UN MUNDO QUE SE DERRUMBA
Jorge Raventos entrega datos de cómo influye en la crisis la presión europea que sufre Skanska.
Un nuevo análisis de Jorge Raventos, que publica en su edición dominical La Capital de Mar del Plata.
Por Jorge Raventos
Cuando se conoció la disputa de jurisdicción sobre el llamado caso Skanska entre el primer magistrado interviniente, Javier López Biscayart, del área penal tributaria y el juez federal Guillermo Montenegro, muchos suspicaces consideraron que el oficialismo había iniciado las operaciones para amputarle a la causa cualquier elemento de riesgo para el gobierno nacional y sus funcionarios.
Para fundamentar sus sospechas no señalaban sólo la circunstancia de que Montenegro hubiera ascendido a su actual posición durante el gobierno de Kirchner, subrayaban también que una de sus primeras decisiones había representado una inequívoca ayuda al Presidente.
Los hombres sabios que frecuentan el Palacio de Tribunales aluden a la decisión de Montenegro del 23 de diciembre de 2004, cuando se declaró incompetente en la causa 6662/04, donde se denunciaba malversación de caudales públicos en la administración de la provincia de Santa Cruz durante la gobernación del doctor Kirchner.
La causa estaba referida a los alrededor de 500 millones de dólares recibidos por Santa Cruz durante los años 90 del gobierno nacional en concepto de regalías petroleras adeudadas, así como de los alrededor de 300 millones producto de la venta de acciones de la YPF privatizada, propiedad de la provincia.
El recorrido y destino final de aquellos fondos sigue siendo un misterio y, con su declaración de incompetencia, Montenegro contribuyó a ahondarlo, pues el asunto recaló en el despacho de un juez santacruceño, entonces vinculado con una sobrina del Presidente, y ese magistrado lo cerró sin demasiado trámite y lo enterró en el archivo.
Que la Cámara en lo Penal Económico haya decidido mantener a López Bizcayart en el caso no es una objeción que convenza a los incrédulos. "Es cierto –admiten-, lo dejan. Pero sólo para que investigue desde la perspectiva de la defraudación tributaria, es decir: sólo a los privados. Lo sacan del tema de las coimas, es decir, de lo que involucre al gobierno y sus funcionarios. Eso se lo dejan a Montenegro.
El único argumento que podía contener un tanto las sospechas era éste: sin descartar las reticencias frente a Montenegro, hay que tomar en cuenta que al llevar el tema de las coimas a la justicia federal van a tener que soportar en la fiscalía a un investigador minucioso y seguidor como Carlos Stornelli, que es como un bulldog, cuando muerde, no suelta. Stornelli ya había pedido medidas judiciales para recuperar prueba en las oficinas de la empresa sueca (las grabaciones en que se sostenía una auditoria interna) y había apuntado contra tres funcionarios del gobierno, uno de ellos con rango de secretario de Estado.
El formalmente bochornoso decreto presidencial que el jefe de gabinete, Alberto Fernández, dio a conocer el jueves 17 de mayo, vino a exterminar esa última reserva frente al escepticismo. Porque resulta evidente que, más allá de despedir a dos altos funcionarios (uno, del gobierno; el otro, de una empresa autónoma, razón por la cual el decreto es improcedente para echarlo), la norma que leyó Alberto Fernández tenía como finalidad principal "llevarse puesto" al fiscal de la causa de las coimas y los sobreprecios en la obra pública. Sólo entendiendo que ésa era el objetivo número uno puede entenderse ese cachivache jurídico que incluye, entre notables fallas ortográficas, chismes y narración de peripecias: está redactado para ofrecerle sustento a cualquiera que reclame que Stornelli sea apartado de su función como fiscal de la causa: Stornelli aparece adelantando a un alto colaborador del Poder Ejecutivo medidas que se dispone a tomar un juez; agrega a eso su confesión de que se dispone a colaborar políticamente con el candidato oficialista bonaerense. ¿Por qué bocinear esos favores, esa predisposición amable? Para fulminarlo como fiscal del caso Skanska.
