La Comisión de Legislación General de Diputados acordó este martes un cronograma para tratar una nueva ley de alquileres, que tendrá dictamen el 27 de abril y llegaría al recinto en mayo, aunque antes el Frente de Todos y Juntos por el Cambio deberán acordar un texto común que por ahora parece lejano. 

Las negociaciones ni siquiera se iniciaron, pero apuntarían a dos artículos de la norma sancionada en 2020: el que llevó los contratos de 2 a 3 años de duración y el que creó una fórmula para indexarlos, que combina la inflación y la variación salarial. El Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) pidió por carta eliminarlos y en Juntos no negociarán un texto que los sostenga.  

"Vamos a tener que hacer un gran esfuerzo todos los diputados de la comisión para ponernos de acuerdo en algunos puntos sobre los que podemos tener coincidencias. Sabemos cuáles son los problemas de esta ley: la prolongación del contrato y el modo de indexación. Buscamos derogar esos dos artículos", ratificó Karina Banfi, de la UCR, elegida secretaria de la comisión, que seguirá presidiendo Cecilia Moreau, del Frente de Todos; y tendrá como vice a Carla Carrizo, de Evolución radical. 

Tras reunirse con propietarios e inquilinos, Juntos por el Cambio desistió el último jueves de avanzar en la derogación de la ley, por lo que si hay consenso con el oficialismo habrá un proyecto único aprobado en mayo. 

En Juntos se conformarían con eliminar el índice de actualización y volver a un contrato de 2 años. El oficialismo no definió una postura común pero acepta que la ley debe modificarse y busca un consenso.

Según el itinerario acordado, el martes 12 a las 13 horas comenzará el debate en comisión, con visitas de sectores interesados, con la posibilidad de participar vía remota, para evitar vuelos en la previa de semana santa. El 19 y 20 volverán las reuniones y el 26 y 27 se retomarán para dictaminar. 

"Muchos de nosotros acompañamos la ley 27.551, pero la norma en la actualidad tiene requerimientos muy importantes por parte de inquilinos y propietarios que no podemos dejar de escuchar", sostuvo Moreau.

Carolina Gaillard, del Frente de Todos, defendió la ley sancionada en 2020, pero aceptó que "en la práctica tuvo dificultades y ahora se busca tener un dictamen que dé una solución y certezas".

En el oficialismo tampoco hay una posición unificada, sobre todo porque los dos proyectos presentados en los últimos 15 días no alcanzan para negociar.

Carla Carrizo. 

Fotografía HCDN

El primero fue el de José Luis Gioja, que deja el mismo índice de actualización, pero permite subirlo hasta un 20% más en el precio inicial y un 10% en la renovación. Además, crea un sistema de premios y castigos para evitar viviendas vacías. 

El proyecto de Gisela Marziotta, presentado este fin de semana, congela los precios y crea una cámara nacional de alquileres para definir los montos máximos y el índice de actualización. La integrarían representantes del Gobierno, propietarios, inquilinos y el sindicatos de encargados de edificios.

Ninguno es considerado por la oposición, que este martes tuvo otra iniciativa sobre la mesa, presentada por Emilio Monzó. Vuelve a los contratos por 2 años, con la posibilidad de prorrogarlo por otro en las mismas condiciones contractuales, pero redefiniendo el precio. 

Se elimina el índice de actualización y se deja al acuerdo entre partes, en un tiempo no menor a 6 meses. Se agrega contratos temporarios con una duración de 6 meses y se borra la obligatoriedad al propietario de elegir una de las garantías que proponía el locatario. Podría exigir una propiedad, como fue hasta 2020, cuando se sancionó la ley. 

Esa norma llegó tras tres años de debate y una aprobación de los Diputados en noviembre de 2019, con la abstención de algunos del PRO, pero sin un voto negativo. El Senado la convirtió en ley en mayo de 2020, sin opositores en el recinto: se desconectaron en protesta por las modalidades de sesión, aunque a muchos no les gustaba la ley.

Sin embargo, algunos de los artículos quedarán como la obligación de los propietarios de registrar los contratos en la AFIP, que las inmobiliarias habían exigido derogar. En las próximas semanas podrán explicar porqué. Antes de que se escriba la nueva ley.