Alberto Fernández acusó a los jueces de la Corte Suprema de trabajar para el poder económico por permitir que las empresas de telecomunicaciones aumenten las tarifas por encima del tope que les fijó por decreto y anticipó que evalúa discutir la composición y el funcionamiento del máximo tribunal. 

La acusación llegó al final de su discurso de 90 minutos de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, con los cuatro jueces del máximo tribunal sentados a su derecha, en uno de los dos palcos principales, frente al recinto. 

En la primera fila quedaron el presidente Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, mientras que Ricardo Lorenzetti debió acomodarse detrás. Habían pedido seguir la sesión por zoom, pero no se los permitieron.

A casi dos años de dictadas esas medidas cautelares que permiten aumentar tarifas de telecomunicaciones, no se expiden sobre el diferendo ni los tribunales que las dictaron ni la Corte Suprema que añeja la cuestión en algún armario. Eso es complicidad judicial con el poder económico. 

El presidente los mencionó después de pedir recuperar la confianza pública en el poder judicial para que "supere su crisis de funcionamiento, que sea eficaz y completamente independiente de todos los poderes, fácticos y políticos".

Y ahí recordó que en enero "los servicios de telecomunicaciones registraron el mayor aumento de precios" porque "algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicios públicos a la telefonía celular, internet y la televisión por cable o satelital". 

Se refirió así al decreto que emitió en septiembre de 2020 para obligar a las compañías a definir sus tarifas en acuerdo con el poder ejecutivo y previo audiencias públicas. El sector lo dominan las empresas América Móvil (Claro), Telefónica y Telecom.

Telam

 "A casi dos años de dictadas esas medidas cautelares no se expiden sobre el diferendo ni los tribunales que las dictaron ni la Corte Suprema que añeja la cuestión en algún armario", señaló y agregó "esto que acabo de describir no es otra cosa que un acto de complicidad judicial con el poder económico".

Además, pidió "una reforma integral del sistema de administración de justicia federal" y lo vinculó con los escasos resultados en la lucha contra el narcotráfico que jaquea a Rosario.

Recordó que su proyecto de reforma judicial que envió en 2020, luego de aprobarse en el Senado quedó cajoneado en Diputados y lo adjudicó a la necesidad que tendría Juntos por el Cambio de sostener jueces leales en Comodoro Py. 

La reforma judicial que impulsé fue resistida por la oposición para beneficiar a algunos funcionarios del gobierno anterior que deben rendir cuentas. Saben que tienen aliados en fiscales y jueces de la justicia federal. 

"Esa reforma que impulsé fue resistida por la oposición para beneficiar a algunos funcionarios del gobierno anterior que deben rendir cuentas. Saben que tienen aliados en fiscales y jueces de la justicia federal. Por eso siempre su primer planteo ha sido y sigue siendo reclamar la competencia de los tribunales afincados en Comodoro Py". 

Y recordó que esa ley hubiera permitido crear nuevos tribunales federales en las ciudades de San Lorenzo y Rosario para combatir el narcotráfico. En efecto, la falta en Rosario de jueces y fiscales federales que tienen por competencia originaria los delitos de narcotráfico es un reclamo compartido, incluso por la Corte Suprema.