Que ese disparate alcance la jerarquía de un decreto que lleva la firma de un Presidente de la República procura darle la mayor verosimilitud a las objeciones contra el fiscal. Que la pieza implique una mancha en la trayectoria jurídica del secretario Legal y Técnico o en la del jefe de Gabinete es un detalle irrelevante o, si se quiere, un doble sacrificio en nombre de una urgencia mayor.
París bien vale una misa. Stornelli ya había solicitado y obtenido la imputación de dos funcionarios y había accedido a la reveladora grabación oculta de interrogatorios internos producidos por el auditor de la empresa sueca, en los que se menciona a "pingüinos que están a 200 metros" (de la sede de Skanska, en Diagonal Roca al 500).
Un problema quizás escasamente calculado reside en que el histórico decreto ya ha llevado a algún legislador y a un constitucionalista prestigioso como Daniel Sabsay a plantear que puede caberle juicio político al Presidente.
El recalentamiento del caso Skanska, sazonado con un alzamiento de la opinión pública en la provincia presidencial y en el incendio de una gran estación ferroviaria porteña imponían una presión formidable a la Casa Rosada, los nervios inducían la precipitación y el error.
Hasta hace dos semanas, el gobierno prefería no hablar del caso Skanska, aunque la investigación judicial y sus resonancias periodísticas eran ya inocultables. Súbitamente el Presidente optó por hablar del tema en público. ¿Recibió algún soplo, como el que ahora le atribuyen a Stornelli, que le adelantaba que las papas iban a quemar? Lo cierto es que, desde el famoso atril presidencial, el doctor Kirchner enarboló ambas palmas hacia las cámaras de Canal 7, y, hablando de ese caso que había comenzado como un asunto de facturas falsas, aseguró que se trataba de " corrupción entre privados". Enseguida, el jefe de gabinete ofreció una secuela de esa conjetura en el ámbito del Congreso, incorporó algunos datos del reparto que fueron oficializados en una solicitada oficial firmada por el Entre Regulador del Gas. Allí se apuntaba con el dedo a la empresa Techint.
Debe admitirse que, al caracterizar el tema como "corrupción entre privados", los altos funcionarios nacionales dijeron al menos el cincuenta por ciento de la verdad. Ahora se está discutiendo el otro cincuenta por ciento. El decreto presidencial, al entregar a dos funcionarios, admite que el tema toca el seno del Estado.
Hasta ahora, el oficialismo había logrado gambetear con habilidad y buena fortuna situaciones objetivamente escandalosas: las dudosas rutas de la cocaína que recorría una empresa aérea sostenida por subsidios estatales (Southern Winds), el enigma de los fondos de Santa Cruz, los misterios de los fideicomisos y los monumentales subsidios, el manejo discrecional de fondos que permiten los llamados superpoderes. En suma: todos esos epifenómenos de lo que Jorge Asís bautizó como la marroquinería política.
Pero la emergencia pública del caso Skanska ocurre en una circunstancia diferente, cuando en el gobierno se empieza observar cierta fatiga de los materiales y en la sociedad empieza a desplegarse una sensación de hastío ante un estilo de conducción que la opinión pública había preferido no examinar demasiado, pero que empezó a analizar después de los comicios misioneros, de la negación inflacionaria vía intervención del INDEC, de la negación de la inseguridad vía los encargados del tema de la Nación y la provincia de Buenos Aires. Y, sobre todo, después de la larga crisis de Santa Cruz que permitió examinar con lupa las consecuencias de una década de ese estilo de manejo del gobierno.
Con Skanska, para perplejidad del gobierno, se observa el simultáneo cambio de actitud en sectores de la Justicia, de los medios y de la opinión pública. Quizás haya que mencionar también a sectores del empresariado.
De hecho, la cultura empresarial que Skanska, por su inserción en la globalizada Unión Europea, debe ostentar, agrega elementos menos controlables a la situación.
Por cierto, no se trata de imaginar que la redacción de un exigente código de ética convierta a Skanska (o, en general, a las empresas suecas) en personajes impolutos que atraviesan con ingenuidad e inocencia los océanos de la corrupción. De hecho Skanska ha atravesado otras situaciones similares y podrían abrirse aún otras en América Latina. Las grabaciones encontradas por la investigación que suscitó Stornelli permite atisbarlo y es posible que la empresa deba reaccionar rápidamente. Que Skanska tenga el mismo abogado que dos de sus jefes máximos recientes (Gustavo Vago y Mario Piantoni) es uno de los escenarios de la posible reacción.
