El gobierno porteño sumó otro dictamen en su contra por la ley porteña que pone al TSJ como tribunal de alzada de los tribunales nacionales. El fiscal Miguel Ángel Gilligan consideró que el "Tribunal Superior de Justicia no puede entender en recursos contra sentencias emanadas de tribunales nacionales, que no han sido transferidos".

La ley se sancionó en medio de una controversia. Desde la oposición habían argumentado que la normativa tenía nombre y apellido y buscaba favorecer a la familia Macri en la Causa Correo ya que el oficialismo tiene mayoría en el Tribunal Superior.

Tras la sanción hubo una presentación de la Asociación de Magistrados (AMFJN) y otras del Colegio Público de Abogados (CPACF) y Gente de Derecho para frenar su aplicación. Una jueza suspendió la ley antes de dictaminar sobre el fondo de la cuestión, mientras que la causa iniciada por el CPACF siguió su curso.

El fiscal Gilligan argumentó que "mientras no se suscriba un convenio entre el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (...) el Tribunal Superior de Justicia no puede entender en recursos contra sentencias emanadas de tribunales nacionales, que no han sido transferidos", señaló.
Gilligan además citó al procurador Eduardo Casal, cuando dictaminó sobre la apertura de las escuelas porteñas. "No existe base legal para atribuir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la potestad de revisar una sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil con asiento en esta ciudad".