El decreto con el presupuesto de 2022 publicado este jueves en el Boletín Oficial contempla una partida de 38 mil millones de pesos para subsidiar los colectivos que circulan por las provincias, casi mitad de lo reclamado por la oposición, que son 70 mil millones. 

Ni siquiera alcanza los 46 mil millones comprometidos por los funcionarios del Ministerio de Transporte que visitaron la Cámara de Diputados, que es lo que había quedado en el dictamen del presupuesto firmado en diciembre y que fue rechazado por la oposición en el recinto.

Fuentes del Frente de Todos señalaron a LPO que la partida final de este año será 46 mil, a partir de un retoque en el segundo semestre. 

Para el Gobierno, si no hubiera subsidios, el boleto de colectivo en el amba costaría 130 pesos

La UCR y el bloque de Córdoba Federal impulsan una ley para llevarlo a 70 mil, un cálculo que surge de actualizar los 46 mil por inflación. Y aseguran que si no hay novedades antes del 30 de junio, los gobernadores no podrán subsidiar los aguinaldos y podrían paralizarse los colectivos de todo el país. 

"Alberto tiene que entender que el reclamo por ahora el Congreso, pero luego las empresas de transporte van a ir al Ministerio a reclamar", advirtieron a LPO desde el interbloque federal que integran los cordobeses. 

Como informó LPO, tampoco está definido un sistema de reparto de los subsidios, propuestos en diferentes proyectos de ley de la oposición y de los senadores oficialistas. El debate empezó en la comisión de transporte de Diputados pero por falta de consenso se postergó y recién se retomará cunado se negocie el presupuesto 2023.

Pero antes los gobernadores quieren más subsidios para sus colectivos y por ahora el número ni siquiera equipara al que hubieran tenido si se sancionaba el presupuesto de este año, que contemplaba una inflación del 33%, casi la misma acumulada en los primeros cinco meses.

La semana que viene no hay pautada ninguna reunión de comisión para seguir con el debate de subsidios y en el Frente de Todos no creen que sea posible un ley, porque el tratamiento se consumiría el año y los colectivos necesitan fondos cuanto antes. No habrá otra opción que discutirlo con el presupuesto de 2023. A fin de año.