Pero lo cierto es que la empresa sueca deberá en poco tiempo someterse en Estocolmo al interrogatorio de Christer van der Kwast, el jefe de la oficina anti-corrupción del país nórdico. El gobierno sueco debe, a su vez, dar explicaciones a la Comisión Anticorrupción de la OECD (Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo), el club de países desarrollados al que pertenece. Suecia suscribió la Antibribery Convention y la convirtió en ley interna. Argentina también suscribió esa convención a fines de los años 90.
Como el caso de Skanska no es el único que afecta a Suecia (hay denuncias contra Saab por haber pagado altas coimas en Austria y la República Checa) es muy probable que la presión sobre las empresas se intensifique. Y que, por la múltiple acción de mecanismos internos y externos, la Justicia y la opinión pública argentinas lleguen a enterarse en un tiempo prudencial de la ruta de las coimas y su destino final.
La semana que concluye fue una de gran dramatismo para el doctor Kirchner. La política de crispación y los escraches, que nunca fueron decididamente enfrentados desde el gobierno, se volvieron esta semana como un bumerán contra el oficialismo. La ministra Alicia Kirchner sufrió las consecuencias en Santa Cruz, donde evidentemente ya no se respira la atmósfera a la que ella y quizás su hermano estaban acostumbrados.
Los fantasmas que agita esa nueva atmósfera, evidentemente no registrados por las abundantes encuestas que el gobierno encarga y consume, impulsaron esta semana al Presidente a declarar que él no se irá en un helicóptero. ¿Por qué esa frase, cuando todos los ciudadanos saben que su período presidencial concluye en pocos meses?
La irritación pública, que no parece encontrar canales de expresión institucionales en los que confiar, estalla a veces de manera desbordada y destructiva. Construir esos canales ausentes, transparentar los conflictos con modos civilizados, resolver los casos de corrupción y mal gobierno con rectitud y sin interferencias anómalas deberían ser metas de una prioritaria tarea colectiva. A menudo, como decía Irigoyen, un taller de forja es como un mundo que se derrumba.
Por Jorge Raventos
Cuando se conoció la disputa de jurisdicción sobre el llamado caso Skanska entre el primer magistrado interviniente, Javier López Biscayart, del área penal tributaria y el juez federal Guillermo Montenegro, muchos suspicaces consideraron que el oficialismo había iniciado las operaciones para amputarle a la causa cualquier elemento de riesgo para el gobierno nacional y sus funcionarios.
Para fundamentar sus sospechas no señalaban sólo la circunstancia de que Montenegro hubiera ascendido a su actual posición durante el gobierno de Kirchner, subrayaban también que una de sus primeras decisiones había representado una inequívoca ayuda al Presidente.
Los hombres sabios que frecuentan el Palacio de Tribunales aluden a la decisión de Montenegro del 23 de diciembre de 2004, cuando se declaró incompetente en la causa 6662/04, donde se denunciaba malversación de caudales públicos en la administración de la provincia de Santa Cruz durante la gobernación del doctor Kirchner.
La causa estaba referida a los alrededor de 500 millones de dólares recibidos por Santa Cruz durante los años 90 del gobierno nacional en concepto de regalías petroleras adeudadas, así como de los alrededor de 300 millones producto de la venta de acciones de la YPF privatizada, propiedad de la provincia.
El recorrido y destino final de aquellos fondos sigue siendo un misterio y, con su declaración de incompetencia, Montenegro contribuyó a ahondarlo, pues el asunto recaló en el despacho de un juez santacruceño, entonces vinculado con una sobrina del Presidente, y ese magistrado lo cerró sin demasiado trámite y lo enterró en el archivo.
Que la Cámara en lo Penal Económico haya decidido mantener a López Bizcayart en el caso no es una objeción que convenza a los incrédulos. "Es cierto –admiten-, lo dejan. Pero sólo para que investigue desde la perspectiva de la defraudación tributaria, es decir: sólo a los privados. Lo sacan del tema de las coimas, es decir, de lo que involucre al gobierno y sus funcionarios. Eso se lo dejan a Montenegro.
