Los bloques aliados de Jorge Macri exigen reducir las excepciones inmobiliarias al mínimo. Ese es el principal pedido para aprobar el Código Urbanístico que el gobierno pretende votar en primera lectura el 26 de septiembre.
En la Legislatura hay sorpresa. Mientras el radicalismo, la Coalición Cívica, Ocaña y el socialismo reclamaban eliminar las excepciones para votar el nuevo Código Urbano, el gobierno removió la funcionaria que estaba a cargo de aprobarlas. La reemplazará con una funcionaria que viene de Vicente López.
La Dirección General de Interpretación Urbanística es una oficina desconocida del gobierno porteño donde se cocinaron los más jugosos negocios inmobiliarios de la Ciudad. Sandra Tuya, su ex directora, jugó con Bodas Miani durante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
En medio de la discusión por el nuevo código, Karina Burjinson, la elegida de Jorge para intervenirle Desarrollo Urbano a Álvaro García Resta, decidió remover a Tuya.
Denuncian que García Resta camufló negocios millonarios en el Código Urbanístico
LPO expuso varios casos donde la DGIUR realizó alocadas interpretaciones del Código Urbanístico vigente que favorecieron a algunos estudios de arquitectura.
"Eso se tiene que cortar. No puede ser que estemos meses discutiendo un código para que después el Ejecutivo termine aprobando excepciones por todos lados", le dijo a LPO un legislador del bloque oficialista.
En el parlamento porteño están en alerta. En las planchetas que presentó la Ciudad para aprobar el código, hay infinidad de manzanas que aparecen en color gris. Esas son las zonas donde se aplica la doctrina DGIUR.
El radicalismo, la Coalición Cívica, Confianza Pública y el socialismo sostienen que si no hay límites a la discrecionalidad de la DGIUR, no acompañarán el proyecto. Jorge Macri necesita 31 votos para avanzar y, sin los escaños de sus aliados, será imposible con el peronismo y la izquierda en contra.
"Esto va a ser como la ley bases. Las cuestiones que favorezcan a los vecinos y a las identidades barriales se van a votar en general. Y lo demás va a ir a una votación en particular", le dijo a LPO Facundo Del Gaiso, de la Coalición Cívica.
Más allá de la cuestión de la discrecionalidad, las áreas receptoras y emisoras y los pulmones son cuestiones que el gobierno acordó con los desarrolladores inmobiliarios, pero que no terminan de pasar el filtro de los aliados.
El gobierno pretende votar el nuevo Código el 26 de septiembre en primera lectura. Luego faltará la audiencia pública y una segunda lectura.
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Qué bueno. Seguramente nadie conozca tanto de la problemática existente en la ciudad de Buenos Aires como una funcionaria que viene de tener una brillante gestión en el municipio de Vicente López, tal vez el más complejo de los cien barrios porteños.
"'Eso se tiene que cortar. No puede ser que estemos meses discutiendo un código para que después el Ejecutivo termine aprobando excepciones por todos lados', le dijo a LPO un legislador del bloque oficialista."
Pero esas excepciones habilitan gigantescos negocios inmobiliarios que generan riqueza para beneficiar a arriesgados emprendedores inmobiliarios que ponen todo lo que tienen en comprar un terrenito en el que ni saben si podrán construir. De esa forma se beneficia a todos los porteños con trabajo genuino, viviendas accesibles y generación de riquezas de la nada sin consecuencias negativas para la ciudadanía. ¿Cuál es el problema? Entiendo que lo ideal sería no tener código de planeamiento urbano y que cada uno construya lo que quiera en su terreno (que es propiedad privada), pero para que el castigado pueblo argentino disfrute de tanta libertad todavía falta un montón luego de años de pesadilla kirchnerista.