El año electoral recién comienza y luego de la escala del 11 de agosto próximo, los candidatos presidenciales definidos por cada frente electoral se presentarán ante la sociedad todos juntos para exponer sus propuestas en dos ocasiones antes del 27 de octubre y en una tercera si existiera definición en una segunda vuelta.

La Ley de Debates Obligatorios, votada por el Congreso Nacional en 2016, establece que desde esta elección la organización queda en manos de la Cámara Nacional Electoral, integrada por dos jueces, Santiago Corcuera (Presidente) y Alberto Dalla Vía. La decisión borró cualquier tipo de especulación sobre el favoritismo que inundó a los integrantes de la ONG Argentina Debate luego de los organizados en 2015 por muchos de los que ahora son funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Sin embargo, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, debe proveerle los fondos para realizar los 2 ó 3 debates y esa herramienta económica aún no está fluyendo como los jueces a cargo de la organización quisieran. La concreción de los debates no está en riesgo, pero sí su calidad, si los fondos necesarios no llegan en tiempo y forma.

El primer debate tendrá lugar el 13 de octubre en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe; y el segundo, el 20 de octubre en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, mismo escenario que el recordado frente a frente entre Mauricio Macri y Daniel Scioli. Si existiera balotaje, el correspondiente debate se repetirá en esta locación el 17 de noviembre, una semana antes de la elección.

Los jueces decidieron que los debates se desarrollen en ámbitos universitarios de alto contenido simbólico. Santa Fe capital es la cuna de la Constitución Nacional y el Paraninfo es el auditorio donde se reformó la Constitución hace 25 años.

Los equipos de campaña que representan a los candidatos se integrarán al proceso de preparación de los debates una vez que queden oficializadas las fórmulas presidenciales, es decir, cuando se conozcan los resultados del escrutinio definitivo de las PASO (a partir del 26 de agosto). La ley sancionada establece que en las decisiones fundamentales debe procurarse el consenso entre los equipos de campaña, pero que si esto no se logra, serán los jueces de la Cámara Electoral quienes tendrán la última palabra.

El ciudadano común sólo podrá seguirlo por televisión y vía web de manera gratuita. La presencia de equipos y asesores estará condicionada a los espacios físicos y se repartirán por igual entre los candidatos que lleguen a esa instancia. El Paraninfo de la UNL en Santa Fe cuenta con capacidad para 400 personas, mientras que al auditorio de la Facultad de Derecho pueden ingresar alrededor de mil. Hay que tener en cuenta que la ampliación de los escenarios y la instalación de estructuras para las pantallas van a reducir dichas capacidades y que las universidades anfitrionas tendrán un cupo de protocolo para sus autoridades. Luego, hay que considerar las acreditaciones de prensa y las invitaciones protocolares que hagan los jueces de la Cámara Electoral.

La norma sancionada en 2016 establece que la TV Pública está obligada a transmitir los debates y a subir la señal libremente para que todos los medios la puedan retransmitir. Los canales que adhieran podrán poner su propia publicidad en las tandas, pero en ese horario no habrá spots de partidos políticos. Los canales de televisión, al igual que en 2015, podrán tener sus móviles y sets en espacios especialmente acondicionados, cerca de los auditorios de los debates, dentro mismo de los edificios.

La Cámara Electoral no ha definido aún los voceros para comunicar los detalles de los debates. La dinámica está siendo analizada por los jueces y su consejo asesor, en el que están representados diferentes sectores de la sociedad civil: instituciones académicas, sindicatos, movimientos sociales, cámaras empresarias y ONGs. Lo que ya está definido es que no podrán subir al escenario asesores y familiares de los candidatos, y que los mismos podrán formularle preguntas a un adversario a elección, cuando sea su turno de hacerlo, y no por sorteo.

La elección de los moderadores de los debates es un tema sensible y sus nombres aún no están definidos. Sin embargo, existen algunos criterios: serán dos parejas por debate, un hombre y una mujer, y se buscará la mayor amplitud posible dentro del espectro mediático, apuntando a periodistas con amplia trayectoria y reconocimiento público que puedan afrontar el desafío de conducir de manera institucional un evento que tendrá la atención de toda la ciudadanía. Los moderadores tendrán un guión establecido y solamente llevarán a cabo la presentación de los temas y el control del cumplimiento de las reglas del debate acordadas. En ningún caso podrán hacer preguntas que estén fuera de lo convenido.

Los temas a debatir serán definidos por los jueces de la Cámara Electoral. Es otro de los puntos delicados. En principio se estudia la posibilidad de que en los debates de primera vuelta haya cuatro temas en cada ocasión; es decir, serán ocho temas diferentes entre los dos debates.

La Cámara Electoral confió la producción artística de los debates a CAPIT (Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión), que representa a las 30 principales productoras audiovisuales del país y que, a su vez, tuvo a cargo los debates de 2015 sin ningún tipo de objeciones de los frentes electorales de ese momento. La gestión de los fondos asignados será realizada a través de RTA (Radio y Televisión Argentina) y las contrataciones para la transmisión y la organización de los debates se hará de acuerdo con las normas de la RTA.