El único argumento que podía contener un tanto las sospechas era éste: sin descartar las reticencias frente a Montenegro, hay que tomar en cuenta que al llevar el tema de las coimas a la justicia federal van a tener que soportar en la fiscalía a un investigador minucioso y seguidor como Carlos Stornelli, que es como un bulldog, cuando muerde, no suelta. Stornelli ya había pedido medidas judiciales para recuperar prueba en las oficinas de la empresa sueca (las grabaciones en que se sostenía una auditoria interna) y había apuntado contra tres funcionarios del gobierno, uno de ellos con rango de secretario de Estado.
El formalmente bochornoso decreto presidencial que el jefe de gabinete, Alberto Fernández, dio a conocer el jueves 17 de mayo, vino a exterminar esa última reserva frente al escepticismo. Porque resulta evidente que, más allá de despedir a dos altos funcionarios (uno, del gobierno; el otro, de una empresa autónoma, razón por la cual el decreto es improcedente para echarlo), la norma que leyó Alberto Fernández tenía como finalidad principal "llevarse puesto" al fiscal de la causa de las coimas y los sobreprecios en la obra pública. Sólo entendiendo que ésa era el objetivo número uno puede entenderse ese cachivache jurídico que incluye, entre notables fallas ortográficas, chismes y narración de peripecias: está redactado para ofrecerle sustento a cualquiera que reclame que Stornelli sea apartado de su función como fiscal de la causa: Stornelli aparece adelantando a un alto colaborador del Poder Ejecutivo medidas que se dispone a tomar un juez; agrega a eso su confesión de que se dispone a colaborar políticamente con el candidato oficialista bonaerense. ¿Por qué bocinear esos favores, esa predisposición amable? Para fulminarlo como fiscal del caso Skanska.
Que ese disparate alcance la jerarquía de un decreto que lleva la firma de un Presidente de la República procura darle la mayor verosimilitud a las objeciones contra el fiscal. Que la pieza implique una mancha en la trayectoria jurídica del secretario Legal y Técnico o en la del jefe de Gabinete es un detalle irrelevante o, si se quiere, un doble sacrificio en nombre de una urgencia mayor.
París bien vale una misa. Stornelli ya había solicitado y obtenido la imputación de dos funcionarios y había accedido a la reveladora grabación oculta de interrogatorios internos producidos por el auditor de la empresa sueca, en los que se menciona a "pingüinos que están a 200 metros" (de la sede de Skanska, en Diagonal Roca al 500).
Un problema quizás escasamente calculado reside en que el histórico decreto ya ha llevado a algún legislador y a un constitucionalista prestigioso como Daniel Sabsay a plantear que puede caberle juicio político al Presidente.
El recalentamiento del caso Skanska, sazonado con un alzamiento de la opinión pública en la provincia presidencial y en el incendio de una gran estación ferroviaria porteña imponían una presión formidable a la Casa Rosada, los nervios inducían la precipitación y el error.
Hasta hace dos semanas, el gobierno prefería no hablar del caso Skanska, aunque la investigación judicial y sus resonancias periodísticas eran ya inocultables. Súbitamente el Presidente optó por hablar del tema en público. ¿Recibió algún soplo, como el que ahora le atribuyen a Stornelli, que le adelantaba que las papas iban a quemar? Lo cierto es que, desde el famoso atril presidencial, el doctor Kirchner enarboló ambas palmas hacia las cámaras de Canal 7, y, hablando de ese caso que había comenzado como un asunto de facturas falsas, aseguró que se trataba de " corrupción entre privados". Enseguida, el jefe de gabinete ofreció una secuela de esa conjetura en el ámbito del Congreso, incorporó algunos datos del reparto que fueron oficializados en una solicitada oficial firmada por el Entre Regulador del Gas. Allí se apuntaba con el dedo a la empresa Techint.
Debe admitirse que, al caracterizar el tema como "corrupción entre privados", los altos funcionarios nacionales dijeron al menos el cincuenta por ciento de la verdad. Ahora se está discutiendo el otro cincuenta por ciento. El decreto presidencial, al entregar a dos funcionarios, admite que el tema toca el seno del Estado.
