No es el primer país en implementarlo pero si el más poderoso. La elección de integrantes del poder judicial por voto popular es un tema que genera acalorados debates. 

En el progresismo latinoamericano considera que la audacia mexicana es el ejemplo a seguir para enfrentar a un poder que nadie se anima a tocar. La idea de Lawfare engloba buena parte de los intereses de la izquierda que entiende que este poder se dedica a perseguir a los líderes que representan las causas populares. 

Por eso, Cristina Kirchner y Rafael Correa son los que más defienden este tipo de iniciativas y fueron quienes pusieron la piedra fundacional del concepto del Lawfare en la agenda regional. A Cristina le viene como anillo al dedo ante la inminente confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema en una la conocida como "Causa vialidad" y el líder ecuatoriano como parte de las razones que lo tienen el exilio.

En ese sentido, un ejemplo de la expectativa que se generó es lo que dijo a LPO en exclusivo el referente del Grupo de Puebla Marco Enriquez Ominami que sostuvo que "la elección de jueces convierte a Morena en un referente regional".

No hay dudas que en los dos casos hay investigaciones direccionadas para perjudicarlos e intereses políticos detrás de los fallos. De hecho, la Fiscal anticorreista Diana Salazar fue nombrada por el gobierno de Daniel Novoa como embajadora en Argentina, un caso muy similar al del juez Sergo Moro que luego de meter preso a Lula fue premiado por Jair Bolsonaro como ministro de Justicia. 

Una relación desigual

El progresismo se cierra en la idea de que todos los males vienen del Poder Judicial y los medios de comunicación, en árbol que tapa el bosque de sus propios errores. Pero volvamos al tema judicial. Es incuestionable que más allá de lo que discuta la política, la percepción de la ciudadanía es la justicia funciona mal, es lenta y no suele implementar las penas correctas.

Cristina Kirchner y Rafael Correa.

 Algo hay que cambiar. Pero, ¿es la elección popular la solución? ¿Cuál es el criterio de un ciudadano a la hora de elegir un juez para la Corte o un Tribunal? ¿Es el mismo criterio con que votaron Javier Milei o Jair Bolsonaro? ¿Qué tanto importa la capacidad técnica o el recorrido académico? ¿Como actúa un magistrado para conseguir votos? ¿Qué tan objetivo es aquel que llega a un cargo judicial por un partido político?  

Algo hay que cambiar. Pero, ¿es la elección popular la solución? ¿Cuál es el criterio de un ciudadano a la hora de elegir un juez para la Corte o un Tribunal? ¿Es el mismo criterio con que votaron Javier Milei o Jair Bolsonaro? ¿Qué tanto importa la capacidad técnica o el recorrido académico? ¿Como actúa un magistrado para conseguir votos? ¿Qué tan objetivo es aquel que llega a un cargo judicial por un partido político?

Todas estas preguntas son algunas de los disparadores de esta propuesta innovadora. El que tomo distancia de esta medida fue Lula, víctima principal del supuesto Lawfer pero que hoy es aliado de la misma Corte Suprema que permitió su detención. Es que tal vez se reduzca a eso. Política y poder.

El progresismo debería saber que la agenda judicial ahora también la toma la extrema derecha que lo incorpora como eje de sus congresos y ven en Trump y Bolsonaro víctimas de una persecución o que Evo Morales denuncia intervención del gobierno de Arce para alimentar las causas en su contra, siendo Bolivia otro país que vota magistrados. 

Porque la política es dinámica, las hegemonías cambian y el riesgo de la concentración de poder y el autoritarismo está a la vuelta de la esquina. Por eso, en este caso, el remedio puede ser peor que la enfermedad.