El Frente de Todos firmó dictamen este miércoles del proyecto del Gobierno para modificar la composición del Consejo de la Magistratura sin la incorporación de la Corte, pero no consiguió el voto del aliado Alberto Weretilneck y lo negociará para cuando se trate en el recinto la semana próxima.

El rionegrino firmó su propio proyecto, que permite el retorno del máximo tribunal a la presidencia del organismo, pero con una rotación entre sus jueces. El de Juntos por el Cambio le devuelve la titularidad al presidente de la Corte, como la tuvo hasta 2006, lo que le permite administrar el presupuesto de la justicia.

Fuentes del Frente de Todos aseguraron a LPO que negociarán con el ex gobernador hasta el día de la sesión y confían en conseguir su respaldo, que junto al de la misionera Magdalena Solari Quintana garantizan una mayoría para aprobar leyes.

Soria acusó a la Corte de presionar al Gobierno para quedarse con el presupuesto de la justicia

Antes de terminar el plenario de comisiones, Weretilneck anunció que la participación de la Corte podía ser un tema menor, pero no así la necesidad de federalizar el organismo.

"Los proyectos del oficialismo y la oposición son casi iguales y sólo difieren en si la Corte tiene que estar o no. Tenemos que discutir el federalismo en serio y por eso en mi proyecto propongo crear consejos en cada región, con legisladores, jueces y académicos de la zona", apuntó.

Algunas de esas solicitudes deberán ser incorporadas en la sesión, cuando el kirchnerismo también prevé hacer sus propios retoques. 

El Consejo de la Magistratura se encarga de seleccionar y sancionar a los jueces y en diciembre un fallo de la Corte Suprema dispuso que su integración es inconstitucional, porque no hay equilibrio entre sus representantes políticos (funcionarios y legisladores) y los estamentos, como se llama a los académicos, jueces y abogados que los componen. 

Le dio al Congreso 120 días de plazo para hacer otra composición por lo que si antes del 16 de abril no hay sanción, el Consejo de la Magistratura volverá a la composición de 2006, con 19 miembros (hoy son 13) y Horacio Rosatti de presidente, lo que le permitirá administrar el presupuesto del Poder Judicial. Con Diputados paralizado, pareciera el escenario más probable y para el ministro de Justicia Martín Soria, se trata de una extorsión.  

HCSN Fotografía

En el último plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, expusieron académicos y el debate se centró en si la Corte tiene que volver o no a controlar la Magistratura y el dinero de cada Tribunal del país.

El más polémico fue el constitucionalista Daniel Sabsay, quien pidió la renuncia del ministro de Justicia Martín Soria por haber acusado a la Corte Suprema de extorsionar al Gobierno. "Ofendió a la Corte y a todos los argentinos".

Sabsay repitió el argumento de Juntos para pedir que el máximo tribunal vuelva a la Magistratura: la constitución habla de jueces de todas las instancias y eso obliga a incluirlos.

"Es cierto que lo dice taxativamente, pero la Constitución es enunciativa y obvia ¿Cómo no va a estar la instancia más importante que es la Corte Suprema?".

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El rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, Darío Kusinky, defendió la parte del proyecto oficial que involucra al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a elección de académicos. En Juntos piden que sean elegidos por los docentes e incorporar a las universidades privadas habilitadas por la Coneau.

Alfredo Vítolo, presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), defendió el fallo de la Corte. "No debemos ver fantasmas en esto ni nada por el estilo, sino que simplemente es el juego del sistema constitucional argentino".

Diego Sebastián Marías, consejero en representación de los abogados y presidente de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo, confió en un controlar.

"La Corte maneja una caja superavitaria y el Consejo es absolutamente pobre, o sea, este sistema no funciona. Una caja rica para administrar muy poco y una caja prácticamente inexistente para administrar todo".

"Tenemos un enorme problema de administración de recursos en el Poder Judicial, producto que hay dos cajas, dos órganos en la cima del Poder Judicial que se comunican poco y muy mal, con una descoordinación que es absoluta", insistió.

Pero reconoció que el máximo tribunal tiene mucho dinero en sus cuentas. "La Corte maneja un fondo anticíclico que debe estar hoy en 50 mil, 60 mil millones de pesos, que está constituido en dos plazos fijos, que generan estupendos dividendos todos los meses".