Hasta ahora, el oficialismo había logrado gambetear con habilidad y buena fortuna situaciones objetivamente escandalosas: las dudosas rutas de la cocaína que recorría una empresa aérea sostenida por subsidios estatales (Southern Winds), el enigma de los fondos de Santa Cruz, los misterios de los fideicomisos y los monumentales subsidios, el manejo discrecional de fondos que permiten los llamados superpoderes. En suma: todos esos epifenómenos de lo que Jorge Asís bautizó como la marroquinería política.
Pero la emergencia pública del caso Skanska ocurre en una circunstancia diferente, cuando en el gobierno se empieza observar cierta fatiga de los materiales y en la sociedad empieza a desplegarse una sensación de hastío ante un estilo de conducción que la opinión pública había preferido no examinar demasiado, pero que empezó a analizar después de los comicios misioneros, de la negación inflacionaria vía intervención del INDEC, de la negación de la inseguridad vía los encargados del tema de la Nación y la provincia de Buenos Aires. Y, sobre todo, después de la larga crisis de Santa Cruz que permitió examinar con lupa las consecuencias de una década de ese estilo de manejo del gobierno.
Con Skanska, para perplejidad del gobierno, se observa el simultáneo cambio de actitud en sectores de la Justicia, de los medios y de la opinión pública. Quizás haya que mencionar también a sectores del empresariado.
De hecho, la cultura empresarial que Skanska, por su inserción en la globalizada Unión Europea, debe ostentar, agrega elementos menos controlables a la situación.
Por cierto, no se trata de imaginar que la redacción de un exigente código de ética convierta a Skanska (o, en general, a las empresas suecas) en personajes impolutos que atraviesan con ingenuidad e inocencia los océanos de la corrupción. De hecho Skanska ha atravesado otras situaciones similares y podrían abrirse aún otras en América Latina. Las grabaciones encontradas por la investigación que suscitó Stornelli permite atisbarlo y es posible que la empresa deba reaccionar rápidamente. Que Skanska tenga el mismo abogado que dos de sus jefes máximos recientes (Gustavo Vago y Mario Piantoni) es uno de los escenarios de la posible reacción.
Pero lo cierto es que la empresa sueca deberá en poco tiempo someterse en Estocolmo al interrogatorio de Christer van der Kwast, el jefe de la oficina anti-corrupción del país nórdico. El gobierno sueco debe, a su vez, dar explicaciones a la Comisión Anticorrupción de la OECD (Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo), el club de países desarrollados al que pertenece. Suecia suscribió la Antibribery Convention y la convirtió en ley interna. Argentina también suscribió esa convención a fines de los años 90.
Como el caso de Skanska no es el único que afecta a Suecia (hay denuncias contra Saab por haber pagado altas coimas en Austria y la República Checa) es muy probable que la presión sobre las empresas se intensifique. Y que, por la múltiple acción de mecanismos internos y externos, la Justicia y la opinión pública argentinas lleguen a enterarse en un tiempo prudencial de la ruta de las coimas y su destino final.
La semana que concluye fue una de gran dramatismo para el doctor Kirchner. La política de crispación y los escraches, que nunca fueron decididamente enfrentados desde el gobierno, se volvieron esta semana como un bumerán contra el oficialismo. La ministra Alicia Kirchner sufrió las consecuencias en Santa Cruz, donde evidentemente ya no se respira la atmósfera a la que ella y quizás su hermano estaban acostumbrados.
Los fantasmas que agita esa nueva atmósfera, evidentemente no registrados por las abundantes encuestas que el gobierno encarga y consume, impulsaron esta semana al Presidente a declarar que él no se irá en un helicóptero. ¿Por qué esa frase, cuando todos los ciudadanos saben que su período presidencial concluye en pocos meses?
La irritación pública, que no parece encontrar canales de expresión institucionales en los que confiar, estalla a veces de manera desbordada y destructiva. Construir esos canales ausentes, transparentar los conflictos con modos civilizados, resolver los casos de corrupción y mal gobierno con rectitud y sin interferencias anómalas deberían ser metas de una prioritaria tarea colectiva. A menudo, como decía Irigoyen, un taller de forja es como un mundo que se derrumba.