Hace casi una década que el progresismo latinoamericano sostiene la narrativa del "Lawfare" como mecanismo de victimización ante el "poder real". Una tesis que plantea que existe una coordinación entre actores y locales e internacionales para perseguir a líderes populares a través del Poder Judicial para frenar procesos de transformación vinculados a la ola de gobiernos progresistas de principios de los 2000. 

Suele repetirse que aquello que se hacía en el siglo XX con golpes militares, ahora se opera con medios de comunicación y sentencias judiciales. 

El caso emblemático fue la detención de Lula en 2018 en Brasil en el marco de la Operación Lava Jato comandada por Sergio Moro y terminó con la inhabilitación para ser candidato en las elecciones de ese año y la posterior prisión que lo tuvo en la cárcel de Curitiba 580 días. Sin embargo, Lula se apega poco y nada al concepto, algo que si exprimen Rafael Correa, Cristina Kirchner o Evo Morales de forma constante.

Intervención en Paraguay, un mensaje a la región

Correa es destinatario de varias causas, algunas de ellas insólitas como la que lo acusa de mandar a secuestrar a un diputado opositor y otras más verosímiles como  la que investiga la compra barriles de petróleo a Petrochina a un precio muy por debajo de su valor real que fueron endosados a través de bancos europeos. También existe la mediáticamente conocida como "Sobornos 2012-2016", que parece una copia de la causas de los cuadernos de Oscar Centeno en Argentina, que en la versión ecuatoriana tiene como base probatoria la libreta de una ex secretaria que "decidió" anotar supuestas coimas en 2018, varios años después de terminado el gobierno. Esta causa le valió a Correa una sentencia que lo inhabilita a ocupar cargos públicos por 25 años.

El caso emblemático de lawfare fue la detención de Lula en 2018 en Brasil en el marco de la Operación Lava Jato comandada por Sergio Moro y terminó con la inhabilitación para ser candidato en las elecciones de ese año y la posterior prisión que lo tuvo en la cárcel de Curitiba 580 días. Sin embargo, Lula se apega poco y nada al concepto, algo que si exprimen Rafael Correa, Cristina Kirchner o Evo Morales de forma constante.

 El líder de la izquierda ecuatoriana está condenado y no puede ser candidato por una reforma constitucional implementada por Lenin Moreno en febrero de 2018 que prohíbe que quien haya ejercido dos mandatos consecutivos, vuelva a presentarse. En Argentina, la causa que alimenta la idea de la proscripción no es dólar futuro o el memorando con Irán, las más flojas de todas las que fue acusada Cristina, sino Vialidad que, junto a Hotesur-Los Sauces, son las más serias y de las que tiene más dificultades para ejercer su defensa. 

Cristina y Correa, en un evento contra el Lawfare en Buenos Aires.

Aquí se combinan dos cosas. Una realidad de corrupción en Brasil, Ecuador y Argentina existente antes de la llegada de estos gobiernos y una ofensiva clara de jueces y fiscales como Sergio Moro, Diana Salazar en Ecuador o Claudio Bonadío y Diego Luciani motorizada por ambiciones personales, egos desmedidos y vínculos con los partidos opositores. 

Sin embargo, en la teoria del Lawfare no todas las injusticias, intervenciones y abusos de poder parecen estar dentro de la agenda de prioridades. Hace un año, la embajada de Estados Unidos en Paraguay lanzó durísimas acusaciones contra el ex presidente Horacio Cartes y el vicepresidente Hugo Velazquez, a punto tal que este último fue corrido de la carrera presidencial. 

En la teoria del Lawfare no todas las injusticias, intervenciones y abusos de poder parecen estar dentro de la agenda de prioridades. Hace un año, la embajada de Estados Unidos en Paraguay lanzó durísimas acusaciones contra el ex presidente Horacio Cartes y el vicepresidente Hugo Velazquez, a punto tal que este último fue corrido de la carrera presidencial.

En un método insólito, Estados Unidos inició un proceso judicial sin tener procesos abiertos en el país y presiona para que lograr la extradición. En este caso, tampoco hay pruebas que confirmen Ningún líder del Grupo de Puebla se expresó al respecto e incluso, el Frente Guasú de Fernando Lugo se encontró en una posición incómoda a la hora de pronunciarse sobre algo que afectaba a su adversario principal pero era una clara intromisión. 

Otra muestra de hipocresía aparece con la actual crisis en Ecuador. Guillermo Lasso tiene mandato hasta 2025 pero la oposición lanzó un juicio político basado en varias causas que, si fuera desde el prisma de la izquierda, no tendría pruebas suficientes para ser llevado a cabo. 

