Congreso

Carrió comió con Macri e insiste en desarmar la AFI

Presentó un proyecto para eliminar la ex side. Ya se había mostrado en contra de los nuevos directores.

 La diputada nacional Elisa Carrió estuvo ayer con el presidente y hoy presentó un proyecto para derogar la ley que creó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y propone crear, en su lugar, una Agencia Federal contra el Crimen Organizado. La diputada presentó otros dos proyectos, donde busca federalizar los delitos de narcomenudeo y de tortura.

Carrió presentó los proyectos luego de reunirse con Mauricio Macri, a quien visitó ayer en la quinta Los Abrojos. Debatieron sobre Gómez Centurión, respaldado por Carrió, el tarifazo y el paquete de leyes que tenía preparado la diputada.

Como adelantó LPO, la primera iniciativa busca disolver la AFI, creada a partir de una ley que sancionó el kirchnerismo en marzo de 2015. Para Carrió, debido a esta norma se producen “las más graves violaciones a los derechos y garantías de los ciudadanos garantizadas en la Constitución Nacional, facilitando el desarrollo del crimen”.

Desde la designación de Gustavo Arribas y a Silvia Majdalani, que provocó una pelea entre Marcos Peña y Carrió, era cuestión de esperar para que Lilita quiera disolver la ex side.

El proyecto insta a crear el Sistema de Inteligencia Nacional, pero por otro lado el Sistema Nacional de Investigación, y así poder separar inteligencia de investigación.

El Sistema Nacional de Investigación tendría como objetivo luchar contra los delitos federales de terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, tortura, y otros crímenes federales; dentro de este sistema se crearía la Agencia Nacional de Investigación del Crimen que actuaría después de haberse cometido el delito. En cambio el Sistema de Inteligencia estaría para prevenirlos.

Los otros proyectos que presentó la líder de la Coalición Cívica buscan la federalización del narcomenudeo, que fue desfederalizado, y la tortura, argumentando que se trata de una conducta que viola los Derechos Humanos y le corresponde juzgarlo al Estado por ser el garante de los DDHH de sus habitantes.