Seguridad
La soga está muy tensa
Por Carlos Argentino López
La conflictividad social va en un aumento. La falta de profesionalismo en las fuerzas de seguridad y los debates abstractos sin operatividad juegan en contra. La delicada y sensible obligación del Estado incluye transformar eficazmente la demanda de seguridad en una realidad.

Los casos de justicia por mano propia, la falta de respuesta y los excesos desde todos los puntos de vista institucionales profundizan la conflictividad social y la violencia descontrolada. En este escenario se concentran una serie de variables que parecieran estar a punto de explotar.

Los reclamos sociales vienen generando cada vez mayor presión, a lo que se suman declaraciones belicosas por parte de funcionarios que incrementan la confrontación hasta límites insostenibles, con excusas ingenuas para su cargo y función. Sin embargo, existen muchos factores de la seguridad que van evidenciando falta de respuestas, fallas técnicas y de conocimiento. O bien, reflejan a modo incompleto dinámicas que no benefician más que a los delincuentes, como en el caso de la lucha contra el narcotráfico y la incapacidad de realizar procedimientos profesionales y/o mantener la información y los datos en el anonimato. Es un combo que progresivamente aumenta la conflictividad.

A esta situación se suma otra variable, la desconfianza que existe ante aquellos que deben resguardar la seguridad y la integridad de las personas. Si bien Argentina presenta tasas respetables de denuncias sobre los distintos delitos, por encima del 60%, gran parte no son denunciados, ya sea porque los resultados en el corto y largo plazo resultan infructuosos, porque hay arreglos entre las fuerzas de seguridad y aquellos que cometen los delitos, o bien porque en muchos casos el denunciante queda expuesto socialmente a través de "filtraciones", tal como sucedió con el femicidio de Nancy Videla entre los casos que conocimos recientemente.

Nos encontramos ante una deformación persistente, burda y dispar en materia de seguridad pública, una constante que refleja el deterioro y pérdida de capacidad de respuesta. Pareciera ser que la única propuesta vinculada a los reclamos incluye sólo poner más policías en la calle, como si ésa respuesta fuera la única posibilidad válida para mejorar los números actuales.

Otros rubros estrechamente ligados a la seguridad también son víctimas del manoseo y el desbarajuste que alienta este reclamo constante por parte de los ciudadanos y, para colmo de males, las respuestas políticas se transforman en una caja para financiar una corrupción estructural.

Diciembre se nos presenta, desde hace 20 años, y más también, como una fecha crítica, donde la acumulación de las demandas y reclamos constantes llegan a un punto culmine que puede terminar en catástrofe. Es la fecha donde los balances deben dar cuenta del desempeño y la tolerancia ya no tiene más cabida. Las chispas se multiplican en el territorio, en un escenario donde falta mucha técnica en materia de seguridad e inteligencia. En este contexto preocupante, los políticos hacen proselitismo.

Sin embargo, aún estamos a tiempo de corregir errores que pueden subsanar la posibilidad de un sisma, sin costo alguno, sólo con profesionalismo y trabajo coordinado. No debemos ser ingenuos y mirar al costado, al Estado le falta ejercicio profesional para ponerse a trabajar de manera más estudiosa sobre la problemática social, porque ahí es donde se pueden desactivar los conflictos y las crisis.

Tenemos una oportunidad, estas fallas permiten visibilizar distintas variables y asuntos a encarar. Lo esencial es abocarse a una buena administración de los recursos humanos y materiales, despojándonos de preconceptos ideológicos o fundamentos con perspectiva de las ciencias sociales, algo que transforma la cuestión en un debate sin rumbo. La delicada y sensible obligación del Estado incluye transformar eficazmente la demanda de seguridad en una realidad. 

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