replantearse las formas sobre cómo se designan las vacantes de manera de agilizarlas".

Otro reclamo de Juntos por el Cambio fue por la ley de extinción de dominio, que permite apropiarse de los bienes decomisados, aprobada en 2017 en Diputados, reformada en el Senado y luego cajoneada en la Cámara baja. 

El oficialista Ramiro Gutiérrez propuso reemplazarla la ley de "bien restituido", que permite rescatar los bienes que ya están la justicia. "En el Estado de Michoacan, en México, en un solo mes y por bienes abandonados se obtuvieron divisas por 1 millón de dólares".  Sería el próximo debate.