Javier Milei quiere subastar el edificio del único hospital pediátrico especializado en espectro autista y psicosis de la Ciudad. El peronismo lanzó una campaña con el objetivo de que Jorge Macri intervenga para evitar la venta y en el gobierno porteño aseguran que ya intercedieron ante Nación.

Como contó LPO, el gobierno libertario se desprenderá de más de 400 terrenos para recaudar una suma cercana a los 800 millones de dólares. Hay predios del ejército en Mendoza, Córdoba y en el barrio de Palermo.

Entre los terrenos aparece el Centro de Salud Mental N° 1, ubicado frente al Cenard en Núñez. Allí funciona La Cigarra, el único centro pediátrico que se especializa en trastornos del espectro autista y psicosis.

Pese al veto del Congreso, los directores del Nación fueron a vender el banco a Wall Street

"No hay otro centro de salud público como el Centro de Salud Mental N°1 en Argentina, que atiende sobre todo a una población de bajos recursos", dijo Gustavo Slatopolsky, director de La Cigarra.

"Lo que está ocurriendo es gravísimo, no sólo por la decisión del gobierno de Milei, que pone en riesgo la atención de miles de pacientes, sino también por la inacción del Gobierno porteño", reclamó el legislador porteño Juan Manuel Valdés. "A la crisis se le suma la incertidumbre y la angustia de los que tienen familiares que se atienden en el centro y no tienen otro lugar a dónde ir", dijo.

El legislador porteño Juan Manuel Valdés.

LPO/ Juan Carlos Casas

Desde el gobierno porteño aseguran que ya solicitaron "formalmente a las autoridades nacionales la exclusión de este predio del listado de inmuebles a rematar. "El centro tiene un enfoque único y especializado en salud mental. Reafirmamos nuestro compromiso con el sostenimiento y fortalecimiento de este servicio esencial para la comunidad, que atiende a sectores especialmente vulnerables", señalaron desde la Ciudad.

La subasta del edificio donde funciona el Centro de Salud Mental N.º 1 "Hugo Rosarios" refuerza la crisis del sector de la discapacidad público y privado. El 20 noviembre está convocada una marcha. Los prestadores están atados al nomenclador nacional y perdieron casi 70% contra la inflación.