La mesa nacional de Juntos por el Cambio, que está integrada por los titulares de los partidos políticos y los jefes legislativos, anunció que reclamará el retorno del presidente de la Corte Suprema como autoridad máxima del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar y juzgar a los magistrados.

La Corte quedó afuera de ese cargo en 2006 a través de una ley que el propio tribunal declaró inconstitucional en diciembre. En el fallo, pidió que se sancione una antes de abril y de lo contrario se volvería a la composición de hace 15 años.  

El Gobierno envió un proyecto al Senado que deja afuera a los cortesanos, pero por ahora no encuentra aliados para aprobarlo. Además los casos de Covid 19 paralizarían ese recinto hasta marzo. 

Los radicales ahora se dividen por la decisión de la Corte Suprema de presidir la Magistratura

Como explicó LPO, los legisladores de Juntos no logaron ponerse de acuerdo en un sólo proyecto y por eso intervino la mesa. Algunos proponen la presidencia de la Corte, como el del jefe de la UCR en Diputados Mario Negri, el de su colega del PRO Pablo Tonelli y el de Margarita Stolbizer. 

Los diputados de Evolución Radical, el bloque referenciado en Martín Lousteau, mantienen su propuesta de una Magistratura sin la Corte coordinando los debates y manejando las cuentas de todos los tribunales del país.  Y el diputado radical Fernando Carbajal ni siquiera la quiere en el organismo. La coalición cívica tampoco la consideraba, pero aceptó ceder. 

La Corte pidió reducir la presencia de políticos en la Magistratura y le pidió al Congreso una ley. Si no se sanciona hasta abril, vuelve la composición anterior, con el presidente del máximo tribunal a cargo del organismo. La mesa de Juntos pidió que vuelva a ese lugar. 

Es que el fallo del tribunal no pide su vuelta al organismo, sino un respeto estricto al artículo 114 de la Constitución, que obliga a una representación equitativa entre los políticos (legisladores y funcionarios) y los estamentos (magistrados, abogados y académicos). 

La inesperada interna obligó a los líderes de Juntos a poner cartas en el asunto y este miércoles, tras dos semanas de debate, anunciaron que tendrán un proyecto único con la Corte al frente de la Magistratura, que le permitiría tener el control del presupuesto de la justicia. 

Una bajada de línea como la que no hubo en casi ningún otro tema, sobre todo porque algunos legisladores de la UCR y el PRO siguen diciendo que la Corte no tiene que retomar ese poder y con el comunicado de este miércoles los mandaron a cerrar la boca. 

Pablo Tonelli y Mario Negri. 

DyN

"Es necesario respetar cabalmente la opinión de nuestro máximo tribunal en punto al equilibrio que debe existir entre los diferentes estamentos", señala el comunicado, que no tiene firmas de nombre y apellido. 

Y luego sostiene que "la presidencia del Consejo por parte del presidente de la Corte Suprema facilitará la integración del órgano dentro del ámbito del Poder Judicial, allanará dificultades para la administración y le otorgará mayor previsibilidad al desenvolvimiento del Consejo". 

Sobre el presupuesto, señalaron que "no tiene que sufrir entorpecimientos ni discriminaciones por parte del Poder Ejecutivo", pero anticipan que pedirán que los gastos sean sometidos al "control de la Auditoría General de la Nación".

Stolbizer presentó una ley para que la Corte presida la Magistratura

Otros reclamos son que haya "representación igualitaria en materia de género y la representación federal de los estamentos. Cada estamento debería ser elegido directamente por quienes van a ser representados y, en cuanto a los legisladores, se podría contemplar la opción de designar juristas que cumplan los requisitos pertinentes. La prohibición de reelección, dejando pasar un período, permitiría una mayor alternancia".

Y también que haya concursos "más expeditos, más eficientes y mucho más transparentes. En ese sentido debería analizarse la posibilidad de efectuar concursos anticipados, para que ya existan postulantes calificados cuando se producen nuevas vacantes, y limitar las facultades del Consejo para alterar el orden de mérito en relación a los resultados obtenidos en la prueba de oposición y respecto de la valoración de los antecedentes".

"Con relación a las facultades disciplinarias -agregaron-, no es admisible la existencia de investigaciones abiertas por largo tiempo sin definición, pues ello afecta sin dudas a la independencia del magistrado investigado. Se postula que se fije un plazo razonable para concluir la investigación, y la suspensión automática del juez que tenga un procesamiento firme en doble instancia".

También reclamaron contar "con estadísticas genuinas que permitan evaluar el desempeño de los tribunales y analizar medidas para mejorarlo. Las auditorías permanentes pueden contribuir también en la misma dirección. Los jueces deben actualizar sus conocimientos y capacidades. La escuela judicial del Consejo tendría que elaborar programas en ese sentido, de cumplimiento obligatorio".