Ante la inminente salida, Lasso se aferra a la figura constitucional de la muerte cruzada para cerrar el Congreso y adelantar elecciones. Si bien el correísmo y sus aliados han impulsado esto mismo para sacar al Presidente y convocar a elecciones en otros momentos la gestión del banquero, ahora habla de autogolpe e ilegalidad a pesar de contar con el aval de la Corte Constitucional, la misma que autorizó el proceso de juicio político. En definitiva, si la muerte cruzada es una facultad que puede ser aplicada por el Congreso, también lo es para un Presidente que no tuvo ni la posibilidad de aprobar reformas que consideró validas para su gestión.

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Otro caso del que se habla poco es de la causas judiciales contra los opositores en Bolivia. La denominada "Golpe de Estado 1 y 2" que llevó a la cárcel a Jeanine Añez y Luis Fernando Camacho, detenido además por "instigación al terrorismo" y cuyos fueros al ser gobernador no fueron respetados. Esto no quiere decir que ambos dirigentes no tengan que dar respuesta de su rol en el brutal golpe de Estado contra Evo Morales en 2019 pero en el mismo gobierno se sienten incomodos ante la violación de garantías constitucionales que también inclina la balanza en favor del oficialismo para las elecciones de 2025. 

"Añez y Camacho son golpistas, pero yo quiero ganarles en las urnas y pretendo que sus procesos judiciales estén ajustados a derecho", reconoce alguien muy cercano al presidente Luis Arce. 

Horacio Cartes, ex presidente de Paraguay.

La misma izquierda que ve irregularidades en la muerte cruzada ecuatoriana es la que salió en defensa de Pedro Castillo que, sin tener todos los argumentos que le permiten hacerlo por Constitucion, cerró el Congreso ante un inminente juicio político. Tampoco hubo expresiones de solidaridad cuando el Congreso destituyó a Martín Vizcarra o forzó la renuncia de Pedro Pablo Kuzcysnki, ambos elegidos por el voto popular. Perú ya se convirtió en un meme, pero ninguno de los que vocifera contra la politización de la justicia decidió tomar posición cuando la causa Odebretch que sacudió al Partido de los Trabajadores en Brasil, se llevó puesto a cuatro presidentes, uno de ellos terminó suicidándose antes de ser detenido. 

Estados Unidos suele estar en el blanco de las críticas de los progresismos que gobernaron la década pasada. Está claro que existen antecedentes históricos para desconfiar pero lo que se omite es que el gobierno de Biden cambió la lógica de Trump o incluso de Obama en lo que respecta a intervenciones en la región. Ellos jugaron roles claves en la crisis en Venezuela, el golpe contra Evo o el suministro de información para el Lava Jato de Moro a través del Departamento de Justicia y el FBI.

Sin embargo, con la extraña excepción de Paraguay a la que el Grupo de Puebla no le dedicó ni un comunicado, Estados Unidos fue un soporte inesperado para los nuevos progresismos. Reconoció rápidamente a Lula y condenó el golpe de Estado, tiene una excelente relación con el Frente de Todos, Cristina Kirchner incluida, y defiende los gobiernos de Boric en Chile y Petro en Colombia. 

Una fuente que conoce de cerca la diplomacia estadounidense asegura a LPO que Washington mira dos cosas: la estabilidad política y el avance de la ultraderecha

¿Cuál es la razón del giro? Una fuente que conoce de cerca la diplomacia estadounidense asegura a LPO que Washington mira dos cosas: la estabilidad política y el avance de la ultraderecha. Los estallidos sociales de 2019 en Chile y Ecuador y en 2021en Colombia son fotos que Estados Unidos no quiere que se repitan, especialmente ante el riesgo de los extremismos que ganan terreno en medio de la incertidumbre, el cansancio y el caos. "Los Demócratas no quieren a Milei, Bolsonaro o Kast. Harán todo lo que puedan para evitarlo", apunta. 

Entonces, la narrativa estudiantil antinorteamericana que suele escucharse a menudo por estos lares queda desactivada en un contexto en el que el nacionalismo soberanista se ve reflejado en Bolsonaro, Kast o Paraguayo Cubas. ¿Alguien se anima a denunciar que Estados Unidos articula con la Corte Suprema de Brasil la inhabilitación de Bolsonaro para las próximas elecciones? Las carpetas de denuncias contra el ex presidente siguen creciendo y al gobierno de Lula no le tiembla el pulso que eso avance. 

Esto no significa que los reclamos de Correa o Cristina no tengan asidero en un escenario de confrontación y polarización, lo que parece débil es la mirada lineal que sugiere que todo viene orquestado desde el mismo lugar bajo las mismas intenciones. Hay algo de la línea discursiva que se está cayendo, porque el fondo de lo que denuncia Correa y Cristina se asemeja a lo que Trump y Bolsonaro dicen que hacen con ellos mismos para que no ganen las elecciones. 

Si todo es Lawfare, nada es Lawfare, y si el fondo está en defender la voluntad popular y la democracia, el desafío es cuidar el sistema de representación en su totalidad, algo que no parece estar entre los objetivos de los que dicen estar perseguidos. La politización de la justicia es un problema que no necesariamente se reduce a las izquierdas.